La muerte del promotor de paz, Andrés Cerrato, ocurrida la madrugada de este 18 de abril en una comunidad de Ayapal, San José de Bocay, le lleva a pensar a la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, en una repetición del pasado, cuando ocurría lo que se calificó de “operación limpieza”.
Y sostiene que el crimen contra Cerrato “tiene característica de una acción de contrainteligencia”.
“La situación está tomando otros ribetes completamente más graves. Ahorita todo parece indicar que en el norte existe lo que se llamaba en otros tiempos, ‘operación limpieza’”, sostuvo la defensora de derechos humanos.
Hechos como el perpetrado contra el pequeño productor tiene como intención —según la presidenta del Cenidh— “(a)callar a la gente, y el campesinado está siendo víctima de una represión”.
“PARA QUE A OTROS NO SE LES OCURRA DENUNCIAR”
Con el crimen contra Cerrato “se (le) está enviando un mensaje de terror al campesinado, para que a otros no se les ocurra denunciar las violaciones a sus derechos de las cuales son víctimas”, dijo Núñez, quien condenó el hecho sangriento contra el productor “que tuvo la valentía de denunciar un mes antes, la represión que era objeto de parte del Ejército”.
“Prácticamente aquí tiene como objetivo matar a alguien que denunció públicamente en un medio de comunicación y, entonces, para que a nadie se le ocurra volver a hablar, para que a nadie se le ocurra denunciar ante organismos de derechos humanos, las iglesias, ante los medios de comunicación, vamos a sentar un precedente”, interpreta la presidenta del Cenidh la acción contra Cerrato.
“Nosotros consideramos que esta situación es verdaderamente grave y que la Policía está en la obligación de investigar. No puede la Policía sumar este caso a los centenares de casos que se han dado en diferentes momentos y en diferentes circunstancias y que se han quedado sin esclarecer”, demandó Núñez.
PLI EN IGUAL DEMANDA
Por su parte, Eduardo Montealegre Rivas, presidente nacional del Partido Liberal Independiente (PLI), al exigirles a las autoridades de la Policía esclarecer el asesinato de Cerrato, expresó su temor de que los crímenes contra activistas, opositores y campesinos que han ocurrido en el país y han quedado en la impunidad, provoquen que en la zona rural los ciudadanos apliquen “el ojo por ojo”.
“Es lamentable que estén ocurriendo estos hechos de violencia, de asesinatos aquí en Nicaragua. La Policía tiene la responsabilidad de esclarecer ese hecho, porque Cerrato denunció lo que estaban haciendo las fuerzas de seguridad de este país y qué casualidad que (después) lo hayan agarrado y a cinco kilómetros de su casa aparezca muerto”, dijo Montealegre.
El líder de la oposición señaló que desde 1990 en el país “han aparecido muchos exjefes de la Contra asesinados y nunca se han esclarecido (los casos)”.
“Después que no se arrepientan (las autoridades) porque el pueblo va a tomar la ley en sus manos, la gente se está cansando. No queremos que aquí se dé una situación de ‘ojo por ojo y diente por diente’, porque sería lamentable para Nicaragua”, advirtió Montealegre.
Expresó que el Ejército y la Policía no pueden seguir sosteniendo que los enfrentamientos que han habido en el campo son contra grupos de delincuentes y no de gente armada con fines políticos.
“Igual decía Somoza del Frente Sandinista, que eran delincuentes”, recordó.
CONTRADICCIONES
Sobre lo que ocurre en esa zona del país, la presidenta del Cenidh recordó que desde hace tiempo las autoridades han caído en una contradicción al reconocer la existencia de grupos armados cuando los señalan como grupos delincuenciales, aunque lo único que cambian es la calificación de los mismos.
Otra contradicción que encuentra Núñez en esa situación es el hecho de que acepten que hay una gran cantidad de grupos delincuenciales armados y por otro lado aseguran que tienen garantizada la seguridad en el campo.
Por otra parte, recordó que tras la presencia de esas agrupaciones, desde hace varios años se vienen dando las ejecuciones sumarias selectivas.
“De diferentes formas han matado a aquellas personas que en determinado momento han sido señalados por ser cabecillas o por tener alguna incidencia de eso que ellos llaman grupos armados”, refirió Núñez, quien recordó que estos hechos la llevan a recordar la época preinsurreccional, en la década del setenta en el norte del país, cuando hubo represión del somocismo en contra del campesinado en Waslala.
“Hoy todo parece indicar que hay una represión selectiva en contra de todo ese campesinado”, señaló Núñez, quien precisó que la población de esa zona durante los años ochenta de una u otra forma se involucró con la Resistencia Nicaragüense.
“Lógicamente ahora estamos en otro contexto político y han optado a otras afiliaciones políticas. Por eso el PLI dice (que) han matado a 15 dirigentes suyos. No es un hecho aislado, no es un asalto cualquiera, es una acción dirigida”, sostuvo Núñez.
DENUNCIAS RECURRENTES
Carlos Langrand, diputado por el PLI, también considera que al gobierno ya le es imposible desconocer “las recurrentes denuncias de los campesinos de abusos que apuntan al Ejército y a la Policía”. “No podemos decir que es una campaña de desprestigio porque son recurrentes estas denuncias y la Policía y el Ejército no aclaran”, dijo Langrand.
El caso de Andrés Cerrato no es el único, según la presidenta del Cenidh, quien recordó que el 6 de abril, la filial de Matagalpa recibió denuncias de José Alfredo Mairena que denunció el asesinato de dos de sus parientes, en una comunidad del norte. Por su parte, el responsable de esa filial, Juan Carlos Arce, confirmó que en los últimos tres años, la violencia en Jinotega ha cobrado la vida de al menos 31 personas.
