La oposición venezolana tomará este martes 5 de enero el control del parlamento bajo fuerte confrontación con el chavismo (oficialismo) que, por primera vez en minoría en 17 años de gobierno, promete bloquear todas sus iniciativas, presagiando un duro choque de poderes y la profundización de la crisis.
La instalación de la Asamblea Nacional, electa en los históricos comicios parlamentarios del 6 de diciembre, se efectuará en un ambiente de incertidumbre, agitado por la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Esta instancia, electa a voluntad y estrategia del chavismo, suspendió a tres diputados opositores y un indígena, que ganaron en el estado Amazonas (sur).
La polémica sentencia, parte de un fallo en el que el TSJ admitió para estudio siete recursos de impugnación contra nueve diputados opositores electos, amenaza a la poderosa mayoría de dos tercios (112 de 167 escaños) que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) logró en los comicios, poniendo fin a la hegemonía chavista.
Pero desafiante, Henry Ramos Allup, acérrimo antichavista elegido el domingo por la MUD para sustituir en la presidencia del legislativo al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró que los 112 diputados estarán hoy en la juramentación. “Ninguna decisión burocrática y mucho menos por un organismo absolutamente carente de legitimidad de origen puede trastornar ni puede frustrar o estafar la voluntad popular”, manifestó este abogado de 72 años, frontal y sarcástico como Cabello.
En lo que la oposición calificó como una acción “desesperada” del gobierno de Nicolás Maduro para blindarse, la mayoría oficialista saliente de la Asamblea convocó en vísperas de Navidad a sesiones extraordinarias para nombrar a 13 magistrados del máximo tribunal judicial, órgano clave, pues será el árbitro en las disputas en el parlamento.
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¿GOLPE DE ESTADO?
La oposición denunció las impugnaciones de diputados como un intento de “golpe de Estado judicial” ante Naciones Unidas, la Unión Europea, Unasur, Mercosur y la OEA, cuyo secretario general Luis Almagro pidió que “nadie distorsione” los resultados electorales “con estratagemas de dudosa juridicidad”.
Maduro, que acusa a la oposición de haber jugado “sucio” con la “compra de votos” y atribuye la derrota electoral a la “guerra económica de empresarios de derecha”, advirtió que los chavistas reaccionarán ante la “Asamblea burguesa” que pretende “privatizar todo” y “destruir” los programas sociales.
Este lunes sesionó el llamado Parlamento Comunal que impulsa Maduro como forma de hacer contrapeso a un legislativo dominado por la oposición.
“Todo indica que vamos por un camino serpenteante”, opinó Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, para quien primero el gobierno intentará “desconocer la realidad”, luego “será inevitable el conflicto” y finalmente se llegaría a la negociación, “después de haber pasado mucha roncha”.
SIGUEN SIENDO MAYORÍA
Aunque la MUD pierda provisionalmente tres diputados, aún tendría la mayoría calificada de tres quintas partes, que le permitirá impulsar una ley de amnistía para “75 presos políticos”, entre ellos el opositor radical Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión, acusado de llamar a la violencia en protestas en 2014.
Maduro anticipó que vetará la amnistía, a lo que Ramos Allup respondió que el mandatario “no es quien para aceptar o no una ley”.
“Nosotros tenemos facultades constitucionales para promulgarla en caso de que en su insensatez niegue tal promulgación”, señaló.
El veterano opositor aseguró que la MUD también impulsará reformas económicas para concretar el “cambio” prometido al electorado, y recordó que en julio pasado acordó ofrecer, en el lapso de seis meses, “una solución democrática, constitucional, pacífica y electoral para el cambio del presente gobierno”.
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Analistas como León ven desacertado poner entre las prioridades la búsqueda de la salida anticipada del presidente con alguna enmienda o referendo revocatorio, porque el voto castigo contra Maduro se originó en la crisis económica.
El país petrolero con las mayores reservas del mundo sufre el desplome de los precios del crudo —fuente del 96 por cientos de sus divisas—, un déficit fiscal del veinte por ciento del PIB, doscientos por cientos de inflación, severa escasez de alimentos y retroceso de un 6 por ciento en la actividad económica en 2015, según cálculos privados.
Entre augurios de mayor crisis, no se descartan choques en protestas callejeras.
La MUD convocó a “acompañar” a sus diputados en una marcha el martes en Caracas, mientras que los chavistas se manifestarán el mismo día bajo el lema “Los de Chávez a la calle”, con el fin de impedir la toma de posesión de la mayoría opositora.
TORPEDEO DE MADURO AL CAMBIO
Antes de que el presidente Nicolás Maduro perdiera los poderes de una ley habilitante, que hasta el 31 de diciembre de 2015 le permitió gobernar por decreto, aprobó leyes y cometió acciones para debilitar a la mayoría opositora. Primero, aprobó antes de tiempo y sin los votos suficientes, la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que debían ser votados en 2016. Luego, recurrió ante ese poder para impugnar las elecciones e inhabilitar a diputados electos.
Luego, activó una ley llamada Asamblea Comunal Nacional, que busca sustituir al poder legislativo en sus funciones y al que bautizó como “el Congreso de la Patria”. Los magistrados del tribunal saliente emitieron una sentencia de interpretación constitucional el 15 de diciembre, donde concluyen que si hoy no puede instalarse la nueva Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015, quedará en posesión la anterior electa en 2011.
Además sancionó la Ley de Consejos Presidenciales Populares, que viene a convertirse en “la rebelión constitucional del pueblo”, según palabras de Maduro, sobre quien pende la posibilidad de revocarle su mandato que concluye en 2019.
