Reforma a ley 842 para proteger a usuarios - La Prensa

Reforma a ley 842 para proteger a usuarios

La propuesta de iniciativa de reforma a la Ley 842, Ley de Protección a los Derechos de los Consumidores, posiblemente sea incorporada en el segundo semestre del año con el aval de diputados independientes.

20/06/2016
proteger a usuarios, Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor, Telecomunicaciones, Empresas Médicas

Juan Carlos López, coordinador del Centro Jurídico de Ayuda al Consumidor. LAPRENSA/M.CALERO

La propuesta de iniciativa de reforma a la Ley 842, Ley de Protección a los Derechos de los Consumidores, posiblemente sea incorporada en el segundo semestre del año con el aval de diputados independientes. Esta reforma incorpora adiciones como caso de negligencia médica, telecomunicaciones, urbanizaciones y temas arancelarios en educación con el fin de proteger a usuarios.

Juan Carlos López, coordinador del Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor (CJSAC), manifestó que muchas personas llegan pidiendo ayuda en estos temas, pero como la ley no los cubre, los usuarios se encuentran desprotegidos.

Lea: Urge reforma Ley de Protección de las Personas Consumidoras y Usuarias

“La iniciativa va ser respaldada por diputados independientes, entre ellos Lisseth Montenegro y Santiago Aburto. Ellos se han interesado en esta reforma porque se han puesto en los zapatos de los usuarios y saben que es una necesidad porque sin una reforma no podemos hacer nada, estamos atados como dicen”, sostuvo.

Explicó que el objeto de la presente ley se fundamenta en un interés social que permita a la ciudadanía una mejor protección y garantía de derechos, “máxime cuando se cercena y vulnera la economía de los ciudadanos cuando de manera irresponsable, impositiva e inhumana cada vez más la población queda desprotegida ante grandes entidades en el mercado de una u otra forma”.

TELECOMUNICACIONES

En esta reforma se contempla la adición de un capítulo para el servicio de telecomunicaciones, pues López asegura que se estaba dando publicidad engañosa.

“Hay muchos reclamos por la vigencia del saldo, por la duración de los planes que ofrecen las compañías y los contratos, antes se daban muchas quejas porque había penalidad para los consumidores que querían suspender su contrato. Tengo entendido que eso ya no se está dando pero obviamente esto no hubiera pasado con una ley de protección en este tema a los consumidores”, expresó López.

EMPRESAS MÉDICAS

Otro punto importante es que los usuarios de las Empresas Médicas Previsionales (EMP) podrán denunciar, demandar administrativamente y hasta interponer quejas ante la Dirección General de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras (Diprodec) por el maltrato, discriminación y mala práctica del servicio médico que estas ofrecen.

“Luego la Diprodec llevará un informe en coordinación con el Minsa e INSS, de los casos presentados por denuncia de los usuarios de las clínicas médicas, en donde podrá proceder a someter en análisis el comportamiento de estas EMP para con los usuarios. ¿Por qué se está haciendo con las EMP?, porque es donde más denuncias se recepcionan”, afirmó.

Asimismo se incluye un capítulo para las universidades y colegios, con el objetivo de regular los aranceles y otros servicios que brindan.

Agregó que el tema de fiscalización de las universidades privadas y colegios es importante porque si los estudiantes se quieren quejar de abuso de aranceles y cobro en dólares lo pueden hacer, pero estos casos los revisa la misma decanatura y el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y en ese sentido se pierde la autonomía.

Por su parte, Ernesto Medina, rector de la Universidad Americana, manifestó que es necesario que este tema se debate antes, pues cualquier intento de imponer tasa desde la Asamblea Nacional u otra instancia es una violación a la autonomía universitaria.
“¿Por qué solo las universidades pueden saber cuánto cuesta el servicio que ellas dan? Es un tema muy delicado y se toca, hay que sentarse a dialogar, nosotros estamos dispuestos”, dijo Medina.

URBANIZACIÓN Y QUEJAS

En la reforma a la Ley 842 se incorpora el tema de las urbanizaciones donde se propone crear una comisión intersectorial obligatoria para analizar los casos colectivos de demandas, quejas y denuncias de parte de los usuarios de los servicios de las urbanizadoras, cuando exista incumplimiento de los contratos.

Dicha comisión estaría integrada por: Diprodec, Invur, Cosep, Cadur, representante de la Alcaldía de Managua y representante de consumidores o usuarios de estos servicios.

La comisión conocerá de los casos para emitir resoluciones sin detrimento de acceder a los trámites administrativos.

PROCURADURÍA

En la propuesta de reforma a la Ley 842, se fomenta la creación de la Procuraduría Nacional del Consumidor adscrita a la Procuraduría General de la República y conformada orgánicamente con representantes institucionales de entes reguladores, Diprodec, Procompetencia y representantes de organizaciones de consumidores, para tener control de las empresas denunciadas, ministerios y entes reguladores, en caso que no sean resueltos en los parámetros legales establecidos.

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