El excanciller Francisco Aguirre Sacasa advirtió que “el recorte de la ayuda de las IFI (Instituciones Financieras Internacionales) sería catastrófico para Nicaragua”, en alusión al proyecto de Ley estadounidense para condicionar la inversión internacional a Nicaragua.
“No olvidemos que somos la economía más pequeña de Latinoamérica y el segundo país más pobre del hemisferio. Por eso dependemos del flujo de ayuda que ellos nos brindan. En el caso del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) estamos hablando de más de US$200 millones al año y el Banco Mundial contribuye con US$50 millones adicionales. Pero tan o más importante que la plata es el “aval” que estas instituciones nos dan. Sin estos dos elementos —plata y aval— caeríamos sin duda en una profunda recesión”, manifestó Aguirre, haciendo una valoración de las consecuencias que tendría la aprobación de la “Ley Nica”, como él la llama.
LEJANA APROBACIÓN
Sin embargo, Aguirre considera que la “Ley Nica” tiene poca probabilidad de ser aprobada en el corto plazo: primero, “porque Norteamérica se encuentra inmersa en un complicado proceso electoral y el Congreso estará en receso prácticamente todo el tiempo entre ahora y la toma de posesión del próximo presidente el 20 de enero de 2017”. Y segundo, porque “los senadores y diputados que están preocupados por el rumbo del gobierno del comandante Ortega tendrán que convencer a una mayoría de sus colegas en ambas Cámaras de que esta acción es justificada. Y una vez logrado esto tendría que contar con la firma del nuevo presidente”.
Aun así, el excanciller afirma que “las acciones de Daniel Ortega han despertado malestar en Washington”. La gota que rebalsó el vaso, según Aguirre, fue la descalificación a los observadores internacionales, a quienes Ortega llamó “sinvergüenzas”.
“Entre los latinoamericanistas de los Estados Unidos, las acciones que Daniel ha tomado en las semanas después del 4 de junio, cuando anunció que no habría observación para las elecciones de noviembre, constituyen un ‘golpe de gracia’ para la democracia representativa en Nicaragua”, expresó Aguirre.
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Otras respuestas a las acciones de Ortega habrían sido la cancelación de la visita de la segunda dama, Jill Biden a Nicaragua; la “alerta” para viajeros con destino a Nicaragua; y ahora la diputada Ros-Lehtinen unió fuerzas con nueve colegas en la Cámara Baja para amenazar a Nicaragua con un proyecto de Ley, con el cual el gobierno de Ortega tendría problemas para acceder a recursos.
FREEDOM HOUSE APOYA LEY
La organización Freedom House, que aboga por la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, emitió una declaración en la que respalda el proyecto de Ley Nicaraguan Investment Conditionality Act of 2016, HR5708, (Ley de condicionalidad a las inversiones en Nicaragua), presentada ante la Cámara de Representantes por los congresistas Ileana Ros-Lehtinen (republicana) y Albio Sires (demócrata).
Mark P. Lagon, presidente de Freedom House, dijo que esa organización aplaude la iniciativa de los congresistas Ros-Lehtinen y Sires, por su liderazgo en apoyar la democracia y la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, al tiempo que urgió al Congreso aprobar esa Ley, al considerar que esa legislación contribuiría a que haya reformas en la nación centroamericana, gobernada por el presidente inconstitucional Daniel Ortega