El pleno de la Asamblea Nacional creó este jueves una Comisión Especial Constitucional, que se encargará de consultar y dictaminar la propuesta de Ley de Justicia Constitucional, presentada por la bancada sandinista.
Según explicó la presidenta de la Comisión Especial, la sandinista Auxiliadora Martínez, una vez aprobada y en vigencia la Ley de Justicia Constitucional, sustituirá a la actual Ley de Amparo.
“(Es) la que va a establecer el control constitucional en nuestro país”, dijo Martínez.
Refirió la legisladora que la reforma a la Constitución, aprobada en 2014 por la bancada sandinista, que es mayoría en la Asamblea, mandó que se elaborara y aprobara una Ley de Justicia Constitucional en sustitución de la Ley de Amparo que data desde 1988.
Además de Martínez, la Comisión Especial Constitucional quedó integrada por los legisladores sandinistas Irma Dávila y Edwin Castro y por Antonio Mendieta y Róger Marín Hidalgo, del Partido Liberal Independiente (PLI).
La próxima semana la Comisión Especial se reunirá para programar las consultas a la propuesta de ley; se tiene previsto convocar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a representantes de los colegios de abogados, del sector privado, entre otros gremios.
La iniciativa de Ley de Justicia Constitucional fue presentada en la Primera Secretaría de la Asamblea el 9 de agosto pasado.
EL OBJETIVO DE LA LEY
En la exposición de motivos de la propuesta se indica que “tiene como objeto regular los mecanismos de control aplicables a la justicia constitucional” a través “de los recursos de exhibición personal, habeas data y amparo; el control de constitucionalidad de normas a través del recurso por inconstitucionalidad y la inconstitucionalidad en caso concreto y el Recurso de inconstitucionalidad por omisión”.
La regulación de los instrumentos abarcará “los conflictos constitucionales mediante el conflicto de competencia y constitucionalidad entre poderes del Estado, conflicto de constitucionalidad entre el Gobierno central y los gobiernos municipales y conflicto de constitucionalidad entre el Gobierno central y las Regiones Autónomas de la Costa Caribe”.
La diputada Martínez no quiso referirse a si habrá cambios en los tiempos para presentar y resolver los amparos porque eso resultará de la consulta que se haga con diferentes sectores.
NUEVA BANCADA PLI NI LA HABÍA LEÍDO
Adolfo Martínez Cole, nuevo jefe de la bancada PLI, no comentó sobre la propuesta de Ley de Justicia Constitucional porque no la había leído.
Irma Dávila, diputada sandinista y presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, refirió que el proyecto de la ley mencionada fue elaborado en conjunto entre los diputados sandinistas y magistrados de la CSJ.
Dávila insistió en que el objetivo es que la nueva ley regule “todos los mecanismos de control de la Constitución Política y la finalidad es la protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos”.
Refirió la legisladora que se hace necesario articular los distintos mecanismos que garantizan los derechos de los ciudadanos “en el acceso a la justicia” creados en nuevas leyes, como el Código Procesal Civil, el Código de la Familia y el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Dávila dijo que al reemplazar la Ley de Amparo con la Ley de Justicia Constitucional no debe ser solo cosmético, “porque todos los recursos que han sido aprobados estarán en un solo texto normativo para que la justicia se ponga al servicio de los ciudadanos”.
“Por ejemplo, la oralidad (en los juicios) (los) procedimientos sencillos y ágiles que los ciudadanos pueden hacer uso para tener una justicia pronta y oportuna”, dijo.
REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2014 CUESTIONADA
La reforma a la Constitución del 2014 es cuestionada por opositores, organismos de la sociedad civil y analistas independientes, porque entre otras cosas, los diputados orteguistas suprimieron los candados a la reelección presidencial consecutiva y respondió al interés del mandatario inconstitucional Daniel Ortega, para ser candidato las veces que quiera.
También en las reformas constitucionales se creó la figura del “transfuguismo” político, bajo la cual el diputado que se cambie de la opción política en la cual fue electo será destituido de su cargo.
Esta figura fue utilizada para destituir a los 28 diputados opositores del PLI que se negaron a reconocer la autoridad del nuevo presidente de ese partido, Pedro Reyes.
PRÓRROGA AL PROCESAL CIVIL
Este 11 de agosto los legisladores enviaron a la Comisión de Asuntos Jurídicos la propuesta de reforma al Código Procesal Civil, que contempla extender seis meses el plazo para que el Código entre en vigencia. Estaba previsto entrar en vigencia en octubre próximo, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pidió más tiempo.
Irma Dávila, presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, explicó que darán el plazo solicitado por el poder judicial para que se terminen los procesos de capacitación sobre el nuevo Código Procesal Civil.
“La Corte está capacitando a todos los operadores de justicia y abogados y en ese sentido han pedido que se haga una prórroga para estar mejor preparados para aplicar la nueva norma”, dijo Dávila.
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