La propuesta de reglamento de Ética Electoral del Consejo Supremo Electoral (CSE) fue calificada por representantes de organismos de derechos humanos y de la sociedad civil como ley del bozal, abuso, coacción e intimidación, de parte del Gobierno.
“(Es) Un abuso, un acto dictatorial”, reaccionó Azahalea Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) y miembro de Unión Ciudadana por la Democracia, quien considera que esto lo que demuestra es que “están con temor, ellos dieron la pauta cuando inventaron que un 95 por ciento de la gente fue a verificarse; cuando lo que vimos fue una enorme ausencia de ciudadanía (y) están preocupados, quieren aparentar que la ciudadanía está contenta que le violen su derecho”.
Solís las calificó también como “medidas de coacción, de intimidación para que nos callemos y aparezcan como que todos estamos de acuerdo con que nos violen los derechos”.
Para la feminista esto indica que el Gobierno intenta apoderarse de las redes sociales de dos maneras: que el ciudadano se autocensure e imponiendo sanciones de manera selectiva, lo cual estimó generará mayores conflictos y violación de derechos, al tiempo que cada vez menos espacio para el ejercicio de la ciudadanía.
PARTIDOS POLÍTICOS DEBEN PRONUNCIARSE
El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, lo describió como “un atentado contra la libertad de expresión”, cuando señaló el Gobierno no puede hacer “censura previa, sobre procesos electorales que al final y al cabo es una opción del nicaragüense si vota o no vota”.
“También es un bozal en donde el nicaragüense se le priva de expresar y decir lo que piensa de un proceso electoral… los partidos políticos deberían ser los primeros en reclamar por este reglamento que va en contra de la Constitución Política (…) es un bozal que le quieren poner a los nicaragüenses, pretender cercenar el derecho de opinar a través de las redes sociales”, sostuvo Carmona.
El funcionario de la CPDH coincidió también con Solís de que esta “es una manera de intimidar al ciudadano de que pueda vertir opiniones que no les favorezca a ellos (CSE), es un reglamento muy peligroso porque está amedrentando desde ya a los ciudadanos, pero también a posibles comentarios, que de seguro van haber”.
Y criticó que el CSE deberían establecer también la no utilización de los bienes del Estado y la no utilización de banderas partidarias en instituciones públicas.
AMENAZA EJERCICIO A LA LIBRE EXPRESIÓN
El director ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) Mauro Ampié, por su parte, consideró la propuesta como “una iniciativa invasiva al derecho de libertad de expresión reconocida en la Convención Americana”, sobre todo en el ámbito de las opiniones que puedan vertirse durante el proceso electoral.
“Definitivamente esto representa una amenaza para el ejercicio de este derecho que está protegido por la Convención Americana”, sostuvo Ampié, quien recordó que hay gobiernos en el mundo que han pretendido restringir el acceso a la internet y en este caso el CSE en Nicaragua lo que busca es hacer corresponsable a todos los ciudadanos incluidos los comunicadores “de este supuesto deber de contribuir a un proceso que ha merecido las críticas que todos conocemos”.
“El Cenidh está consciente del derecho que nos asiste a todos expresarnos libremente, los nicaragüenses no debemos de renunciar a expresarnos pese a los obstáculos”, instó el dorector del Cenidh.
Por su parte el secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, consideró que el Gobierno intenta controlar las redes sociales porque en los últimos años ha venido a llenar los espacios dejados, tras el control de los medios formales de comunicación por parte del oficialismo y han jugado un rol determinante en el país.
“La ANPDH ha venido señalando que se han venido cerrando los espacios a nivel de los medios de comunicación como una estrategia del Estado de Nicaragua de cercenar el derecho a la libre comunicación y de acceso a la información que deben tener como derecho humano todos los nicaragüenses”, dijo Leiva Sánchez.
Y recordó que los países que señaladas de tener administraciones totalitarias no tienen voluntad de cumplir con derechos humanos de los ciudadanos y el tema de las redes sociales no es muy amigable con el tema de las prácticas del actual Estado pues ha representado la comunicación real. Leiva Sánchez estima que ese proyecto de reglamento y la Ley de Seguridad Soberana (Ley SS) “están intimamente relacionadas con la falta de tolerancia, falta de voluntad que el estado tiene a los derechos humanos de la sociedad nicaragüense”.
APEGADA A LA LEY
Luisa Molina, de la Coordinadora Civil, expresó que como usuaria de las redes sociales ella se apega a la Convención Internacional de derechos humanos, en cuanto a que “todos los seres humanos somos libres para expresarnos, movilizarnos y decir lo que queramos”.
También dijo, a la Constitución Política de Nicaragua que establece que “los nicaragüenses somos libres para expresar nuestra opinión, para organizarnos y hacer lo que estimemos conveniente para que nuestro país sea libre y democrático”.
“Yo me apego a las leyes no a reglamentos”, dijo Molina, aunque ella coincide con Carmona en cuanto a que “es una forma de querer ponerle el bozal a las personas”. Molina apuntó que van tras las redes sociales, “porque las redes sociales han sido en estos últimos años un mecanismo de expresión de la sociedad civil organizada, de líderes, feministas, que se expresan desde la perspectiva del respeto y de los derechos humanos.