Hace cinco años escribí sobre la frase dariana que se aplicaba, mutatis mutandi, a la gestión del entonces secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en el caso de Nicaragua, sumarizando: “Cuando debe venir no viene y a veces viene sin deber (o sin tarea)”.
Como acompañante o, más exactamente, comparsa de la elecciones de hace cinco años Caputo “vino pero ni vio ni convenció”. Tras reunirse alrededor de la piscina de algún hotel capitalino, con amigos nicaragüenses y colegas diplomáticos, Dante preparó un informe anodino y terminó diciendo a la prensa nicaragüense que no podía “opinar por falta de información”, como si la falta de información sobre votos y mesas per sé, no fuese una grave agresión a la transparencia e imparcialidad misma de un proceso electoral. Pero hasta la versión que Dante presentó, diluida en lo general, contenía párrafos duros y contestatarios de los resultados presentados. Por eso fue engavetada por el secretario general Insulza.
Una serie de presidentes y cancilleres uruguayos, caracterizados por su honestidad y por la congruencia entre lo que dicen y lo que hacen, incluyendo al canciller Didier Operti Dabán, los presidentes José Mujica Cordano y Julio María Sanguinetti Coirolo y el nuevo secretario general ha devenido en revertir el proceso de franco deterioro institucional que la OEA había iniciado con la llegada de Insulza y Caputo.
En consecuencia con ese proceso, el nuevo secretario general, canciller Luis Leonardo Almagro Lemes, ha planteado un diálogo con el Gobierno de Nicaragua como paso previo a la publicación de un informe sobre la observación a las elecciones de 2011 y 2016 y nuestro cumplimiento de la Carta Democrática. El secretario general no hace más que seguir el protocolo de los organismos internacionales cuando van a publicar un informe sobre un país miembro: darle la oportunidad al gobierno involucrado de hacer las observaciones correspondientes y corregir los errores o llegar a acuerdos con el fin de suavizar el tono o el tenor del informe.
Pero en un panorama político desértico como el que se avizoraba en Nicaragua, la sola mención del conversatorio elevado a la categoría de “diálogo” ha despertado grandes expectativas de muchos sobre la posibilidad de un diálogo nacional “amplio e incluyente” como una especie de oasis para tratar de limpiar el proceso electoral y recuperar la democracia con base en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Carta Democrática Interamericana.
Al aceptar el conversatorio, el Gobierno de Nicaragua busca atenuar o reducir no solo la dureza del informe de la OEA sino, a través de la representación del Departamento de Estado en la OEA, también atenuar la fuerza o disminuir las posibilidades de la aprobación y hasta la cobertura del “Nica Act”, que salvo imponderables, será una realidad en el 2017.
Todo diálogo es bueno y debe saludarse la actuación del secretario Almagro, abriendo puertas a la democracia y la disposición al diálogo de la cancillería de Nicaragua. Lo importante es que un conversatorio con la OEA en ausencia de un diálogo nacional es incongruente, es ser “candil de la calle y oscuridad de la casa”, pues se dialoga con el observador internacional sin hacerlo con el pueblo en elecciones libres, transparentes y supervisadas, para respetar la voluntad del elector que es el soberano. Para ponerlo en términos que el Gobierno comprende, si no se hace un esfuerzo paralelo por establecer un diálogo nacional inclusivo, el valioso esfuerzo de la OEA podría desaprovecharse y convertirse en un conversatorio “a espaldas al pueblo”.
El autor es ex secretario general adjunto de la Sieca y exministro del Mific.