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Cartas al Director

El caso de la niña Freydell Monserrat, de 16 meses de nacida y originaria de la comarca de Colocondo, San Juan de Limay, Estelí, a el Ministerio de la Familia entregó supuestamente en adopción a una pareja española, tiene una connotación oscura y tenebrosa cual novela de terror.

¿Tráfico gubernamental de niños?

El caso de la niña Freydell Monserrat, de 16 meses de nacida y originaria de la comarca de Colocondo, San Juan de Limay, Estelí, a el Ministerio de la Familia entregó supuestamente en adopción a una pareja española, tiene una connotación oscura y tenebrosa cual novela de terror.

Según los familiares de la niña, la persona que denuncio el supuesto estado de desamparo no existe y nadie la conoce en la comarca ni sus alrededores. Además las señoras familiares de la pequeña dicen no haber firmado ningún acta de entrega de la niña a Mifamilia.

A esto se le suma que el abuelo paterno, siendo empleado público, fue advertido para que “bajara el gas” en el reclamo de su nieta secuestrada y al negarse fue despedido.

La madre de la niña niega que esta estuviera en abandono y asegura que fue arrebatada del cuido de su abuela materna, Ana Francisca Gómez, desde octubre pasado.

Si el Ministerio de la Familia conocía el domicilio y nombre de la madre no es explicable por qué la citaron por edicto y con otro nombre. ¿Habrá mala fe en esta notificación? Sin embargo, hay que destacar la destreza que tuvieron los familiares de la niña para saber dónde se estaba ventilando el caso de desamparo.

Este es un drama muy doloroso para una familia y es inexplicable por qué las autoridades de Enacal central, un secretario político y un alcalde se involucran en algo que no les compete para nada, y como si la niña fuera cualquier objeto aconsejaron al abuelo paterno que “bajara el gas”.

Estas intervenciones de funcionarios dan a entender como si la niña hubiese sido secuestrada de manera planificada, dirigida, orientada por autoridad superior. Pero el caso se les cae porque no investigaron bien al abuelo paterno, quien es abogado, sin duda una sorpresa para dichos funcionarios.

A los pocos días aparece otro caso similar por lo cual pareciera que estamos ante la punta de un iceberg, por eso de las irregularidades que pudiesen existir en este proceso que convierten de hecho en cómplices directos a estas autoridades. Si no, ¿por qué el interés en el caso? ¿Por qué el revanchismo? ¿Por qué lo tramitan en otro juzgado fuera de la jurisdicción de la niña? Alguien tiene que responder, de lo contrario se podría asegurar que todos los niños y niñas están en un verdadero peligro porque la amenaza procede de quien se supone está para protegerlos.

Es más sospechoso que las audiencias se suspendieran justamente cuando aparece la madre de la niña, a la que habían citado por edicto con distinto nombre. Al parecer el objetivo era que la señora no se presentara y se declarara el estado de desamparo.

Esto debe investigarse y pasar el caso a la Fiscalía para castigar a todos los que resulten involucrados.

La autoridad judicial tiene obligación de instruir y notificar a la autoridad competente, cuando a su juicio aprecie que en el asunto que está conociendo se infringen disposiciones legales que competen a jurisdicción distinta de la suya. En este caso la Constitución y el Código de la Familia establecen que el domicilio de la niña es el lugar de la niña es Estelí (Arto. 348 y 426 CF).

Alejandro Calero Dávila.

Violencia electoral en EE. UU.

El pasado viernes, 11 de marzo del corriente 2016, una gran cantidad de manifestantes interrumpieron y lograron cancelar violentamente un evento del precandidato presidencial Donald Trump, en la universidad de Illinois de Chicago. Los medios de comunicación de ese país están parcializados con la izquierda del partido Demócrata, no relataron objetivamente los hechos, lo cual es un insulto al periodismo auténtico y al público que espera información legítima.

