Roberto Orozco es consultor independiente y especialista en temas de seguridad. Por eso siempre está pendiente de los temas que involucran al Ejército y a la Policía de Nicaragua y desmenuza cada movimiento que hacen las instituciones de seguridad en el país.
En esta entrevista habla sobre la adquisición de 50 tanques rusos que recientemente se conoció que compró el Gobierno de Nicaragua. Orozco considera que “no es normal” esa compra y avizora que con ello Nicaragua empujó al resto de países centroamericanos a una escalada armamentística.
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Además, también analiza las consecuencias de la Ley de Seguridad Soberana aprobada el año pasado, el malestar del campesinado en las zonas rurales y cómo el Ejército y la Policía han perdido credibilidad ante la opinión pública por lo mal que han manejado esas situaciones.
¿Las muertes de los rearmados de los últimos años ya marcan una tendencia o se siguen viendo como hechos aislados?
Mirá, definitivamente tenés que descartar que se vea como un caso aislado. Desde el 2012 a la fecha lo que arroja el análisis de los asesinatos que han habido, desde “Pablo Negro” o “Yajob”, parece que hay una respuesta del Estado contra los grupos rearmados. Entonces parece que la acción estaría dirigida a personas que son identificadas como elementos de los grupos armados o elementos de apoyo a los grupos armados. Parece que es una acción dirigida, al menos el análisis de los casos apunta a ese patrón.
Pero la Policía y el Ejército siempre dicen que son grupos delincuenciales, narcotraficantes o abigeos.
Eso es un argumento. Independientemente del argumento que tenga el Estado que es la excusa para matar, los delincuentes también tienen derechos humanos y no se les pueden estar violando por una acción represiva. Entonces es una excusa que no deslinda la responsabilidad de aquellos que actúan en nombre del Estado. No puede ser que digan: “¡Ah!, es narcotraficante. Le meto cuatro tiros y ya”. No es ese el punto, el derecho internacional apunta hacia el respeto de la vida. Independientemente de que sea un asesino o un narcotraficante. No se pueden amparar en la delincuencia de una persona para justificar asesinarla.
No todos los asesinatos de rearmados han tenido participación, al menos directa, del Ejército o la Policía, ¿no podría ser que murieron en otras condiciones?
El problema de esto es que no hay cómo comprobar y creo que ese es el verdadero amparo de las autoridades del Estado. Se están amparando en que no existen organismos independientes que investiguen o que tengan capacidad profunda de investigar y auditar la acción del Estado contra la delincuencia y contra los grupos armados. Lo que quiero decir es que el Estado tiene manos libres para hacer lo que quiera en la profundidad del campo. Basándose en el hecho de que por lo menos los organismos de derechos humanos que tenemos tienen muy poca profundidad para viajar a la montaña y montar una auditoría real. Además que las auditorías reales no son vinculantes. Es decir, la Asamblea Nacional que tiene el deber de interpelar tampoco puede hacer nada porque están con las manos atadas. Lo que estoy diciendo aquí es que no existe un mecanismo de control de lo que hace la Policía y el Ejército. Están a manos sueltas.
¿Estos grupos de rearmados representan un peligro tan grande para el país que merezcan esas respuestas desproporcionales que reciben del Ejército y la Policía?
Hasta el momento, hasta la fecha, hasta el día de hoy, no representan una amenaza para la estabilidad del Estado. Pero representan una amenaza para la política del Estado que es distinto. Porque ellos quieren vender a Nicaragua como el país más seguro de Centroamérica. Y eso responde a un interés económico de atraer inversión. Reconocer la existencia de los grupos armados y decir que hay grupos armados con fines políticos es reconocer a nivel internacional que no hay en Nicaragua la estabilidad para la inversión. Por eso es que el Estado no va a reconocer nunca la existencia de grupos armados con fines políticos. Y de ahí la justificación de tildarlos de delincuencia común o delincuencia organizada.
¿Se están intensificando las acciones contra esos grupos armados?
Sí. Mirá hay un recuento que se hace a partir de la información que aparece en los medios de comunicación porque no existe fuente oficial al respecto. Es por eso que el monitoreo que los estudiosos pueden aplicar está un poco abierto. La objetividad puede estar en entredicho. Sin embargo, el conteo que se ha hecho desde el 2012 hasta la fecha, estamos hablando de un poco más de cien muertos entre civiles y aparentemente militares. Por eso nosotros podríamos estar al frente de un conflicto de baja intensidad con resultados fatales, por lo tanto podemos hablar de una posibilidad de que el conflicto se empeore.
