Fuerte reclamo a jefa de la Policía Nacional

“Me han cerrado las puertas, me han visto como payasa y no soy payasa de ustedes”, gritó Yelka Ramírez, sobreviviente de masacre en Las Jagüitas, frente a la sede central de la Policía

20/01/2016

Yelka Ramírez y su familia se plantaron frente a Plaza El Sol para hacer sus reclamos ante la Policía Nacional por la masacre de Las Jagüitas. LA PRENSA/J. TORRES

Yelka Ramírez, sobreviviente de la masacre policial de Las Jagüitas, en Managua, no pudo encarar a la jefa de facto de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, sobre las promesas incumplidas. Aunque reclamó ser atendida por ella, esta no salió, ni la recibió en la sede central ubicada en Plaza El Sol.

Ramírez no solo rehusó dejar algún documento en la sede policial, sino que insistió en que su demanda es de “que me atienda la Aminta Granera”, pues la noche de la masacre “ella (Granera) llegó con sus grandes lágrimas a decirme delante de todo el pueblo de que ella se haría cargo de todo, ahora no me da la cara, se me esconde, se corre”.

Junto a parientes y activistas de organizaciones de la sociedad civil, Ramírez realizó un plantón frente a Plaza El Sol, donde con mantas y pancartas protestaron por la impunidad del múltiple crimen, insistieron en reclamar justicia y el cumplimiento de las promesas efectuadas por Granera.

“Desde que esto pasó (la masacre) no he dejado de moverme, me han cerrado las puertas, me han visto como payasa y no soy payasa de ustedes, soy una ciudadana”, expresó Ramírez a la comisionada mayor Janeth Jarquín, a cargo de protocolo en esa institución.
Transcurrido varios minutos de espera, Jarquín salió con la intención de convencer a Ramírez de que le entregaran a ella por escrito sus reclamos.

Ramírez no solo es sobreviviente del ataque perpetrado al vehículo conducido por su esposo Milton Reyes, en el cual se movilizaba su familia el pasado 11 de julio de 2015, sino que es madre y hermana de las tres víctimas mortales de la masacre.

Los fallecidos son Katherine Ramírez, de 22 años; y los niños Efraín Ramírez, de 11 años y Aura María Reyes Ramírez, de 12.
También resultaron lesionados Myriam Natasha Guzmán Ramírez y Axel Reyes, de 5 y 13 años, respectivamente.

Frente a la sede policial Ramírez reclamó: “¿Cómo lo tomarían ustedes cuando nadie me da la cara, ni me dice: sí, Yelka vení sentate aquí, te vamos a resolver? Esa es una burla en decirme: ‘Voy a guardar los papeles, los voy a guardar, los voy a guardar y ay te llamo’. ¿Para qué me va a llamar si no vengo a pedir trabajo?”

SECUELAS DEJADAS A LOS NIÑOS SOBREVIVIENTES

Desde donde realizaba el plantón a gritos, Ramírez resumió las secuelas dejada a los niños por el ataque armado que vivieron.
Uno de los niños —según dijo— “ahora se me orina de miedo y se levanta gritando que lo van a matar. Mi hija ha salido enferma y desde que nació yo no salgo del Hospital “La Mascota”, ¡no hombre!” Cuando se perpetró la masacre en Las Jagüitas, Yelka estaba embarazada.

“La niña come una comida, le cae pesada, se vomita e inmediatamente hay que llevarla al hospital porque su estómago no le quedó bien”, reiteró la madre sobreviviente de la masacre. “Que mire el pueblo de Nicaragua que se han burlado de nosotros”, agregó.

Seis meses después de ocurrida la masacre, Ramírez lamenta que ella hasta se compadeció de Granera cuando al día siguiente del hecho (el día del sepelio) a ella le dijeron que vieron a Granera llorar. “Pobrecita, dije yo, lo creí”, pero después, según dijo, comprendió que fue mentira todo lo actuado por la jefa de facto.

Ramírez recordó que el día de la masacre, Granera le informó que los policías implicados “iban a pagar como cualquier criminal”, lo que no fue así, por lo que considera que todo el proceso judicial que los benefició “fue una burla, una humillación, fue un circo”. Insistió en afirmaciones pasadas de que en un inicio Granera supuestamente le habló de veinte policías involucrados en la matanza, pero al final fueron acusados nueve.

Granera también le habría asegurado a Ramírez, que les regresarían el carro en el cual se movilizaban esa noche, que velaría por la niña Myriam Natasha, hija de Katherine Ramírez, una de las fallecidas, y le brindarían atención al otro niño herido y a quien una bala no le fue extraída. Pero, según Ramírez, nada de eso ha sido efectivo.

El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derecho Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, sostuvo que la familia tiene derecho a conocer la verdad.

“Hay molestia legítima por falta de una respuesta de fondo al tema de justicia, porque en la práctica incluso el caso legalmente se ha dejado en impunidad, porque es un crimen atroz, con todos los elementos para (tipificarlo como) asesinato, casi que lo dejaron como arrebato, con penas menores”, dijo Carrión.

Ramírez anunció que mañana jueves volverá a plantarse frente a Plaza El Sol y pidió a otras madres a que se solidaricen con su causa.

PREVALECE “UN ESTADO INHUMANO”

“La institución policial una vez más ha atropellado a la familia de Yelka”, dice Juana Jiménez, dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM). Tras señalar que en el país prevalece “un Estado inhumano, un Estado violador de derechos humanos… y la referencia de impunidad es atroz”.

La también dirigente del MAM, Azahalea Solís, criticó que tras la masacre las instituciones se hayan coludido a favor de quienes ejecutaron la matanza. Solís cuestionó que esto ocurra en un gobierno que se autodenomina solidario y cristiano.

Solís se suma a las voces que claman porque las autoridades rindan cuentas a la población sobre ese operativo policial que causó la muerte de tres miembros de una familia. “¿Cómo es posible un operativo de esa naturaleza? ¡Como que fuera una emboscada en zona de guerra!”, criticó Solís.

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