El Movimiento Contra el Abuso Sexual (MCAS) se pronunció porque el Estado de Nicaragua cumpla con la responsabilidad que le corresponde en el caso de una niña violada, cuyo caso fue remitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuya madre debió recurrir a las organizaciones internacionales ante la falta de justicia en el país.
Lorna Norori, coordinadora del MCAS, manifestó que la remisión del caso con el número de expediente 12.690 haya llegado a la Corte IDH pone en evidencia a la justicia de Nicaragua, “no solamente por el no acceso a la justicia (de la víctima), sino la desprotección que hay para la niñez y la adolescencia en Nicaragua y eso es responsabilidad del Estado, pues es quien debería estar velando no para que se invisibilice el problema, sino para que se acceda a la justicia, que se cumpla con la ley”.
Un precedente
“Esta madre con su hija ha librado una lucha grande de llevar adelante este proceso. Y que efectivamente el poder tener una solución favorable para ella, va a sentar un precedente muy importante en la justicia nicaragüense”, consideró defensora de víctimas de abuso sexual.
“El Estado de Nicaragua, ya que no dio respuesta en aquel momento para que esta niña tuviera acceso a la justicia en este momento debe responder, porque además aquí están las consecuencias del abuso sexual que vivió esta niña”, dijo Norori.
El hecho ocurrió entre el 2000 y el 2001, cuando la víctima tenía 9 años, ahora de 25 años, vive en el extranjero, pues la madre se vio obligada a emigrar con su hija dado que el victimario fue su padre. La CIDH sometió el caso a la jurisdicción de la Corte el 25 de agosto de 2016, hecho que dio a conocer en la presente semana en Washington, porque consideró que Nicaragua no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo, por lo que aclara, sometió a la Corte la totalidad de los hechos del Informe de Fondo.
La Comisión recomendó entre otras medidas la reparación del daño para la atención de salud a la víctima y sus familias y adoptar acciones contra funcionarios que le denegaron la justicia a la víctima.
Norori instó al Estado de Nicaragua a cumplir con su responsabilidad en este caso pues la justicia no cumplió adecuadamente. “Pueden haber habido tantas pruebas que hablaban de la culpabilidad del abusador y esto quedó en impunidad“, apuntó la defensora de las víctimas de la violencia.
En su informe la Comisión determinó “que las violaciones sexuales cometidas por un actor no estatal, constituyeron afectaciones a los derechos a la integridad personal, a la dignidad, vida privada y autonomía, a la igualdad y no discriminación y a la protección especial como niña, en perjuicio de V.R.P.”, por tanto considera que “el Estado de Nicaragua es responsable internacionalmente por el incumplimiento del deber de garantía de tales derechos, particularmente, el incumplimiento del deber de investigar con la debida diligencia, en un plazo razonable y de manera acorde con una perspectiva de género y los deberes estatales reforzados derivados de la condición de niña de la víctima”.
Además señaló la CIDH que V.R.P “fue gravemente revictimizada con un impacto severo en la integridad psíquica tanto de ella como de su madre y los otros hijos de ésta“. Y concluyó que la absolución del agresor ” fue el resultado de un proceso violatorio de las obligaciones internacionales del Estado y, por lo tanto, al tratarse de una grave violación de derechos humanos, la Comisión recomendó la continuidad de la investigación a nivel interno, entre otras medidas de reparación”.