¿Que empeore en qué sentido?
El ejemplo inmediato que nosotros tenemos fue la guerra de la Resistencia Nicaragüense en los años 80. ¿Por qué el ejército de la Resistencia se convirtió en un ejército de 30 mil hombres? Precisamente por la respuesta del Estado. Si vos metés al Ejército y a la Policía a reprimir, la reacción es de defensa. Por lo tanto, la acción del Estado obliga al campesinado a rearmarse para defenderse. El campesino está diciendo que mejor que me maten armado y no que me capturen y me metan a la cárcel.
Esto tiene entonces el efecto contrario de lo que ellos buscan.
Exacto. Pero es que el militar no entiende de política. Por eso es que el Ejército de Nicaragua no puede estar al frente de una política de seguridad. Porque lo que el Ejército entiende es que hay un enemigo y hay que aniquilarlo. El cuadro que determina la conducta del militar frente a una situación de riesgo es precisamente su adoctrinamiento. Y el adoctrinamiento militar lo que implica es el aniquilamiento del enemigo. Ese es su objetivo fundamental. Entonces, hay un enemigo, hay que aniquilarlo. Pero sobre el Ejército debe estar el político que es el que valora la situación. Y el político debe estar analizando que una acción represiva en el campo produce una reacción adversa que me puede meter a mí en un conflicto mayor. El especialista debe estar valorando esa situación, no el militar.
Usted mencionaba que nadie les está pidiendo explicaciones… (Interrumpe)
… No solo que nadie les está pidiendo explicaciones, nadie los controla. Que es lo más importante.
Sobre eso va mi pregunta, si no existe ese control ¿se ven escenarios más dramáticos como la creación de escuadrones de la muerte como ocurrió en otras dictaduras latinoamericanas?
Yo creo que todavía es demasiado dramático hablar de eso. Yo lo descartaría por el momento. Esto es un proceso, es decir, todo lo que tiene que ver con la respuesta del Estado al fenómeno de los rearmados del Estado, todo puede empeorarse. En la medida que no haya control sobre las acciones del Ejército sobre los grupos armados, lo que hicieron con Enrique Aguinaga, por ejemplo, eso debería ser investigado y abrir un proceso judicial porque eso fue un asesinato. Pero en la medida que se sigan dando esos casos es el sentido contraproducente. “Mirá lo que hicieron con Enrique Aguinaga, a mí no me lo van a hacer”. Entonces, como eso es un proceso y la acción genera una reacción, lo que están provocando es que la gente se arme y el conflicto se endurezca.
¿Podríamos decir que es lo mismo que ocurrió con la mochila?
El caso de la mochila bomba tiene reacciones serias que todavía no han sido valoradas.
¿Cómo cuáles?
La gente está diciendo que a ellos no los van a matar como pendejos. Ahora, debés de considerar algo, que el talón de Aquiles del orteguismo actual siempre ha sido lo rural, no lo urbano. Por ahí es que le puede explotar a este Gobierno. Y también te digo otra cosa, es la falta de profesionalismo en la actuación militar y policial, lo que podría estar endureciendo la situación de inseguridad en el campo. ¿A qué me refiero con esto? No recuerdo quién lo dijo, pero me acuerdo de la frase y fue un militar el que lo dijo: “El Ejército jamás volverá a disparar contra el pueblo en esta nación”. Pero esa es una promesa que se quedó en el aire porque el Ejército actualmente está disparando contra el campesinado nicaragüense y contra la ciudadanía violentando la promesa que se hizo en el pasado. ¿Por qué digo que es una falta de profesionalización? Porque precisamente son actuaciones militares que se desprenden de una posición política. Aquí no estamos defendiendo la nación, Nicaragua ni la soberanía, estamos defendiendo el régimen. Y en la medida que el Ejército se disponga a defender el régimen, está actuando antiprofesionalmente.
Usted mencionaba el tema de los derechos humanos también está afectando aquí en la ciudad donde la gente se queja de más abusos de parte de la Policía. ¿Es así o es un asunto de percepción?
Estaba leyendo que se les murió otro reo en Matagalpa. Es decir, de acuerdo con las veces que aparecen estos casos en los medios de comunicación, parece que en los últimos años eso se ha vuelto sistemático. Es más recurrente que en los años pasados. Aparentemente las violaciones de los derechos humanos por parte de las instituciones del Estado de Nicaragua son más frecuentes. Se deben a que el ejecutivo que debería ejercer control sobre las instituciones de seguridad no lo está ejerciendo. Aquí estamos ante una situación en que están actuando con las manos sueltas.
