Los noticieros de Radio Corporación criticaron la encuesta que la empresa M&R Consultores dio a conocer la semana pasada, no por sus resultados abrumadoramente favorables a Daniel Ortega y su partido —y absolutamente desfavorables para la oposición democrática—, sino porque no se dice quién o quiénes pagan esas encuestas.
Por su parte el periodista experto en comunicación social, Adrián Uriarte, en un artículo de opinión que se publica en esta edición de LA PRENSA, critica la misma encuesta por el sesgo que tiene la muestra, pues según dice, el 98 por ciento de los entrevistados son personas de muy bajo nivel de educación y, por lo tanto, carecen de capacidad crítica para analizar debidamente la realidad.
En cuanto a la crítica por la falta de información sobre quién paga la encuesta, el director de M&R Consultores, Raúl Obregón, declaró a un periodista de Radio Corporación que en realidad son varias encuestas del tipo llamado ómnibus, o sea que buscan información sobre diferentes temas solicitados por distintas personas, de manera que todos las pagan pero nadie en particular.
La explicación del señor Amador es correcta en cuanto a que las personas que pagan por las consultas sobre temas de su interés particular, no quieren ser mencionados públicamente y con esa condición incluyen sus preguntas las encuestas ómnibus. Sin embargo ese criterio no es válido para las encuestas políticas, las cuales son del interés público general y la ciudadanía tiene derecho de saber quienes las financian, para valorarlas apropiadamente.
Como parte que son del sistema electoral democrático, las encuestas tienen que llenar los mismos requisitos de calidad, transparencia y confianza que cualquier otro mecanismo del proceso de elecciones, como por ejemplo el conteo y distribución de los votos.
En Nicaragua las encuestas se comenzaron a hacer hasta en la campaña electoral para los comicios de 1990, pero en el mundo democrático se vienen haciendo desde mediados del siglo 19, después de que en 1835 se realizó por primera vez un sondeo periodístico en los Estados Unidos. A partir de entonces se ha desarrollado una cultura democrática de encuestas, las cuales, como advierte el académico español Alberto Penadés —sociólogo, politólogo y experto en Derecho Electoral—, para que sean válidas y confiables deben ser del conocimiento público siete datos principales: primero, quién hace la encuesta; segundo, quién la paga; tercero, cuándo se hizo; cuarto, cuántas personas respondieron y cuáles eran sus características demográficas; quinto, cómo fueron seleccionados los entrevistados y de qué manera se aplicó el cuestionario de la encuesta; sexto, qué preguntas se hicieron; y séptimo, cuál es el margen de error, nivel de confianza y porcentaje de no respuesta.
El conocimiento público de todos esos datos, sobre todo el de quién paga la encuesta, es una garantía de transparencia que da confianza a los ciudadanos y al encuestador el indispensable respeto profesional.
De manera que la pregunta de Radio Corporación acerca de quién paga las encuestas tiene absoluta validez y debería de ser respondida con la mayor sinceridad.
