Acceso a la información pública es cada vez más restringido en Nicaragua

En la década del 2006 al 2016, bajo el régimen del presidente inconstitucional Daniel Ortega, entre muchas otras pérdidas de derechos a la ciudadanía, se encuentra el derecho a acceder a la información pública, cuya ley no se cumple

01/03/2016
Antes de 2006, el gremio periodístico era solidario ante los abusos a los colegas, pero desde 2007 a la fecha, son pocos medios los que denuncian los abusos a los periodistas. La Prensa/ Archivo.

Antes de 2006, el gremio periodístico era solidario ante los abusos a los colegas, pero desde 2007 a la fecha, son pocos medios los que denuncian los abusos a los periodistas. La Prensa/ Archivo.

Habla de ella como si fuera una persona, un ser vivo que sufre en la gélida sala de una sombrío hospital público. A veces se refiere a ella con pesar, como si hablara de un ser querido al que le quedan pocos días de vida. Y no es para menos: la alimentó cuando estaba engendrándose, la vio nacer y jugó con ella en sus primeros días, su esperanza era que creciera robusta y sana, pero ahora, el diagnóstico que hace de ella es la de un ente en estado agónico, de un paciente en estado terminal.

“La fueron matando poco a poco”, dice resignado dice Guillermo Medrano, consultor privado en participación ciudadana, sobre la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

Guillermo-Medrano. LA PRENSA/ARCHIVO

 

“Es irónico que quienes más alimentaron la ley sean los mismos que luego la fueron la fueron matando poco a poco”, dice Medrano, en referencia a la Ley 621, Ley de Acceso a la Información Pública que recibió todo el apoyo de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), hoy en el gobierno, cuando estaban en la oposición.

Medrano analiza para LA PRENSA otro ángulo del asedio que ha sufrido el periodismo independiente en una década, es decir, desde que Daniel Ortega ganó las elecciones en 2006, hasta 2016 en que se vuelve a postular después de haber retorcido las leyes a su favor.

Lea: Periodismo bajo una década de asedio orteguista

PARTO JUBILOSO

La historia de la Ley de Acceso a la Información es corta y fugaz. Se gestó como iniciativa de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro en 2004, por medio de gestiones y cabildeo ante la Oficina de Ética Pública bajo el gobierno del presidente Enrique Bolaños, cuenta Medrano.

La idea contó con el apoyo decidido y fuerte de la bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, que cuando estaban en la oposición demandaban al gobierno del presidente Bolaños la mayor apertura posible de transparencia, “buscando algo, no sé, pero si la apoyaban”.

“Cuanto Ortega gana las elecciones del 2006, se compromete ante los medios de comunicación, a aprobar la ley, como parte de su promesa de campaña de tolerancia política y cero tolerancia a la corrupción. Se aprueba la ley con 82 votos el 16 de mayo del 2007 y se ordena su reglamentación, para que entre en vigencia el 17 de agosto del 2007”, recuerda Medrano.

El presidente Daniel Ortega desde siempre ha utilizado a pobladores para fines políticos. LA PRENSA/ARCHIVO

 

“Es decir que este 16 de mayo de este 2016 va cumplir nueve años en vigencia. Pero si hablamos del estado de salud de la ley 621, decimos que es una ley en estado crítico o en estado de coma, agonizante, herida de muerte”, analiza el experto, quien rememora el corto camino de la ley desde su nacimiento hasta el estado en que se encuentra hoy.

NACIÓ CON MALA COMPAÑÍA

“El mejor periodo de la ley estuvo entre el año 2007 y el 2010, bajando gradualmente su salud; algunas instituciones lo comenzaron a aplicar tímida, modestamente, siguiendo un poco la línea de la ley, que cabe decir que se aprobó después que el gobierno lanzara en enero del 2007 sus políticas de comunicación que aunque en teoría tenían por principio informar a través de sus propios medios oficiales, para que el mensaje llegara ‘incontaminado’, terminó fomentando el culto a la personalidad del presidente Ortega, la concentración de la información pública y campañas agresivas en contra de quienes ellos considera sus adversarios políticos: medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, agencias de cooperación, partidos políticos, intelectuales, etcérera”, observa Medrano, quien luego retorna al cauce del tema en cuestión para analizar lo que el llama “estado de salud” de la ley 621.

“Algunas instituciones públicas crearon oficinas, hicieron un esfuerzo inicial que nunca fue, por así decirlo, el mejor, el más eficaz, confundían información con propaganda y la burocracia se tragaba cualquier intento de eficacia, no hubo promoción de la ley desde el Estado, no había una guía que orientara al ciudadano al llegar a las oficinas públicas, pero en medio de toda esa burocracia, a como te repito, se hizo el esfuerzo hasta 2010”, prosigue.