La historia completa es que cuatro días antes del mitin político, miembros del personal de esa universidad enviaron una carta al rector para expresar su descontento por el rally de Trump. Ese mismo día, la organización de izquierda MoveOn.org, inició una campaña para negarle a Trump su evento en ese campus universitario. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién provocó el pleito? Es obvio. La izquierda radical que no cree en la libertad de expresión. Sin embargo, los medios de comunicación inmediatamente responsabilizaron totalmente a Trump y a sus seguidores por la trifulca, culpando a su retórica agresiva. Pero la prensa ignoró por completo la responsabilidad de la organización radical MoveOn.org.

Es bueno tener puntos de vista opuestos, estos ayudan a enriquecer el diálogo, pero al fascismo hay que condenarlo. El dictador italiano Benito Mussolini nombró a su partido político “fascista”, palabra del antiguo latín, que significa un “manojo de varas”. Una vara se puede quebrar fácilmente, pero no un manojo, las cuales usan los dictadores para golpear a sus opositores. Y las mismas personas que acusan a Trump de ser fascista, están haciendo lo mismo.

Solo quiero aclarar que no apoyo a Trump, quien también debe aprender a ser más prudente con sus palabras para no enardecer los ánimos de sus oponentes y sí, tuvo una parte de la culpa. Pero los verdaderos autoritarios son los que no permiten opiniones contrarias a las de ellos. No solo en las universidades de Nicaragua (como la UAM, la Unica, la UNAN, etc.) se censura la libertad de expresión, también sucede desde hace mucho tiempo en las universidades de EE. UU., porque los estudiantes de izquierda anulan violentamente las perspectivas que no les agrada.

José Ramón Quiñónez.

Demanda de observación electoral

En la reciente encuesta presentada por M&R Consultores refleja que otra vez el 82 por ciento de los encuestados demandó la observación electoral para el proceso electoral nacional a realizarse en el mes de noviembre del año en curso y se repite otra vez que los mismos simpatizantes sandinistas demandan dicha observación.

Lo que se denota en esta encuesta es que los mismos simpatizantes sandinistas están hastiados de este gobierno y saben que si hay observación electoral nacional e internacional y un proceso electoral transparente, este gobierno se va. Es por ello que la pareja presidencial Ortega Murillo le tiene pavor a esta demanda del pueblo. Y qué dirá el presidente magistrado del Consejo Supremo Electoral sobre dicha encuesta en donde los simpatizantes sandinistas demandan la observación electoral y que no es solo los sectores de oposición y la Iglesia católica la que pide dicha observación.

En las anteriores encuestas se ha mantenido ese 82 por ciento, pero en esta última encuesta se dieron a conocer datos muy interesantes, entre ellos cuando se le preguntó a los encuestados si conocían a Daniel Ortega Saavedra más de 60 por ciento respondieron que lo conocían. Sería inconcebible que no lo conocieran pues tiene 37 años de estar en campaña electoral y más ahora que los medios de comunicación de la familia presidencial cada segundo pasan los spot propagandísticos de Daniel Ortega y su familia, las carreteras del país y de las ciudades están llenas de rótulos con la imagen de Ortega. Entonces sería como ilógico que no lo conocieran, sin embargo en esta encuesta otros ciudadanos salen con altos porcentaje que la gente los conoce y estos ciudadanos no se han mantenido en campañas electorales permanentes ni poseen los medios de comunicaciones y la maquinaria propagandística que tiene la familia presidencial Ortega Murillo.

Los otros ciudadanos que salen con altos porcentajes no andan repartiendo ni zinc, ni gallinas, ni chanchos… son ciudadanos que gozan de la popularidad del pueblo. La misma encuesta expresa que si las elecciones fueran hoy ganaría el Frente Sandinista, entonces ¿por qué dicho partido le teme a los procesos electorales transparentes?, si es así entonces que permitan que las elecciones nacionales sean transparentes y observadas de manera transparente y veremos si ganarán.

Máximo M. Castillo (Mexicano).

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