Mañana, 2 de octubre, una parte del pueblo colombiano votará en un plebiscito si acepta o rechaza el acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Según todos los indicios, la mayoría votará que sí. Pero será solo una parte de los colombianos la que decida, pues para aprobar el acuerdo bastará que vote a su favor el 13 por ciento de los ciudadanos, en vez del 50 por ciento como mínimo como debería ser en casos como este y en estricto sentido de derecho de la democracia directa.
El criterio con el cual el gobierno colombiano —avalado por la comunidad internacional— negoció el acuerdo con las FARC, es que la paz está por encima de todo. “Prefiero un acuerdo imperfecto que salve vidas a una guerra perfecta que siga sembrando muerte y dolor en nuestro país”, justificó en su discurso el presidente colombiano Juan Manuel Santos, el miércoles 28 de septiembre, en Cartagena de Indias, después de firmar el acuerdo con el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”.
Una de las más graves imperfecciones del acuerdo —es muy importante tenerlo en cuenta— es que los crímenes incluso de lesa humanidad cometidos por miembros de esa guerrilla que degeneró en una poderosa organización narcoterrorista, prácticamente quedarán impunes.
El Gobierno asegura que se hará justicia, mediante una novedosa modalidad de “justicia transicional”, pero la verdad es que ninguno de los grandes criminal de las FARC sufrirá penas más que morales y simbólicas después de que reconozcan su culpabilidad. Sin embargo el acuerdo deja abierta la posibilidad de que exfuncionarios de los gobiernos que defendieron al Estado democrático de los ataques de la subversión narcoterrorista, lo mismo que personas particulares, sean acusados y condenados por supuestos abusos cometidos en la guerra contra las FARC.
Precisamente porque según su criterio el acuerdo carece del ingrediente esencial de justicia, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Manuel Vivanco, rechazó la invitación a participar en la ceremonia de firma del acuerdo con las FARC.
Entre las muchas otras críticas de fondo que se hacen al acuerdo, está también la de que las FARC no se comprometen a respetar el sistema de democracia representativa, economía abierta de libre mercado, libertades civiles y derechos humanos de todas las personas. Las FARC quisieron destruir este sistema mediante una guerra de medio siglo, pero como no pudieron ganarla ahora tratarán de desmantelar la democracia aprovechando las elecciones y demás facilidades de la democracia para tomar el poder, con financiamiento del Estado y las enormes riquezas que acumularon con sus negocios criminales.
Sin embargo, que las FARC puedan tomar el poder, imponer un régimen como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua y destruir el Estado democrático, dependerá del pueblo colombiano. Porque eso sí se tendrá que decidir con los votos de todos, no con un plebiscito como el de mañana ni mediante negociaciones en La Habana como el Gobierno y las FARC pactaron su acuerdo de paz.
