El Parlamento de Venezuela, controlado por la oposición, aprobó este martes 16 de febrero en primer debate una amnistía para políticos presos, una polémica ley que el chavismo rechaza, abriendo otro foco de tensión en el conflicto de poderes que afecta al país.
Entre aplausos y gritos de “¡Libertad!” de familiares de los presos, el presidente legislativo Henry Ramos proclamó la aprobación por mayoría de la ley, tras un encendido discurso contra el gobierno, que cerró más de cuatro horas de discusiones.
“Esta ley busca ponerle fin a una era de prisión y persecución por razones de pensamiento distinto. No podemos hablar de justicia mientras haya presos y exiliados políticos”, dijo desde la tribuna la diputada opositora Delsa Solórzano, al presentar el proyecto. Del lado del oficialismo, el diputado Elías Jaua calificó al proyecto de ley como de “amnesia criminal”. “Desconocemos desde ya esta legislación. Exhortamos a los poderes públicos y a todas las autoridades civiles y militares a hacer lo propio”, afirmó.
Por tener la oposición mayoría calificada se da por descontado que también se avalará en segundo debate en próximos días. Pero para aplicar esa ley se requiere la promulgación del presidente Nicolás Maduro, quien ya anunció que la vetará.
“A esta ley le espera un largo camino. La liberación de los presos pasa por resolver el conflicto institucional que vive el país”, declaró a la AFP el constitucionalista José Ignacio Hernández.
El analista explicó que Maduro podría enviar el proyecto a revisión de la Sala Constitucional, el órgano más poderoso del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la oposición acusa de servir al oficialismo.
La amnistía, que busca beneficiar a unos 75 disidentes presos, se aprueba justo dos años después de que fue detenido el opositor radical Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión. El gobierno la rechaza al asegurar que beneficiará a “terroristas” y “asesinos”, como considera a López, acusado de llamar a la violencia en las protestas de 2014 que exigían la salida del poder de Maduro, y que dejaron 43 muertes.
“Polémica ley”
Al debate legislativo acudieron familiares de opositores presos, entre éstos Lilian Tintori, esposa de López, y del alcalde Caracas, Antonio Ledezma, detenido hace un año y llamado a juicio el lunes acusado de conspiración y asociación para delinquir, por lo cual la Fiscalía pide condena de 16 años.
“Vamos a poder liberar a todos los presos políticos. Leopoldo está encarcelado injustamente”, dijo Tintori, quien por los dos años de detención de su esposo encabezará un acto en el Parlamento el jueves, acompañada de los premios Nobel de la Paz y expresidentes Lech Walesa (Polonia) y Oscar Arias (Costa Rica).
Antonieta Ledezma, hija del alcalde, declaró que “la amnistía es la solución para la división que ha existido en Venezuela” y “abre la puerta a la paz”.
También acudieron seguidores del gobierno que acusan los opositores de las muertes de 2014. “No son presos políticos, sino personas que llamaron a la violencia y cometieron terrorismo”, dijo Desiré Cabrera.
“Rechazamos rotundamente esta ley de impunidad, de autoperdón. Pedimos respeto por las víctimas”, declaró Cabrera, vocera de un comité de víctimas de las protestas afín al oficialismo.
La oposición planea una manifestación el sábado y otros actos en favor de la amnistía esta semana, mientras que los seguidores del gobierno también planea mitines en contra.
“¡Aquí no va a haber golpe!”
La amnistía es el proyecto emblemático de la mayoría opositora en el Congreso, si bien la prioridad, según anunció al instalarse el 5 de enero, es proponer una vía legal para acortar el mandato de Maduro, elegido en abril de 2013 para un período de seis años.
El presidente de la Asamblea, el acérrimo antichavista Henry Ramos Allup, y el resto de la oposición reconocen que ni la propuesta para el cambio de gobierno ni la amnistía serán aplicables si no realizan una reforma de las instituciones clave, como el TSJ.
Para anticipar la salida de Maduro, la oposición evalúa una enmienda constitucional o un referendo revocatorio, el cual puede ser convocado con cuatro millones de firmas de electores a mitad del mandato presidencial.
Pero la enmienda podría quedar bloqueada en el TSJ y el referendo en el Consejo Nacional Electoral (CNE), al que la oposición también señala como afín al chavismo, por lo que la MUD anunció el lunes que planea emprender reformas institucionales.
“Aquí no va a haber golpe de Estado ni estallido social, sino una transición del autoritarismo a la democracia”, declaró el secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba.
La oposición decidió acelerar sus planes, luego de que el pasado jueves el TSJ desconociera la decisión del Parlamento de negar un decreto de emergencia dictado por Maduro para enfrentar la grave crisis económica.
