A tres días de la cuarta marcha nacional por la derogación de la Ley del Gran Canal (Ley 840), ya se encuentra apostado un retén policial en el empalme Pájaro Negro, entre El Almendro, Río San Juan y Nueva Guinea, Región Autónoma del Caribe Sur.
Mientras un equipo periodístico de LA PRENSA se dirigía hacia San Carlos, Río San Juan, un oficial de tránsito detuvo el vehículo y en repetidas ocasiones el oficial preguntó el motivo del viaje y el destino del equipo.
En la entrada a Río San Juan, a 4 días de la marcha contra el #CanalNi hay retén de la Policía. @laprensa pic.twitter.com/0FaVkJZKwG
— Rezaye Álvarez (@RezayeAlvarez) 19 de abril de 2016
Según Nuriz Sequeira, miembro del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, “normalmente ellos no hacen retén, yo me imagino que ya deben estar ahí por lo de la marcha”.
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En marchas anteriores, campesinos de El Tule, El Dorado y otras comunidades de San Miguelito y El Almendro, han tenido que soportar abusos policiales para poder participar de las manifestaciones.
En marzo pasado, el procurador general de la República, Hernán Estrada, ante la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, informó que los organizadores de la marcha campesina del 27 de octubre de 2015 contra el Gran Canal de Nicaragua, no le informaron a la Policía Nacional sobre la ruta de la misma. Dichas declaraciones fueron refutadas por la asesora legal del movimiento campesino, Mónica López Baltodano.
Esta vez, a falta de respuesta sobre la solicitud de acompañamiento que le presentó el Consejo por la Defensa de la Tierra, la líder Francisca Ramírez le dirigió una carta al comisionado Arnulfo Rocha Mora, jefe de Nueva Guinea, para comunicarle de la actividad programada para este viernes 22 de abril, en la localidad. Ramírez aclaró que el escrito no fue una solicitud de permiso, sino de comunicación, pues la manifestación y concentración es un derecho.
