CIDH pide al Estado de Nicaragua proteger a Carlos Bonilla

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas cautelares a los activistas políticos nicaragüenses Carlos Bonilla y Gabriela García, tras la agresión sufrida el pasado 26 de febrero

El activista Carlos Bonilla. LA PRENSA/Archivo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas cautelares a los activistas políticos nicaragüenses Carlos Bonilla y Gabriela García, tras la agresión sufrida el pasado 26 de febrero cuando abordaban un taxi y fueron atacados por cinco sujetos.

“La Comisión Interamericana adoptó las medidas cautelares (de ello) y pide al Estado de Nicaragua que las aplique”, confirmó el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión.

“Son medidas cautelares para proteger la vida, la seguridad e integridad personal de Carlos Bonilla y su esposa (Gabriela García)”, adelantó Carrión, quien a su vez externó que el Cenidh espera una respuesta inmediata por parte del Gobierno en representación del Estado de Nicaragua, en coherencia con las medidas de la Comisión Interamericana, que es parte del sistema de protección de derechos humanos en la región.

La comunicación del CIDH está dirigida al canciller nicaragüense Samuel Santos y establece un plazo de 15 días para que el Estado de Nicaragua informe a la comisión el cumplimiento de las medidas cautelares solicitadas.

El mecanismo de las medidas cautelares está previsto en el artículo 25 del reglamento de la CIDH y cuando ese organismo considera que hay situaciones de gravedad, solicita al Estado adopte las mismas para prevenir que haya daños irreparables a las personas amenazadas en su seguridad e integridad física.

En esa ocasión, Bonilla, coordinador del Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN), llevó la peor parte al recibir dos puñaladas en el tórax, que le perforaron el hígado y el diafragma, heridas por las cuales aún se recupera. Bonilla insiste en afirmar de que la agresión perpetrada en su contra fue “un ataque político” y no un hecho delictivo común.

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QUE EL GOBIERNO CUMPLA

“Esperamos de que el gobierno cumpla con esto que la comisión ha otorgado. Creemos de que así como nosotros existen otros casos, pero realmente necesitamos que nos otorguen la seguridad”, indicó por su parte Bonilla, tras señalar que más que todo esperan que las mismas les permitan un desplazamiento en libertad.

“Nosotros hemos perdido la libertad de caminar libremente en las calles. Nuestra vida ha cambiado totalmente… estamos aislados, viviendo en una casa de seguridad. Nuestros amigos han ayudado a protegernos y nosotros queremos tener una vida normal”, sostuvo el coordinador del MDN.

“No sabemos si estas personas que nos quisieron hacer daño continúan en libertad y pueden volver a intentarlo”, dijo Bonilla, en referencia a dos de los supuestos atacantes que habrían sido detenidos y entregados a la Policía por vecinos en la colonia 10 de Junio tras ocurridos los hechos.

Poco después del incidente violento, Gabriela García denunció el caso en el Distrito Cuatro de Policía, pero fue remitida al Distrito Cinco policial donde le explicaron que la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), había asumido la investigación.

INVESTIGA POLICIAL

Desde que atacaron a Bonilla y su esposa han pasado 38 días, sin que la Policía se pronuncie sobre el caso ni presente resultado de investigación alguna a pesar de que vecinos de las víctimas aseguran haber detenido y entregado a la Policía a dos de los hechores.

“Ahora el gobierno tiene que informar a la CIDH y va a ser interesante porque ahí vamos a darnos cuenta de qué es lo que se ha hecho en este caso”, dijo Gonzalo Carrión, director jurídico del Cenidh.

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