La situación política que se vive en Nicaragua incide no solo sobre el accionar del gobierno, órganos del Estado, partidos y agrupaciones políticas, sino también sobre la opinión pública y la actitud que adopta la ciudadanía ante esa realidad.
En efecto, los más recientes acontecimientos políticos, a pesar de su aparente irrelevancia, han influenciado la opinión de la sociedad civil, al grado de dividir sus criterios en forma significativa, acentuando así la fragmentación y aparición de puntos de vista encontrados, acerca de la interpretación y valoración de estos hechos.
Bastaría señalar algunas de estas actitudes, para configurar un plano de diferencias, discrepancias y confrontaciones acerca de lo que
significan en un año electoral esos comportamientos políticos. Entre otras podríamos mencionar: la reelección del presidente de la Asamblea Nacional; la elección de la Junta Directiva del órgano parlamentario; la aceptación, por parte de la oposición, de solo un cargo en la Junta Directiva, por debajo del número que le corresponde, todo ello con el apoyo de la bancada de la Coalición Nacional por la Democracia, que encabeza el Partido Liberal Independiente (PLI), con la abstención de su aliado, el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), que apoyó la candidatura de la persona propuesta por la coalición, pero se abstuvo de dar su voto a los demás componentes de la Junta Directiva integrada por miembros del Frente Sandinista, FSLN, y por aliados de este partido en la Asamblea.
Esta situación en la bancada de oposición, que introdujo una actitud política diferente en la votación, por parte del MRS, ha dejado la duda acerca de la incidencia que tal discrepancia podría tener, eventualmente, en la solidez de la alianza entre esas agrupaciones políticas.
Además de la situación mencionada anteriormente, se mantienen separadas sin aproximarse a la posibilidad de la unidad, la Coalición Nacional por la Democracia, la Unidad Democrática, y la Unidad Liberal, Republicana y Sindical, encabezada, esta última, por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), todas carentes, hasta el momento, del respectivo plan de gobierno que permitiría superar las diferencias en una propuesta estratégica que podría ser común.
Por otro lado, se presentan las diferencias acerca de la forma de elección de candidatos: primarias, Unidad Democrática, cuyo proceso concluye el 28 de febrero con la elección de los candidatos correspondientes: designación por la directiva y ratificación por la Asamblea de sus integrantes: Unidad Liberal, Republicana y Sindical, la que ya escogió a los candidatos a presidente y vicepresidente de esa organización política. Por su parte, la Coalición Nacional por la Democracia, todavía no ha designado o elegido a sus candidatos, ni ha definido aun públicamente, el método que será utilizado para la selección.
Hay también opiniones discrepantes acerca de la participación en las elecciones, la que por un lado se justificaría, de acuerdo con este criterio, siempre y cuando se sustituyan los actuales magistrados del Consejo Supremo Electoral, se reforme el Sistema Electoral, y se autorice la observación nacional e internacional; mientras que por el otro, se sostiene que debe participarse, aunque no se den esas garantías fundamentales, pues no hacerlo, significaría dejar esos espacios vacíos en manos del poder y renunciar de previo a cualquier participación política.
Junto a esas y otras contradicciones puntuales de los partidos y grupos políticos de oposición, una situación semejante se reproduce también en la sociedad civil que se ve afectada igualmente por la división y la incertidumbre. No obstante, más allá del efecto que sobre la sociedad civil producen estas situaciones puntuales, hay una circunstancia de fondo que consiste en la poca presencia de una auténtica cultura política, y en la débil estructura que presenta la ciudadanía para poder ser una garantía de la democracia, la justicia social y el Estado de Derecho.
Los problemas políticos de Nicaragua, no se circunscriben únicamente al vértice político, gubernamental y partidario de la pirámide, sino que tienen su causa más profunda en la ausencia de una ciudadanía más activa que es la condición para que exista una verdadera democracia, pues mientras esta no exista, el abuso gubernamental y la inconsistencia de los partidos políticos, continuarán repitiéndose en un movimiento pendular que va del pacto al facto, y en un círculo vicioso del que solo se podrá salir con la construcción de una ciudadanía sólida, consciente y activa, que haga de la política un derecho y un deber de cada uno y un ejercicio de todos.
La ciudadanía no solo puede sino que debe desempeñar un papel preponderante en la consolidación de la democracia y en la búsqueda de la justicia social. Es mediante el establecimiento de sociedades participativas que se puede consolidar la democracia como sistema político, económico y social.
Debemos estar conscientes que para que exista la democracia, la ciudadanía debe ejercer sus derechos, que son sobre todos sus deberes, en forma plena, lo que implica una participación con una visión integral y sistémica, en la búsqueda de soluciones a los problemas políticos, económicos y sociales que afectan a la sociedad.
En esta forma, el concepto de ciudadanía adquiere una expresión importante en la forja y consolidación de la democracia, entendida esta, no solamente como un sistema político, sino como un sistema de valores, tal como la define el filósofo español José Luis Aranguren.
En realidad es necesaria una conciencia colectiva y una acción ciudadana de rechazo a cualquier forma vertical de pensamiento o acción proveniente del Estado, partidos o grupos políticos, y de construcción de una nueva visión de la política, a partir de la aparición de las organizaciones ciudadanas con objetivos a la vez puntuales y generales y que por lo mismo deben operar profundas transformaciones en el Estado, los partidos y la cultura política en general.
Se trata de contribuir a fortalecer a la ciudadanía, como la más legitima alternativa para la democratización efectiva, y de recomponer la función del Estado a partir de esta nueva realidad.
La consolidación de la democracia requiere la participación efectiva de al menos tres instancias fundamentales a todo proceso histórico: el Estado, los partidos políticos y la ciudadanía. A través de esta última se realiza la política en su más recto sentido, mediante la reafirmación del papel que le corresponde desempeñar en los esfuerzos para la construcción de una auténtica democracia, donde la libertad y la justicia sean parte indisociable de esa realidad construida tanto sobre lo económico y social, como sobre lo político e institucional.
De especial importancia es, pues, su fortalecimiento, históricamente debilitado ante los embates, en diferentes momentos, del poder político, militar y económico. Esto favorecería la construcción de un sistema que permitiría alcanzar el más adecuado equilibrio y la mayor estabilidad.
Todas estas expresiones convergen en una plataforma común cuyos contenidos son: la reivindicación de la democracia, la reafirmación de la libertad y la pluralidad, el reconocimiento de las diferencias de criterio como algo no solo inevitable sino deseable y la lucha por la justicia social, entre otros valores esenciales al ser humano y a la sociedad.
El autor es jurista y filósofo nicaragüense.