En medio de descalificativos mutuos entre anteriores y actuales miembros salió a luz la división existente en la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH). El detonante fue el informe sobre una investigación realizada en torno al crimen contra Andrés Cerrato, ocurrido el pasado 18 de abril.
Álvaro Leiva Sánchez, quien alega ser el secretario y quien ostenta un poder de la representación de una junta directiva, con acreditación ante la dirección de Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, fue el primero en desautorizar al magistrado del Tribunal de Apelaciones de Estelí, Roberto Petray.
Leiva dijo que Petray no podía hablar en nombre de la ANPDH, pues dejó de integrar la junta directiva formada en diciembre del año pasado, dado que los estatutos de esa organización lo inhibe de participar por ser un funcionario público. “Está usurpando una función y un cargo que no lo tiene acreditado legalmente”, afirmó Leiva sobre Roberto Petray.
Mientras, Petray recordó que es fundador de esa organización y alega que no hay conflicto de intereses en este caso, pues la Ley de Servicio Civil establece que puede participar en otra instancia si el servicio que presta es en calidad educativa y él participaba en ANPDH para brindar capacitaciones.
Petray indicó que no están interesados en mantener un pleito contra Leiva, pero pedirán explicaciones a Gobernación. No obstante, aseguró que en esto advierten “avaricia” por ocupar cargos en que anda Leiva.
El obispo de Estelí, monseñor Abelardo Mata, que según Leiva Sánchez es presidente emérito en esa organización, refirió que el hecho de que Leiva haya “desautorizado” a Petray “es un error gravísimo” de parte de este y lamentó la situación por la que pasan.
Mata explicó que en su caso él presentó su renuncia para que nombraran nuevo presidente y “en esa circunstancia se aprovechó él (Álvaro Leiva) para nombrar una nueva directiva, en la cual él mismo se autodenomina integrante de la directiva y excluyó gratuitamente sin consulta alguna a ocho directivos”. Es por ello que para el obispo Mata hay dos juntas directivas: “una ilegal y una que no fue asentada todavía”.
Petray critica que el Ministerio de Gobernación haya aceptado una nueva junta directiva, cuando no han renunciado ocho de la anterior directiva. Jaime Chavarría es uno de los ocho excluidos. Dice que no fue invitado a esa reunión en diciembre pasado, en la que se formó la nueva junta directiva.
CASO CERRATO
El informe sobre el caso Cerrato fue firmado por el obispo de Estelí, monseñor Abelardo Mata, y dirigido al presidente inconstitucional Daniel Ortega.
El mismo monseñor Mata confirmó que anteriormente había remitido la denuncia de Cerrato, en la que expresaba haber sido amenazado por soldados del Ejército. El informe fue remitido a la
“Secretaría de Gobierno” y a un superior del Ejército, según Mata, relacionado con Inteligencia del Ejército, “que nos prometieron que iban a investigar”.
