Altamente resguardada se encuentra el edificio de la Procuraduría General de la República (PGR) ante la presencia de unos 150 ex trabajadores cañeros que reclaman el pago de su liquidación, por los años que trabajaron en los tres ingenios azucareros de Nicaragua, cuando estos pertenecían al Estado.
Según los dirigentes de los ingenios San Antonio, ubicado en Chichigalpa, ingenio Benjamín Zeledón, ubicado en Rivas e ingenio Javier Guerras, están solicitando al procurador general Hernán Estrada que el Estado les pague la liquidación a más de 2000 ex trabajadores permanentes de los ingenios cuando eran del Estado.
La suma que reclaman los trabajadores supera el millón de dólares, detalló Maryuri Pomares, una de las dirigentes.
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Desde 1992 inició el proceso de privatización de los ingenios azucareros donde laboraban estos cañeros que reclamaban su pasivo laboral.
Según el acuerdo presidencial, estos extrabajadores del azúcar fueron afectados por las privatizaciones de los ingenios Monte Rosa, Benjamín Zeledón, Javier Guerra, San Antonio Faisa, San Antonio Animosa y San Antonio Sotranicsa.
Una protesta ocurrida en septiembre del 2012 dejaron como saldo una persona fallecida y daños severos a la economía nacional y el comercio centroamericano.