Estado de Nicaragua es cómplice de etnocidio, dice activista de derechos indígenas

La situación de inseguridad ha provocado temor entre los comunitarios, dice la directora del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Caribe de Nicaragua.

En muchas comunidades miskitas los indígenas han recurrido a la autodefensa, pero aun así no han podido detener las invasiones de colonos. LA PRENSA/ARCHIVO

Para la directora del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), Lottie Cunningham, “el Estado de Nicaragua está siendo cómplice de implementar etnocidio”, con la situación de inseguridad al no detener las ventas ilegales de tierras de los pueblos indígenas en el Caribe Norte.

Según Cunningham, las autoridades de Gobierno tienen conocimiento de que continúan las ventas en territorios indígenas y aún teniendo evidencias en sus manos, la Policía no ha realizado ninguna investigación para esclarecer estos casos. “O sea, no hay nadie detenido, no esclarecen al público para que se detenga estas anomalías y estos delitos de usurpación de propiedad comunal que establece el Código Penal”, dijo la directora de Cejudhcan.

La explicación que encuentra la defensora de derechos humanos a la situación que ocurre en los territorios indígenas es el interés por el voto de parte de los colonos que representará para el Gobierno, en las próximas elecciones de noviembre.

“Pero no pueden estar jugando con los derechos humanos de los pueblos indígenas, porque la relación espiritual que tienen los pueblos indígenas con sus territorios es fundamental y ante la posición del Estado de imponerle personas de otras culturas dentro de su territorio, eso vendría a causarle un etnocidio; es decir, desaparecer la cultura, la sobrevivencia de los pueblos indígenas que están en las comunidades”, sostuvo Cunningham.

Es por ello que acusa al Gobierno de tener una mentalidad de “expansionismo territorial” para la ganadería y la producción y de ser cómplices de esta invasión a las tierras indígenas.

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En una reunión entre religiosos y autoridades locales, efectuada en la zona antes del 25 de diciembre recién pasado, “la Policía y el Ejército dijeron que no iban a llegar porque ese era conflicto de propiedad entre campesinos e indígenas”, explicó Lottie Cunningham. Es más, dijo Cunningham, el Estado de Nicaragua “ha ignorado completamente la implementación de las medidas cautelares” otorgadas por la CIDH a cuatro comunidades de Wangki Twi.

NADIE INVESTIGA SECUESTRO

En la comunidad La Esperanza, Río Wawa, continúa la incertidumbre y el temor, después que desde a inicios de diciembre tres de los comunitarios fueron secuestrados por un grupo de colonos que atacó el lugar.
Hasta ayer el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan) no tiene ninguna información sobre la suerte de los tres secuestrados. Y la Policía de Waspam, donde denunciaron el hecho, no lo ha investigado ni siquiera como un delito común, criticó Lottie Cunningham, directora de Cejudhcan.
Francisco Joseph, Balerio Meregildo y Ángel Flores son los nombres de los secuestrados.

Tras el ataque a La Esperanza muchos de los comunitarios tuvieron que buscar refugio en la comunidades de Francia Sirpi, Santa Clara, “porque hay un alto índice de temor e inseguridad sobre su situación”, refirió Cunningham.

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