Si van en incremento y nadie los controla, ¿a qué nos atenemos?
Mirá, no sabría decirte, pero la Policía, empeorar más no puede. Ya está en el fondo, ya está en el límite. Está en el punto en que la deslegitimización social es inmensa.
Pero cuando vemos las encuestas la Policía tampoco está en los últimos lugares, ya no en los primeros, pero no ha caído tanto.
Para mí lo que digan las encuestas es inválido. Yo no creo en las encuestas. Yo he sido testigo de instituciones de Seguridad que pagan a firmas encuestadoras y salen bien libradas. No se puede tomar eso como una referencia objetiva. Al menos en Nicaragua las encuestas son sesgadas y pagadas por instituciones del Estado.
Después de la aprobación de la Ley de Seguridad Soberana el año pasado, ¿qué ha cambiado en el actuar de la Policía y el Ejército?
La Ley está vigente. Creo que está siendo aplicada de una manera sutil, sin embargo no se ha hecho referencia, no han apelado a la existencia de la ley porque creo que hasta ahora no ha sido necesario. Pero está como un último recurso cuando la cosa se endurece.
¿Estamos hablando de casos tipo Mina El Limón?
Exactamente. No ha habido casos como Mina El Limón, pero creo que podríamos estar cerca de otro caso similar. El análisis y las circunstancias están apuntando a un empeoramiento de las condiciones de la estabilidad social y política del país.
Pero cuando se discutía la Ley muchos decían que era incluso peligroso hasta para los “miércoles de protesta” y al final no fue así.
La ley fue diseñada para algo superior a una simple protesta que ya se sabe que no está causando ningún efecto grave para el Estado.
El otro tema del que mucho se ha hablado en las últimas semanas es el tema de los tanques rusos. ¿Lo ve como una compra innecesaria como muchos lo han calificado?
Ese asunto creo que ha sido un poco mal abordado. Por una situación muy específica. Nosotros debemos de considerar que los ejércitos son una de las instituciones más pragmáticas, más prácticas que hay a nivel del Estado. La pregunta que hay que responder sobre la adquisición de los tanques es ¿para qué? En ese sentido el Ejército de Nicaragua ha descifrado un escenario posible en el cual ellos valoraron que era necesaria la adquisición de tanques. Y no la adquisición de cualquier tipo de tanques, la adquisición de ese tipo de tanques que están equipados con un sistema de detección de minas y de disparo. Lo que no sabemos es precisamente cuál escenario porque eso fue estudiado en una reunión con altos mandos donde dijeron que para defendernos necesitamos tal cosa. Y ahí los tanques son un elemento de un proceso de fortalecimiento de la capacidad militar que se viene dando desde hace cierto tiempo. La adquisición de la artillería antiaérea. Todo apunta a un escenario de guerra convencional. Esto te lo estoy diciendo a partir de la elucubración, porque el único que tiene la respuesta es el Ejército.
Pero no lo ve como parte de eso que dicen muchos que defienden la compra, se trata de una modernización normal por parte del Ejército, eso dicen.
(Risas) Este fortalecimiento de la capacidad militar del Ejército de Nicaragua no es nada normal. ¿Por qué? Porque este fortalecimiento está quebrando con el balance regional de las fuerzas que estaba pactado en el Tratado de Seguridad Democrática Centroamericana. Por lo tanto Nicaragua está rompiendo con ese balance regional de fuerza y está originando una escalada armamentista en Centroamérica porque los otros ejércitos van a tener la necesidad de adquirir armamento militar similar para equipararse. Nuestra región, con los conflictos fronterizos que tenemos, no es todavía una región de paz garantizada. Así que es muy probable que nosotros pudiésemos estar preparándonos para un conflicto, cómo le llaman en términos militares, tradicional, podíamos decir.
Plano personal
Roberto Orozco tiene 49 años. Está casado y tiene cinco hijos.
Actualmente es consultor independiente en temas de seguridad y le dedica mucho tiempo a su trabajo.
Le gusta caminar grandes distancias, al punto que mucha gente le vive comentando que lo ven sudando por las calles.
Es fanático del gallo pinto. Dice que como buen nicaragüense no puede evitar comerlo.
Le gusta leer y dice que prefiere los libros de Tom Clancy y Robert Ludlum.
No le gusta mucho viajar, pero sí le gusta el turismo.
Estudió Derecho en la Unica y sobre temas de seguridad en Estados Unidos.
Aunque nunca se graduó de periodista, ejerció la profesión desde 1988 hasta 1996, donde se especializó en temas de Seguridad.
