Nicaragua: Paraíso de la corrupción

CGR consideró “complejo” desde 2014 rastrear bienes de funcionarios y familiares. Sanciones impuestas suman U$ 7 millones en seis años

11/04/2016

Había ahí lapas, tapires, avestruces, tigrillos, leones y leopardos. En la cómoda hacienda del tesorero de Daniel Ortega que llaman La Sobriedad, buscando occidente, Rodrigo Obregón, uno de sus compañeros de bachillerato, se maravilló en 2008 con las especies en cautiverio y los lujos que a la vista convirtieron el encuentro en una gran fiesta para los amigos, la “del siglo” para los ex miembros del colegio Primero de Febrero.

“¡Ala gran puta bróder, ¡qué clase bisne! ¡Cómo te están dando estos negocios!”, le comentó jocoso Obregón, con quien se distanciaría años después. El anfitrión, Francisco López Centeno, tesorero y presidente de la estatal Petróleos de Nicaragua, se sintió cuestionado. Inmediatamente aseguró que era dueño de prósperas empresas, entre ellas Tecnologías Electromecánica S.A (TESA), que en realidad era una modesta compañía de importación de tuberías y válvulas fundada en 1992 con un capital semilla de dos mil dólares.

Con una mansión en el reparto Monserrat en Managua y una casa de varios pisos frente a las playas del balneario El Tránsito, López–señalado de manejo discrecional de la cooperación venezolana a Nicaragua– se ha colocado en el escrutrinio de la opinión pública en los últimos años. Es funcionario en un país en que las fortunas de los políticos y empresarios suelen ser un misterio.

Las dudas sobre la veracidad de su patrimonio alcanzan al presidente inconstitucional Daniel Ortega, quien según su última declaración de probidad publicada por la Contraloría con su autorización en 2002, dijo tener 217 mil 943 dólares. Sin embargo, pocos le creen y algunos como el ex ministro de educación en la primera etapa de la revolución sandinista (1979-84), Carlos Tünnermann, recuerdan que el mandatario se moviliza en dos camionetas Mercedes Benz de lujo que valen mucho más que lo declarado.

“La apariencia es que tiene una fortuna que no podemos cuantificar”, dice el ex ministro sobre Ortega. Con el pasar del tiempo, la familia presidencial del caudillo sandinista ha sido identificada por la población como propietaria de radios y canales de televisión, en los cuales sus hijos fungen como directores.

Ver también: “La Familia” del FSLN

LA CONFESIÓN DE LA CGR
La institución facultada para investigar el incremento de los patrimonios de los funcionarios es la Contraloría General de la República (CGR). Hace menos de un año, el nueve de junio de 2015, el presidente de la CGR, el sandinista Luis Ángel Montenegro, llegó a rendir un informe a la Asamblea Nacional sobre las actuaciones de la institución el año anterior. Es quizás una de las pocas oportunidades para entrevistarlo.

Ese día en el documento que entregó al Parlamento confesó: “Durante 2014, la Contraloría General de la República recibió 5, 550 declaraciones patrimoniales de servidores públicos. La complejidad de las verificaciones, que incluye no sólo al declarante, sino a sus familiares, junto a la necesidad de solicitar informes a distintos registros públicos, que no siempre aportan la información en tiempo y forma, hace que este tema de suma importancia sea un deber pendiente”.

La semana pasada se presentó a la Asamblea nuevamente para informar sobre las actuaciones de 2015. Dijo que recibieron 5 mil 99 declaraciones de probidad, de las cuales verificaron las de 471 funcionarios, pero esta vez agregó que el trabajo de comprobación consistía en “verificar de manera aleatoria si las declaraciones fueron presentadas correctamente”.

Los números de la fiscalización, que Montenegro insistió el seis de abril pasado eran de los más altos en los últimos 15 años, muestran un modesto desempeño en realidad, de acuerdo con una revisión realizada por LA PRENSA de los informes oficiales publicados en el período 2010-2014.

Hasta el momento de considerar como “tarea pendiente” en 2014 la revisión de las declaratorias de probidad, el número de estas verificaciones era invisibilizado oficialmente. De hecho, empezó a ser omitido a partir de 2012 y en su lugar solo fueron colocados la cantidad de declaraciones recibidas.

Montenegro dijo también a los periodistas el año pasado que no investigaría la privatización de la cooperación venezolana, que significó el ingreso de más de 3,200 millones de dólares en el período de 2007- al primer semestre de 2015, los cuales fueron privatizados por la familia presidencial. El contralor alegó que no era “la Policía ni el FBI”.

 

U$ 3,426 millones el monto de la cooperación venezolana, entre 2007 y primer semestre de 2015, según el informe de cooperación externa del Banco Central de Nicaragua, los cuales fueron privatizados por la familia presidencial y con el beneplácito del donante.

En la visita de la semana pasada, Montenegro dijo que como institución no se podían erigir como jueces y no podían “sentar en el banquillo de los acusados” a los funcionarios sospechosos de corrupción. Los periodistas que lo siguieron, a lo largo del pasillo de la Asamblea Nacional, le insistieron en que explicara cuántos ministros o diputados eran parte de los 439 funcionarios que aseguró que había sancionado. No respondió con claridad.

¿HACEN MÁS AUDITORÍAS?

