El 5 de mayo, un grupo de 27 ciudadanos y ciudadanas, de diferentes posiciones políticas e ideológicas, hicimos público un Manifiesto bajo el título: “No permitamos que una minoría secuestre a la Nación”. El documento produjo un fuerte impacto en la opinión pública, tanto por quienes respaldamos el Manifiesto como por su oportunidad y contenido.
El Manifiesto subrayó el serio cuestionamiento en que se encuentra, tanto a nivel nacional como internacional, el actual sistema electoral, que no goza de la credibilidad y capacidad necesarias para garantizar la realización de un proceso electoral libre y transparente, “sin coacciones ni abusos de ninguna clase, garantizando igualdad de condiciones para todos los contendientes y un conteo de votos honesto y transparente”. Solo de esta manera, agrega el Manifiesto, “los resultados obtenidos reflejarán fielmente la voluntad soberana del pueblo otorgando la legitimidad necesaria a quienes resulten electos”.
Advierte el Manifiesto que ninguna de las recomendaciones formuladas por los organismos de observación se han puesto en práctica. Por lo tanto, “de no cambiar estas circunstancias, se estarían cerrando los cauces democráticos y alentando el regreso de la confrontación violenta, como ha sucedido tantas veces en nuestra trágica historia”. Confrontación violenta que nadie quiere, pero que el empecinamiento gubernamental en negarse a dar elecciones libres y transparentes está propiciando.
El Manifiesto recuerda que en junio de 1974, cuando Anastasio Somoza Debayle impuso condiciones para su reelección, un grupo de 27 ciudadanos nicaragüenses emitió un pronunciamiento visionario, señalando que si Somoza se empeñaba en apartar a los nicaragüenses de la vía cívica y pacífica del camino electoral, “este empecinamiento constituye una abierta provocación al pueblo, que se vería obligado a buscar legítimamente oros procedimientos para encontrar sus propias soluciones, de lo cual, el mismo gobierno será directamente responsable”.
El Manifiesto del Grupo de los 27-2016 advierte: “Hoy, igual que ayer, Ortega, lo mismo que Somoza, será el responsable del fracaso de estas elecciones y las graves consecuencias que de él se deriven”.
Las consideraciones sobre el proceso electoral del Manifiesto del Grupo de los 27 terminan con un llamado a participar en las próximas elecciones para derrotar el sistema corrupto que nos gobierna, pero agrega: “Sin embargo, dicha participación debe estar sujeta a una evaluación periódica, pública y sistemática, en las distintas fases, bajo la bandera del derecho a elegir y ser electo, como un ejercicio democrático que incluye, también, el derecho a denunciar y a no legitimar un proceso viciado y espurio”.
Por supuesto, la principal condición para asegurar unas elecciones libres y transparentes, que se ha transformado en un reclamo nacional avalado por las más de cincuenta protestas llevadas a cabo los miércoles de cada semana desde el año pasado, sería la sustitución de todos los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE).
La “Agenda Básica de Nación para el Cambio”, propuesta por el Movimiento por Nicaragua, incluye como uno de sus puntos claves para recuperar la institucionalidad y gobernabilidad democrática: “La reestructuración del poder electoral, eligiendo magistrados y funcionarios de reconocida honestidad”. Algo similar pidieron los señores obispos de la Conferencia Episcopal, en la carta que entregaron a Ortega el 21 de mayo del 2014. Pero Ortega ha puesto oídos sordos a todas estas demandas.
De no haber cambios en el CSE, por lo menos deberían garantizarse la observación electoral nacional e internacional oportuna, con todas las garantías del caso. Pero, además, se requeriría insistir en la auditoría y depuración del padrón electoral; la entrega de las cédulas de identidad sin sesgo partidario; la acreditación y el respeto para los fiscales electorales de la oposición; suprimir el nombramiento de directores o coordinadores de Centros o Consejos Electorales, ya que se trata de funcionarios no contemplados en la Ley Electoral. Estos directores suelen ser militantes del FSLN que dificultan el trabajo de los fiscales de la oposición, llegando incluso a expulsarlos de las Juntas Receptoras de Votos; y la obligación del CSE de dar a conocer los resultados electorales Junta por Junta.
Sin estos requisitos, no hay credibilidad electoral. Pero, si estas condiciones se cumplen y la ciudadanía asiste masivamente a las urnas electorales, el fraude electoral será imposible o más fácil de denunciar ante la opinión internacional.
El autor es jurista y escritor.
