Costa Rica no corre para presentarle a Nicaragua el reclamo económico por los daños ambientales causados con la apertura de tres caños de parte de la cuadrilla dirigida por el excomandante Guerrillero, Edén Pastora, en un humedal fronterizo en el Caribe que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) refrendó como costarricense.
Casi cuatro meses después del fallo del 15 de diciembre de 2015, en el que la CIJ otorgó soberanía sobre el humedal fronterizo de 2.6 kilómetros de extensión que Nicaragua le reclamaba desde 2010, el mismo sobre el cual Edén pastora y su cuadrilla que draga el río San Juan abrió un caño en 2010 y otros dos en 2013; el gobierno tico está en la etapa técnica de los cálculos.
“Costa Rica aún está en proceso de recopilar la información necesaria relacionada con el cobro que se le presentará a Nicaragua, de conformidad con lo establecido en la sentencia del 16 de diciembre de 2015”, explicó la cancillería ante la consulta de LA PRENSA.
“Para esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica está coordinando con otros ministerios e instituciones del Estado costarricense, como el Ministerio de Ambiente y Energía, la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Seguridad Pública, además, de la Fundación Neotrópica. El cobro se le presentará, directamente, a Nicaragua en su momento””, añadió.
En su fallo, la CIJ dio un año desde el momento de la sentencia para que los dos países se pongan de acuerdo en el costo del daño ambiental que Nicaragua debe pagarle a Costa Rica. De lo contrario, el estado costarricense deberá acudir de nuevo al máximo tribunal para realizar el cobro.
Según el canciller Manuel González, “esto es un tema técnico, no solamente jurídico. Para iniciar la discusión jurídica con Nicaragua hay que tener el fundamento técnico de lo que vamos ir a reclamar”.
“Esto involucra no solo la demostración efectiva de los gastos en los que el gobierno de Costa Rica incurrió para atender el daño ambiental, no el costo de los litigios porque eso no fue concedido en ninguna de las partes, sino el daño ambiental, el costo efectivo, la inversión efectiva por parte de varias autoridades es tal vez lo más sencillo y lo tenemos prácticamente listo”, explicó el diplomático.
“Lo que más cuesta y es la parte más técnica de este reclamo es el costo del daño ambiental, por ejemplo cuánto cuesta y cuanto tiene que ser la compensación que debe darse por la tala de un árbol que tiene 200 años y que estaba ahí localizado. Y no fue un árbol el cortado, fueron varios; eso no lo hace la cancillería ni es un papel jurídico, es un argumento técnico”, añadió González.
El canciller reiteró que todo el trabajo para el reclamo económico no ha concluido, porque se realiza de manera serio para que al momento de presentarlo a Nicaragua, no solo sea un monto razonable sino técnicamente demostrado.
“Recordemos que si no logramos ponernos de acuerdo con Nicaragua, y lo dice la sentencia, podemos recurrir a la Corte para la discusión de esa compensación. Ese trabajo que tenemos que hacer ahora con seriedad nos va a servir para esa segunda etapa, si es que se da. No podemos decir y no basta con decir que yo creo el daño cuesta más o menos tanto o poner una cifra ahí de manera antojadiza”, concluyó González.
