El director de programas para América Latina en Freedom House, Carlos Ponce, afirmó que el presidente inconstitucional Daniel Ortega compromete el futuro del país al promover acciones antidemocráticas pues su economía depende de los créditos internacionales que podrían ser bloqueados si el Senado de Estados Unidos aprueba la llamada Nica Act, que castiga la falta de transparencia y los abusos que el régimen ha cometido en el actual proceso electoral.
El proyecto de Ley Nicaraguan Investment Conditionality Act H.R.5708, (conocido como Nica Act), fue aprobado por unanimidad por la Cámara Baja el pasado 21 de septiembre, como reacción a las medidas antidemocráticas y la falta de un proceso electoral creíble en el país.
El proyecto evitaría que Estados Unidos apruebe los créditos que Nicaragua solicite ante instituciones financieras internacionales.
El proyecto permanece en el Senado a la espera de ser discutido, pero para Ponce esa legislación no debe ser motivo de alarma.
“No sé por qué se ha preocupado tanto el Gobierno de Nicaragua, este proyecto de Ley se aplica en el caso que no haya un comportamiento acorde del Gobierno de Nicaragua, de respeto a los principios democráticos, realizar elecciones transparentes que puedan ser monitoreadas, que tengan la capacidad de ser observadas y (la Ley) establece simplemente una obligación para los funcionarios de Estados Unidos de no votar por proyectos de Nicaragua ante los organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario. No le veo ningún tipo de alarma si fuese un gobierno democrático”, expresó Ponce.
Ponce fue expulsado por el régimen de Ortega en febrero pasado, cuando acudía al país para presentar un estudio realizado por Freedom House, sobre derechos humanos y democracia.
En dicho estudio realizado por Freedom House, Nicaragua no resultó bien calificada.
Régimen de Ortega contrata a Lobistas
Ponce confirmó que el gobierno de Ortega ha contratado lobistas para evitar la aprobación de la Ley.
“Mi información es que el Gobierno de Nicaragua y algunos sectores empresariales están preocupados por el proyecto de Ley, que han contratado a grupos de lobistas para tratar que el proyecto de
Ley no sea aprobado, han ejercido presión al Gobierno de Estados Unidos, han hecho reclamos porque dicen que la Ley es excesiva contra el Gobierno de Nicaragua, lo cual no veo como excesiva”, acotó.
Proyecto de ley no se detendrá
Agregó que de no ser aprobada la Ley en lo que queda del año debido a las elecciones en Estados Unidos, el proyecto no se detendrá y sería presentado nuevamente en el 2017.
“Tengo entendido que hay dos o tres senadores que están muy activos promoviendo la Ley, están pensando en seguir moviéndola, quedan muy pocos días, lo que sí es seguro que si no es aprobada este año que fue aprobada por unanimidad en la Cámara Baja, ya se ve que el año que viene se volverá a presentar la Ley, con mucho más tiempo para ser aprobada y (con) más (argumentos) después de unas elecciones (en Nicaragua) que resultarán fraudulentas, hay un abuso de poder, lo cual le va a resultar más complicada la situación al gobierno de Daniel Ortega”, enfatizó Ponce.
Empresarios preocupados
“Una de las cosas que les preocupa a los empresarios y los que han estado en mayor actividad contra el Nica Act, han sido los del Cosep, es que ven que sus créditos internacionales van a sufrir por riesgo país, se les va hacer más caro el acceso al dinero, eso pone a Nicaragua en una situación financiera que se va a complicar más, los caminos de salida le son menos fáciles (al Gobierno de
Nicaragua) porque los chinos después de la estafa que les hizo Venezuela ven ahora con más cuidado dónde invertir, ya no tienen la posibilidad de los rusos invirtiendo en la región e Irán perdió interés en el mercado latinoamericano como el uso de sistemas financieros. Hay una situación complicada”, puntualizó.
Ponce sostiene que los inversionistas ponen sus ojos en países que ofrecen seguridad y respeto al Estado de derecho.
Compromete el futuro
De acuerdo con el director de programas para América Latina en Freedom House, Carlos Ponce, las acciones del gobierno de Daniel Ortega están comprometiendo el futuro del país que depende de créditos financieros internacionales.
Represión a ciudadanía
El monitoreo que realiza Freedom House revela que en Nicaragua hay un recrudecimiento en la violencia durante el 2016.
Carlos Ponce, director de programas para América Latina en Freedom House, dijo que hay deterioro en el cuerpo policial que ejecuta acciones represivas contra la ciudadanía y personas no afines al Gobierno; persecución y cierres de espacio a la libertad de expresión, ataques a organizaciones de derechos humanos, amenazas, y el uso de la institución judicial para fines políticos.
Ejemplificó el caso del PLI cuya representación legal fue arrebatada a Eduardo Montealegre, quien lideraba a la principal fuerza política opositora del país, lo que implicó excluirlos del proceso electoral.
“Este año el Gobierno ha avanzado. En cuanto al deterioro de derechos humanos, es un franco retroceso en principios democráticos”, señaló Ponce.
(La Ley Nica Act) establece simplemente una obligación para los funcionarios de Estados Unidos de no votar por proyectos de Nicaragua ante los organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario. No le veo ningún tipo de alarma si fuese un gobierno democrático”. Carlos Ponce, director de programas para América Latina en Freedom House.
