La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, y su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva no asistirán a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro el 5 de agosto, dijeron el martes a la AFP allegados a ambos.
“Ella no va a ir”, dijo a la AFP una fuente del Palacio de Alvorada, donde la mandataria espera el resultado de su juicio de destitución, previsto para fines de agosto.
Los Juegos serán abiertos en el estadio Maracaná por el presidente interino Michel Temer, exvice de Rousseff que se tornó su acérrimo enemigo, y que se prepara para hacer un discurso relámpago para evitar ser abucheado.
“Lula no irá”, indicó asimismo el portavoz del Instituto Lula, José Chrispiniano, en un breve correo electrónico.
Rousseff, suspendida de su cargo hace casi dos meses y medio mientras el Senado la juzga por manipulación de las cuentas públicas, ya había indicado esta semana que no pretendía relegarse a una segunda fila en los Juegos.
“No pretendo tener un papel secundario en los Juegos de Río. Para empezar, son el fruto del gran trabajo del expresidente Lula (2003-2010). En segundo lugar, el gobierno federal proporcionó la infraestructura de las Olimpiadas”, señaló Rousseff el lunes en una entrevista con el servicio en portugués de la emisora francesa Radio France Internationale (RFI).
El carisma internacional de Lula ayudó enormemente a Río de Janeiro a ser elegida en 2009 como la primera ciudad de Sudamérica en acoger unos Juegos Olímpicos.
“Los Juegos Olímpicos volverán a dar confianza al pueblo de Brasil”, afirmó Lula, llorando de alegría el 2 de octubre de 2009 al recibir la noticia del Comité Olímpico Internacional (COI), que fue festejada en una gran fiesta a la que acudieron cientos de miles de personas en la playa de Copacabana.
La invitación para la ceremonia inaugural del 5 de agosto cursada por la organización de los Juegos a Rousseff es similar a la que recibieron Lula, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello y José Sarney, detalló el diario Estadao.
Rousseff está siendo juzgada por el Senado tras haber sido acusada de aprobar gastos sin la autorización del Congreso, lo que podría constituir un crimen de responsabilidad que atañe solo a los funcionarios públicos. Según la Carta Magna, esa infracción puede costarle la destitución definitiva.
