El segundo jefe de la Policía de Managua, comisionado mayor Fernando Borge, enmudeció ayer al ser consultado por LA PRENSA, sobre las investigaciones a oficiales del Departamento de Antinarcóticos de esa delegación por sospechas de corrupción.
Borge, quien acudió ayer a sofocar una protesta frente a la Fiscalía que realizaba un grupo de las organizaciones de mujeres, dio la vuelta de inmediato hacia su vehículo cuando fue abordado sobre el tema.
La Oficina de Relaciones Públicas de esa institución tampoco respondió a una consulta escrita sobre el tema.
Se desconoce por qué la Policía permitió la permanencia de los agentes de esa especialidad en sus filas, pues según la resolución administrativa, los seis tenían antecedentes administrativos.
Los investigados fueron los oficiales de apellido Hidalgo, Torres, Cruz, Orozco, Rodríguez y Figueroa.
Graves faltas no alertaron a autoridades
Cruz llegó a reunir 16 antecedentes en su expediente, en su mayoría relacionados con pérdida de evidencias, varias sustracciones de dinero, de teléfonos celulares, y por agresiones físicas tanto a ciudadanos que no identifican como a detenidos.
Igual Rodríguez tenía en su haber 15 antecedentes en su expediente, entre los que destacan hurto y sustracción de teléfono, varios casos de sustracción de dinero, de reproductor de música, varias agresiones físicas a ciudadanos, amenazas con arma de fuego y al menos dos allanamientos ilegales.
A Orozco le llegaron a archivar casos por allanamiento ilegal, por sustracción de teléfonos y dinero, hay una sustracción registrada de 60,000 córdobas, así como agresiones a ciudadanos y detenidos.
Figueroa con siete casos, no solo tenía antecedentes de dinero y de prendas, sino de “montar droga”, “amenazar con poner droga” y amenazar con allanamientos y agresión física a detenidos.
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“Trapos sucios” salían en operativos
La misma resolución deja entrever que la corrupción que salpicaba al Departamento de Antinarcóticos de la Policía de Managua, había salido de las instalaciones policiales.
Esto se desprende de las entrevistas realizadas en el caso abierto a petición del subdirector de la Policía, Ramón Avellán.
La suboficial mayor Rina Lucía Salgado Tinoco, rememoró en su entrevista que —aparece en la resolución firmada por el inspector general Pablo Emilio Ávalos— “hace tres semanas fueron a allanar en la playa el barrio Carlos Reyna…, en la propiedad de Verónica, una expendedora, pero al ejecutar el allanamiento la mujer se alteró y les comenzó a gritar dirigiéndose a Hidalgo de que era un viejo maldito, que ella le daba trabajo y que le estaban allanando la casa por gusto”.
La respuesta de Hidalgo fue quitarle los teléfonos celulares, señala la entrevistada. Mientras la hija de esta les gritaba que había convivido con varios agentes, además le aseguró en pleno operativo a uno de los agentes que era un “chivo”, pues su mujer, otra policía, convivía con un expendedor.
Según la entrevistada, lo que hizo el oficial a cargo fue reunir a los agentes antidrogas y reclamarles únicamente “que cómo se metieron a vivir con una expendedora y que ya les había llamado la atención anteriormente”.
“La mujer les gritó que el 31 de agosto en la noche estuvo tomando con ellos (con tres de los señalados) y que hasta foto había subido al Facebook y que esperaba en Dios que eso no fuera objeto de baja”, relata la agente Salgado.
A su vez, aparecen declaraciones de testigos, como las de un vendedor del mercado Oriental, que señala a varios de los investigados que junto a otros, constantemente llegan a su tramo a darle a reparar o cambiar teléfonos celulares por otros.
También está el caso del testigo que dice que cuando tres de los agentes le encontraron cuatro bolsitas de coca, le pidieron coima, por lo que los llevó a su casa y “al ingresar al cuarto, había un billete de cien dólares en la cama y la suboficial Figueroa se echó el billete a la bolsa del pantalón”. Cuando lo llevaron a presentación de reos, él le vio el reloj de su novia a esta oficial, mientras otro de los agentes utiliza aún la motocicleta de su propiedad.
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Hay denuncias que señalan anomalías
El asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, expresó que aunque no han recibido ninguna denuncia sobre este caso en particular, han recibido otras denuncias que reflejan hechos similares de corrupción en las filas policiales.
Cuevas menciona casos recientes denunciados como el del expolicía Saromar Reyes, el de los cinco policías acusados de robo, pero que alegan fue en represalia por negarse a plantar evidencias.
Asuntos Internos debe investigar de manera objetiva, señaló Cuevas, quien apuntó que en esa institución debe primar el profesionalismo y efectuar un verdadero control.