Antes, la ley era más usada por profesionales como consultores independientes e investigadores académicos, periodistas, estudiantes universitarios y organismos de la sociedad civil.

Lea también: Redes sociales, la nueva plaza pública

Ya en 2011, dice Medrano, cuando se reelige inconstitucionalmente el presidente Ortega, la política de comunicación del 2007 se amplía y “se traga” a la Ley de Acceso a la Información Pública. “¿Cuál fue la nueva política de comunicación? La ley muda, nadie habla si no es la señora (Rosario Murillo, vocera del gobierno a través de los medios de comunicación de su partido y su familia)”, enfatiza Medrano.

“Desde entonces, el respeto y la aplicación de la ley vino en retroceso, hasta llegar al punto en que estamos hoy: nadie la usa, nadie la respeta y a pocos parece importarle”, acusa Medrano, quien observa que al establecer como política de Estado el secretismo con la información pública, la ley en mención entró en “etapa crítica”.

DE OFICINAS DE GESTIÓN A CENTROS DE PROPAGANDA

“El gobierno no solo ha cerrado oficinas de acceso a la información, o las ha convertido en oficinas de propaganda y bloqueo de información, sino que ha impedido crear las oficinas de coordinación para sancionar a los funcionarios o instituciones que se niegan a cumplir la ley. Es decir, están dejando a la sociedad en indefensión en su demanda de cumplimiento de la ley”, observa Medrano.

En todas las instituciones públicas se fomenta el culto a la personalidad del presidente Daniel Ortega y no el acceso a la información pública. LA PRENSA/ARCHIVO

Una de las instituciones que el experto menciona como la más respetuosa de la ley, es la Asamblea Nacional, seguida del Banco Central de Nicaragua y el Instituto Nicaragüense de Energía.

Un ejemplo del caso se basa en la experiencia del portal Derecho a Preguntar, a través del cual la ciudadanía hace sus preguntas a las autoridades y la oficina se encarga de gestionar las respuesta.

PARA MUESTRA UN BOTÓN

De 68 ejercicios que hemos realizado, 16 han sido solicitudes dirigidas a la asamblea nacional, la cual ha respondido 14.

“El resto de preguntas han sido dirigidas a otras instituciones, quizás un 10 por ciento han tenido respuesta. El INE, Banco Central de Nicaragua y a veces, muy poco y tardío, el Ministerio de Hacienda. Ministerio de Educación, Consejo Supremo Electoral, Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Presidencia de la República, Policía, Ejército, entre otros, son quienes nunca responden a la solicitud de información, en algunos muy pocos casos responden tarde o no responden a lo preguntado. Es decir no hay falta de voluntad política, sino que la voluntad política es no responder a nadie sobre lo que hacen en sus funciones públicas, o mejor dicho, responder solo al presidente y la vocera de gobierno”, señala Medrano.

El último año que se hizo un informe de monitoreo de la ley fue en 2012. Luego se suspendieron los ejercicios porque precisamente las instituciones se negaron a brindar información sobre las gestiones en base a la ley 621.

Se evaluó a 13 ministerios, 31 entes autónomos, el Poder Electoral, Judicial, Legislativo y 10 Gobiernos Municipales.

“Los resultados de monitoreo de años anteriores eran los mismos: descenso en el cumplimiento de la ley, mínima cantidad de atención, pésima calidad de atención, retardación en la gestión, burocracia, mala voluntad política, es decir, de mal a peor”, dice Medrano, para quien el Estado es el principal violador del artículo 66 de la Constitución Política, que consagra el derecho de los ciudadanos a buscar y recibir información veraz del Estado.

UN INFAME 5 %

Esa vez solo el cinco por ciento de las dependencias analizadas llenaban los requisitos de la Ley 621 en sus páginas web. El 23 por ciento lo cumplían a medias y 72 por ciento no lo hacía del todo.

El artículo 20 de la ley establece que los sitios web de las instituciones del Estado deben publicar la estructura orgánica, naturaleza social de la institución, normas jurídicas que las rigen, políticas públicas, visión y misión del ente estatal, proyectos en ejecución y hasta planillas y presupuesto.

“Si vas a la mayoría de las páginas no vas encontrar casi nada de lo que manda la ley, solo propaganda y notas de prensa institucional”, dice Medrano, quien asegura que no pierde la esperanza de ver renacer con el vigor que le soñó de antaño, a la moribunda ley que un día se pensó como instrumento de una transparencia pública que aun no llega.

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