En realidad, la democracia no crece espontáneamente, sino, que debe ser regada, como decía Jefferson.
Vivimos una época de degradación, causada por Ortega en el poder. Su dictadura reduce la política al servilismo abyecto, cuya muestra más repugnante es el zancudismo, que ahora, además de la zalamería colaboracionista presenta rasgos represivos, como agentes directos de la supresión de derechos formales.
Navarro, acorde con este proceso electoral ilegítimo, propone una ley que penalice llamar a la abstención electoral. Pedro Reyes, un desconocido a quien Ortega le asigna la personería jurídica del PLI, solicita que a 28 diputados opositores se les quite la curul, para adueñarse de esos puestos parlamentarios, sin que nadie hubiese votado jamás a favor de su colaboracionismo servil.
Navarro —prototipo de este período degradante— explica, a nombre del orteguismo, que el pueblo vota por listas cerradas. Así, el pueblo no puede pedir cuentas a quienes elige con su voto, porque quien los enlistó es dueño de los curules. Las listas —a discreción de Ortega— cambian de dueño en cualquier tiempo, y los diputados le rendirían cuentas al nuevo dueño orteguista. ¿A qué votar entonces si, al fin, Ortega toma una espátula y reparte el parlamento como un pastel?
Pedro Reyes no representa a 800 mil ciudadanos que votaron por el PLI opositor.
Al despojar de sus curules a los diputados opositores del PLI, hay una absurda aplicación retroactiva de la ley del transfuguismo. Vuelta hacia atrás, como un calcetín, su significado resulta abiertamente anticonstitucional, contrario al previsto. De modo, que se violenta, precisamente, la voluntad ciudadana expresada en las urnas (que dicha ley —¡vaya contradicción esencial!— demagógicamente pretende defender).
La ley que penaliza el transfuguismo procuraría reafirmar (aunque de forma esquemática) la fidelidad al voto ciudadano. Voto que no es para el partido (como concepto jurídico hueco), ni para el jefe del partido, quien no es objeto de elección (menos si lo proclama Ortega cuatro años después), sino, que se elige la línea política estratégica que los opositores presentaron ante los votantes durante los comicios electorales. Las elecciones parlamentarias no resuelven una disputa sobre una propiedad político-mercantil, que luego viste cualquiera como un traje, sino, que la ciudadanía delega, mediante el voto, su representatividad política en el poder más político de todos.
Pedro Reyes, con su servilismo colaboracionista, no representa políticamente a los ciudadanos que votaron por el PLI en 2011, sino, que representa a Ortega. Y el Consejo Supremo Electoral orteguista, al destituir (por solicitud de un advenedizo oficialista) a los diputados del PLI, electos en 2011, comete a los ojos del mundo un delito grave: un fraude retroactivo, un robo a plena luz que desvirtúa la decisión electoral de 800 mil ciudadanos opositores (31 por ciento del electorado).
El zancudismo daría a Pedro Reyes (hijo pródigo del absolutismo) oportunidad de mendigar privilegios espurios hacia adelante, pero, no asumir un liderazgo imposible, contrario a los resultados electorales pasados. Al menos, no, por la posición digna de los diputados electos. Dignidad que no basta, sin una lucha consecuente.
El absolutismo es irracional. Ortega crea un efecto dominó de errores subsiguientes, cada vez más graves, hasta violar repetidamente la Constitución. Esta serie de abusos de legalidad, donde el anterior pasa la estafeta al siguiente, es una carrera ciega contra la gobernabilidad, que deslegitima, primero, su propio proceso electoral amañado, y luego, todo el orden legal de su sistema absolutista, puesto en evidencia como armazón jurídico irracional. Ortega desbarata a patadas todo resabio de legalidad sensata.
Dualismo de poder. Se acercan tiempos económicamente difíciles. Una crisis objetiva de recursos, que eliminará por completo las políticas clientelistas. Ortega, que no es un estratega para avanzar en contra de las dificultades objetivas, sabe que el absolutismo le permite reconfigurar irracionalmente, a manotazo limpio, el aparato de la represión estatal.
Así, se aísla día a día. Y al restringir operativamente al Estado, promueve un dualismo de poder, por simple rebelión inmunológica de la sociedad contra su parte enferma. Esta farsa electoral vuelve imperioso, para la sociedad, un gobierno alternativo que convoque a los luchadores sociales a elegir una Asamblea Constituyente, para establecer un nuevo Estado de derecho.
Esta es la dinámica estratégica para enfrentar consecuentemente al absolutismo desbocado.
El autor es ingeniero eléctrico.
