El acontecimiento de la renuncia del jurista mexicano, Bernardo Sepúlveda Amor, de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), priva por ahora a dicha instancia de la participación de jueces hispanoamericanos en el andamiaje del Derecho Internacional, pero a la vez, abre la puerta a que destacados juristas de la región opten a ser parte de la misma.
Ello viene a afectar el sano equilibrio que debe primar en las posiciones jurídicas latinoamericanas vertidas en materia de Derecho Internacional (DI), debilitando el valor y trascendencia de normas y principios cuya defensa son del interés de nuestros pueblos, tocantes a temas de soberanía, autodeterminación, integridad y delimitación territorial, entre otros.
Así pues, dada la actual ausencia hispanoamericana en el alto foro internacional, muchos de los citados principios se han visto menguados o reducidos a normas y ordenanzas con frágil influencia en el Derecho Internacional, y para una Latinoamérica que se encamina hacia tiempos difíciles con enormes desafíos políticos, sociales y económicos, resulta crucial mantener equilibrada la balanza del orden jurídico internacional.
En tal contexto, surge la candidatura del destacado jurista nicaragüense, doctor Mauricio Herdocia Sacasa, quien descolló en ser el primer centroamericano electo presidente del Comité, honrado con la Presidencia de su Centenario celebrado universalmente.
A nivel regional es todo un referente, además de alcanzar la secretaría general del Sistema de la Integración Centroamericana fue negociador del Protocolo de Tegucigalpa, también ha tomado parte en numerosos comités y delegaciones atinentes a la integración centroamericana a cuyo proceso ha vertido invaluables aportes. Tan sobresalientes posiciones proyectan al jurista Herdocia Sacasa, como el más alto exponente de Nicaragua y la región en el ámbito del Derecho Internacional público y privado, llenando las expectativas para ser miembro del grupo de ilustres y selectos expertos que conforman el magno foro internacional.
Su destacada trayectoria es de insoslayable reconocimiento y coloca a la sociedad civil en general y autoridades pertinentes del gobierno de nuestro país, en la posición de garantes para que como partes de un todo, con mentalidad y visión nacionalista, logremos que el Grupo Nacional ante la Corte Permanente de Arbitraje ante La Haya, eleve la moción de su candidatura ante el secretario general de las Naciones Unidas (ONU) a presentarse hacia el 2018, lográndose con ello, una genuina representación latinoamericana ante la Corte Internacional de Justicia cuyos fallos resultarían más equilibrados, basados en argumentos a pari y por ende confiables para la región.
Como nicaragüenses y latinoamericanos, podemos tener la certeza que el doctor Herdocia Sacasa, cuenta con las calidades, cualidades y experticie ad hoc, siendo capaz de afrontar con buen suceso los inmensos retos de esa alta magistratura ante la Corte Internacional de Justicia, donde jugaría un rol de alto relieve que repercutiría en la ecuánime y moderada aplicación de las normas del Derecho Internacional, congruente con las demandantes necesidades jurídicas del siglo XXI.
Es menester destacar, que el doctor Herdocia Sacasa, proviene de la veta donde se forman los futuros magistrados de la Corte: la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, siendo el único nicaragüense que ha alcanzado tan alta distinción.
Esperemos pues que el Grupo Nacional ante la Corte Permanente de Arbitraje, actúe en consonancia para que el doctor Herdocia Sacasa, un hombre orientado a soluciones multilateralistas en la aplicación del Derecho Internacional, opte al escaño que por simetría correspondería a un latinoamericano, para enarbolar la bandera de los intereses regionales.
Lo anterior, sin duda implicaría todo un reconocimiento al desarrollo y grandes avances alcanzados hasta ahora en materia jurídica internacional para Latinoamérica y singularmente para nuestro país. Demos por descontado que el doctor Herdocia, desde este escenario una vez más sabrá poner en alto a Nicaragua y al resto de Centroamérica.
La autora es abogada y Notaria Pública.