El Gobierno en representación del Estado de Nicaragua recibió el pasado 26 de febrero el informe sobre la visita que hace dos años realizó a las cárceles del país el Subcomité de Prevención de la Tortura (SPT) de las Naciones Unidas.
A través de una comunicación escrita LA PRENSA conoció de parte de Yulia Babuzhina contacto establecido por la oficina del SPT, en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ( ACNUDH), en Ginebra, que a raíz del envío del informe dirigido al Gobierno le solicitó que envíe la información detallada sobre las medidas adoptadas para poner en práctica las recomendaciones, en un plazo de seis meses.
Señala la comunicación escrita que aunque el informe es enviado al Estado parte de forma confidencial conforme al Protocolo Facultativo el SPT exhortó al Gobierno a hacerlo público.
Un dato interesante: 10,000 almas privadas de libertad en Nicaragua
Es de destacar que el artículo 16, inciso 4, en la parte III sobre el mandato del SPT del Protocolo también prevé medidas en caso de que el Estado se niega a cooperar, el cual establece en parte que “el Comité contra la Tortura podrá, a petición del Subcomité para la Prevención, decidir, por mayoría de sus miembros, después de que el Estado Parte haya tenido la oportunidad de conocer sus opiniones, hacer una declaración pública sobre la cuestión o publicar el informe del Subcomité para la Prevención”.
De la visita que el SPT realizó a Nicaragua entre el 7 de mayo y 16 de mayo del 2014 únicamente se conoció lo expresado en una comunicación escrita de parte del jefe de la delegación Enrique Font, en la señaló: “La situación actual de las personas privadas de libertad de libertad en Nicaragua es sumamente preocupante”.
Al tiempo que confió que “nuestros hallazgos y recomendaciones serán utilizados por el Gobierno de Nicaragua para eliminar cualquier forma de maltrato en lugares de privación de libertad y para mejorar las condiciones en que se encuentran las personas detenidas”.
UN CASO EMBLEMÁTICO
En este contexto se ubica la historia de Marvin Vargas, el exlíder de la Fundación de Veteranos de Guerra. Su seguridad está en riesgo debido a que en la galería dos baja de la Cárcel Modelo guarda prisión junto con dos grupos de pandillas rivales, denunció su esposa Johanna Aguilar.
“Esas dos bandas se agarran y él saca terminación porque también lo agarraban a pedradas , casi le sacan el ojo con una tiradora”, expuso Aguilar, quien consideró que la vida de Vargas está en peligro.
Vargas es uno de los casos cuyos familiares de forma constante han denunciado maltrato en las penitenciarías. “Este es un problema de nunca acabar”, sostuvo la denunciante quien reiteradamente se ha quejado en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Aguilar, quien dijo no sabe “qué puertas tocar”, advirtió que: “Hasta que salga muerto en una caja lo van a entregar”.
La denunciante considera que el objetivo de todo esto es de que Vargas no salga de la cárcel, pues el 9 de noviembre terminó su condena y “ellos no hayan cómo hacer para que Marvin o se meta a problemas o lo maten”.