Aunque el conflicto se venía desarrollando desde hace tiempo, y ha tenido diversos episodios, esta semana estalló con una agresividad inusitada del gobierno de Ortega contra el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Los hechos y sus consecuencias inmediatas han sido ampliamente conocidos y analizados, pero hay algunas aristas pendientes de comentarios y ese es el propósito de estas líneas.
Se quiera o no, y habrá quienes lo negarán rotundamente, entre las víctimas de ese conflicto está “la política de consenso” del gobierno.
Yo, como muchísimos nicaragüenses privados de elementalísimos derechos, nunca he creído en esa “política de consenso”, pero como hay quienes la afirman y defienden, y hasta con cierta razón pues agradecen que el gobierno les ha concedido como favor lo que les corresponde como derecho, es bueno hacer una correcta lectura de lo que ha pasado con el PNUD: para Ortega consenso es subordinación absoluta a sus intereses. Si en algún momento cede, es pensando en sus intereses, no en los intereses de la otra parte; y a veces solamente simula ceder o conceder, elevando la parada —como en el caso de cobrar un porcentaje en la concesión de los escáneres aduaneros— para después “ceder” pero no para volver al punto de partida (que habría sido licitar la concesión), sino quedarse con lo que verdaderamente buscaba. ¡Y se celebró el consenso!
La voracidad autoritaria de Ortega no tiene límites y en algún momento quienes celebran esa “política de consenso” se enfrentarán a las consecuencias de la misma. Le ha ocurrido al PNUD, a quien no le funcionó el apaciguamiento y relativo acomodamiento a los caprichos autoritarios del gobierno, o, como ha sido declarado esta semana, no le funcionó refugiarse “en un ambiente de cautela para no molestar al gobierno”.
Después de las elecciones municipales de noviembre de 2008, en que el fraude de Ortega fue documentado al extremo, y como consecuencia varias fuentes bilaterales retiraron su cooperación, a inicios de 2009 el entonces Representante del PNUD marcó una aguda diferencia con la evidencia y las reacciones nacionales e internacionales ante al fraude, y terció a favor de Ortega declarando: “Hay que mirar hacia adelante, y lo que ocurrió el año pasado o no ocurrió, es un asunto que no se puede deshacer, sino que hecho está, para bien, para mal o para como cada uno lo juzgue”. Pues bien, lo que adelante vino fue la ilegal y fraudulenta reelección presidencial de Ortega, y su consolidación del control total de los poderes del Estado.
Y señalamos la “política de consenso” como víctima de estos hechos, porque en verdad lo es, pero también porque llama la atención que entre las acusaciones del gobierno contra el PNUD está acusar al organismo de que sus oficinas son “utilizadas como oficinas de un partido político”. Esto no parece ser más que un guiño a quienes celebran la “política de consenso” atacando a los partidos políticos que verdaderamente se oponen a Ortega.
El PNUD con absoluta razón ha rechazado esa acusación gubernamental de “injerencia política”. Yo, por ejemplo, desde 2007 nunca he visitado las oficinas del PNUD, ni he sido invitado a ninguna de sus reuniones, y solamente conozco a uno de los funcionarios nicaragüenses de esa organización, que creo, trabaja en ella desde hace quince o más años.
Pero cabe la posibilidad que con esa acusación de injerencia política el gobierno se refiera a las reuniones de reflexión que el PNUD organizó con participación de algunos dirigentes orteguistas, del sector privado, independientes y uno, solamente uno del PLI, y desde luego ninguno del MRS, pero en las cuales según ha trascendido se han manifestado opiniones que se separan de la “política de consenso”, que como es impuesta desde arriba es un consenso que no admite disenso. ¡Vaya consenso!
El autor es excandidato a la Vicepresidencia de Nicaragua.
