Recientemente se aprobó en el parlamento, la “Ley de Seguridad Soberana”. Mensaje claro, directo, que el régimen no escatima mecanismos y medios, para su continuismo en el Poder. El propósito de la ley no es solo intimidatorio, sino que es parte de los preparativos en contra del descontento que pueda surgir después de los “resultados” de la contienda electoral del 2016. Es parte del arsenal represivo con que cuenta el actual régimen para garantizar su perpetuidad. Es un intento por darle legitimidad a la persecución y represión contra el pueblo.
Dicha ley:
Pone el poder militar sobre el poder civil
Asigna un papel preponderante a la inteligencia militar en contra de la oposición política, y convierte a Nicaragua de un Estado Policiaco a un Estado Militar.
Define la seguridad soberana como los intereses del actual gobernante, su modelo de gobierno. La exposición de motivos en su onceavo párrafo, dice “que la seguridad soberana se garantiza por el vínculo estrecho entre la familia , empresarios, trabajadores y productores nicaragüenses, con el gobierno –Ejército y Policía Nacional” cuando la realidad indica que el actual gobierno ha fragmentado a la familia nicaragüense y en vez de alianza, mantiene una brutal represión contra los trabajadores (mina El Limón, mineros de santo domingo, población del triángulo minero, del empalme San Benito, etc.), y asfixia a los productores y empresarios que no comulgan con su línea partidaria.
En su arto. 1 dicha ley taxativamente define su objeto, como la búsqueda de la unidad, y pasa a definir ámbito, competencia, estructura e instancias para defender lo que el gobierno entiende por seguridad soberana (su modelo de gobierno). Pero la unidad de una nación no se forja con persecuciones políticas, sino con diálogo, respeto y tolerancia.
En su arto. 3, la polémica Ley habla de su finalidad: contrarrestar los factores adversos a la seguridad soberana, para la defensa del patrimonio, planes de inversión y la estabilidad social política y económica nacional. Por tanto reduce la Soberanía a planes de inversión, proyectos financieros, alusivos claramente al proyecto del Canal Interoceánico, proyecto que está decidido imponer a cualquier costo.
Lo más relevante de este adefesio jurídico es que la ley de seguridad soberana, se diseñó para aplicársela al propio soberano, o sea al pueblo nicaragüense.
Es un arma más del régimen dictatorial para aplacar las protestas sociales, las inconformidades de las minorías, las luchas sindicales, el grito nacional contra la construcción del Canal Interoceánico, la organización y movilización de los partidos y grupos políticos, la labor orientadora y constructiva de las ONG, en fin es una arma de represión contra toda la sociedad civil que no dobla la cerviz ante el dictador.
¡El pueblo es el depositario de la Soberanía! La Soberanía no se puede invocar contra el propio soberano. El pueblo de Nicaragua es el dueño legítimo del poder, y tiene derecho a reclamar, a protestar, y aun a recurrir al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. (Segundo considerando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos)
El régimen del señor Ortega, en vez de estar aprobando leyes injustas, antidemocráticas y represivas, debería fomentar el diálogo y la unidad de todos los nicaragüenses y ser un Estado eficiente en la defensa de la integridad territorial. Martin Fierro dijo: “cuando los de adentro se pelean los de afuera se los comen”.
El autor es Presidente de la Asociación Democrática de Abogados de Nicaragua (ADANIC)