Malestar e incertidumbre causó entre los jubilados la cancelación este mes del contrato de atención médica entre los hospitales privados Salud Integral y Sumédico con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Donald Castillo, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados Independientes de Nicaragua (Ajupin), manifestó que “algunas clínicas como Salud Integral, Sumédico, entre otras, nacieron en los años noventa en el garaje de una vivienda y han logrado crecer gracias a los asegurados y pensionados”.
“Eran clínicas de garaje, porque lo que hacían en aquel entonces los dueños de casa era alquilar su garaje para que pusieran ahí un despacho clínico. Luego el Seguro Social vino haciendo contratos con estas personas”, dijo Castillo.
Añadió: “En aquel tiempo les éramos útiles porque, llegáramos o no, ellos cobraban por la persona, como lo siguen haciendo siempre. Ahora a los pensionados ya no los quieren atender porque ya no es rentable para ellos”, dijo.
Castillo señaló que los jubilados se sienten defraudados por no ser tratados bien; sin embargo necesitan atención médica mensual y van donde les resuelvan, es decir, ahora en las clínicas que el Seguro Social ha comprado, como el Hospital Cruz Azul.
NACIERON FUERA DE LA LEY
Por su parte, Manuel Israel Ruiz, especialista en Seguridad Social, manifestó que las llamadas empresas médicas previsionales nacieron en noviembre de 1993 de manera contraria a lo que establecía la Constitución Política y la Ley de Seguridad Social, que era el Estado el que debía brindar esa atención.
Además recuerda que todo empezó bajo la administración del entonces presidente del INSS, Simeón Rizo, quien creó un sistema de atención médica para asegurados y jubilados a imagen y semejanza de las que estaban en Chile en esa época.
“Desde su nacimiento no hubo un marco jurídico que regulara la situación de la clínicas, las obligaciones del INSS, así como los derechos y obligaciones de los asegurados. Hasta hoy no existe ninguna norma ni siquiera a nivel de decreto presidencial”, aseguró Ruiz.
También explicó que uno de los principales problemas de las clínicas previsionales es que todo se hace de manera discrecional, ya que todo se maneja por un contrato entre el INSS y la empresa médica previsional.
El experto en Seguridad Social considera que se debe elaborar una ley que regule el quehacer de las clínicas y vele por los derechos de los asegurados y los pensionados de vejez e invalidez, ya que estos últimos no reciben atención médica.
No puede el sector privado, en materia de salud, hacer lo que se le venga en gana, porque son personas, no mercaderías. No es un asunto de venta”. Manuel Israel Ruiz, especialista en Seguridad Social.
Lea también: Atención a jubilados ya no le era rentable a dos hospitales privados
DIPUTADOS OPOSITORES SOLICITARÁN AUDITORÍAS
El diputado de la opositora Bancada Alianza Partido Liberal Independiente (Bapli), Armando Herrera, miembro de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, aseguró que hasta el momento no hay ninguna iniciativa de ley sobre la regulación de las empresas médicas previsionales en el parlamento.
“Vamos a promoverla próximamente. No obstante lo primero que vamos a hacer los diputados opositores es solicitar que se realicen auditorías en estas clínicas para determinar cómo es la atención que brindan”, dijo Herrera.
JUBILADOS YA NO LES ERAN RENTABLES
Ismael Reyes, director del Hospital Salud Integral, manifestó recientemente a LA PRENSA que ellos renunciaron a brindar atención a los jubilados por distintas razones, una de las cuales es la pérdida de dinero mensual que causaba el programa.
“Al final nosotros estábamos perdiendo dos millones de córdobas mensuales manteniendo ese programa, por eso nos abocamos con el Seguro para explicarle que no podíamos seguir subsidiando el programa. Aparte el INSS tiene sus instituciones, clínicas, tiene Rarpe y Solka, ellos pueden manejar el programa”, informó Reyes.
En ese sentido, Ruiz explicó que las empresas médicas previsionales, para mantener su rentabilidad, primeramente tratan de mantener al asegurado o jubilado a nivel de médico general para disminuir costos, pero tiempo después que el paciente no mejora, lo remiten al especialista.
Además, no brindar el medicamento que está fuera de la lista de cobertura del INSS y enviar al paciente al programa complementario como las farmacias Simón Bolívar y Centroamérica, son otras formas de evitar más gastos.
Ruiz considera que ante la negativa de las clínicas previsionales de atender a los jubilados el INSS debe enfrentar el problema de forma responsable, porque la mayoría son personas mayores de 70 años con enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión.
“El INSS debe decirles a los dueños de las clínicas previsionales que no es asunto de mercancía, son personas que tienen en riesgo sus vidas. Esto (traslado de clínica) puede hacerse de manera gradual, progresiva y responsable”, indicó Ruiz.
SIN HISTORIAL MÉDICO
El especialista Manuel Israel Ruiz manifestó que cuando un asegurado o un pensionado se traslada de una clínica a otra debe irse con su expediente, porque esa es su historia médica.
“De manera que estos ancianos (pensionados que serán trasladados de clínicas previsionales, si no lo solicitan) van sin ningún expediente que lleve el historial médico de cada uno de ellos y muchos estaban en programación de cirugía y comienzan nuevamente a realizarse los exámenes”, sostuvo Ruiz.
Apuntó que no hay un consejo directivo en el INSS que vele por los derechos de los asegurados y pensionados.