El alcance real de las auditorías es otro punto sujeto a debate. El contralor describió una saludable mejoría en su visita del seis de abril pasado. Sin embargo, durante 2014, la CGR dijo que auditó en 2014 el 55 por ciento de las entidades públicas entre municipalidades e instituciones en general. El caso más dramático ese año fue el de las municipalidades, en los cuales solo cubrieron a 60 de 153 alcaldías en todo el país.

Ahora Montenegro planteó un escenario distinto. Mencionó que hicieron auditorías en 197 instituciones, sin hacer las diferencias entre ayuntamientos y las otras entidades públicas. Luego sostuvo que habían hecho 226 auditorías de manera directa, 26 auxiliándose de firmas externas y “1,321 con auditores delegados”. Entonces situó las mismas con un crecimiento del 56 por ciento, mientras con aire triunfalista garantizó a los legisladores que estaban “ haciendo su trabajo”.

En la comparecencia legislativa lo acompañaron los otros contralores. En total son cinco, cuatro de ellos del partido sandinista. En el año 2000, la institución se encontraba repartida entre leales a Ortega y simpatizantes del ex presidente Arnoldo Alemán. Luego, los segundos fueron desplazados por sus antiguos socios que ahora hacen mayoría. El control orteguista es total. La quinta contralora resulta ser María Dolores Alemán, hija del caudillo liberal y socio político del actual mandatario.

Info contraloria

Para Tünnermann la asignación de cargos con interés partidario en la CGR conllevó “una repartición de responsabilidades”, por lo que él sugiere el retorno al esquema unipersonal que predominó antes del 2000. Bajo esta modalidad, trabajó Agustín Jarquín Anaya, en el período 1996-2000.

Para el ex contralor Jarquín, “hay un ambiente que es propicio para el abuso, la corrupción y el desempeño mediocre de la gestión pública y con poca responsabilidad y no orientado al servicio ciudadano, ¡todo esto crea una atmósfera, una cultura general a que se incurra en abusos de los fondos públicos, no hay una cultura de probidad ni de rendición de cuentas, ¡lo que se promociona en la actual administración es la fidelidad al partido y sus dirigentes!”.

Los informes oficiales de la CGR en el período 2010-2014 revelan que la institución ha sancionado– civil y penalmente– a decenas de funcionarios por un monto que superó los tres millones de dólares en estos cinco años. En la reciente visita a la Asamblea, esa cifra se elevó también, más del 57 por ciento hasta alcanzar, según Montenegro, “124 millones de córdobas”, es decir 4.13 millones de dólares.

Eso quiere decir que, desde 2010, han impuesto un promedio de un millón de dólares en sanciones por año. El presupuesto de 2015 de la CGR fue de 232 millones 841 mil 901 córdobas. Sobre el ambiente de la gestión pública, Jarquín dice: “Por eso la gente incurre. Si el de arriba hizo el abuso, ¡es ahora o nunca!, porque sé que no va pasar mayor cosa”.

El diputado opositor Armando Herrera, presidente de la comisión de transparencia, denuncia que reina la impunidad y el ex procurador Alberto Novoa no ve voluntad política para investigar la corrupción.

 

Hay un cambio notable en cuanto a la magnitud de la corrupción, lo que los Somoza se robaron en cuarenta años, la actual camarilla ha logrado apropiarse de cantidades mucho mayores en menos tiempo”.
Carlos Tünnermann, educador.

EL FENÓMENO

El filósofo Mario José Sánchez, director del Centro de Análisis Sociocultural de la Universidad Centroamericana, mira el problema de la corrupción como un andamiaje, un sistema que se va estructurando y va acompañado de rasgos culturales.

“Culturalmente hemos venido tolerando varias cosas, en los noventa el bipartidismo y nosotros aceptamos que dijesen magistrados liberales y magistrados sandinistas. Vamos en la cultura política se acepta esas ciertas cosas que no deben permitirse en la democracia. El clientelismo político, el nepotismo, toda esa dinámica,. Hay un espesor que se va enraizando en la cultura y es una estrategia de la clase política. Hay complicidad no sólo de un partido, sino del mismo sistema político”, explica Sánchez.

Sánchez insiste en que la población en la actualidad se moviliza para protestar solo cuando advierte que hay afectación directa a sus intereses como ocurrió en Rancho Grande o con los campesinos de la ruta del canal interoceánico. Para él, el actual gobierno es una administración con una agenda de élites, “cuando se intenta mantener el poder por el poder, sin un horizonte ético”.

 

Somoza García fue muy burdo. Es más difícil cuando entran 500 millones de U$ y vos lo manejás, el dinero venezolano ha pervertido a la sociedad nicaragüense sin que la voluntad política de Venezuela haya sido esa.
Oscar René Vargas, sociólogo

INFLUENCIA EN JUECES

En 2010 la Corte Suprema de Justicia allanó con una sentencia la posibilidad a que el Presidente Daniel Ortega pudiese reelegirse en el cargo.

“Los Somoza preferían ir por la vía constitucional y luego volvían a poner la prohibición (de la reelección) y la volvían a levantar, pero estos (Ortega) fueron directamente al sistema judicial y después lo legalizaron con la reforma constitucional, que ahora permite la reelección indefinida y continua”, explica el ex ministro y educador de generaciones, Carlos Tünnermann.

Según el magistrado liberal Manuel Martínez comentó públicamente en 2013, el control del FSLN alcanza al 70% de la maquinaria judicial, entre jueces y magistrados.

Tünnermann: De las plumas de la gallina a la actualidad

 

Ver Reportaje: El poder de “La Pata” en  Nicaragua

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