No solo en los países atrasados ocurren crisis políticas de gobernabilidad. España, país de la desarrollada Europa cuyo sistema político es impecablemente democrático, no ha podido formar gobierno a lo largo de los últimos diez meses a pesar de que en ese lapso los españoles concurrieron dos veces a las urnas electorales.
España se gobierna con la modalidad de la democracia parlamentaria, de manera que los ciudadanos eligen diputados, no a un presidente titular del poder ejecutivo como ocurre en los países de sistema presidencialista.
Sin embargo, en las elecciones ordinarias españolas realizadas el 20 de diciembre del año pasado, ningún partido tuvo la mayoría absoluta o mitad más uno de diputados que es necesaria para formar gobierno. España tuvo que funcionar con un gobierno provisional, o en funciones, como lo prevé la Constitución, e ir a una nueva elección el 26 de junio de 2016. Sin embargo, en esta tampoco ningún partido alcanzó la cantidad de 176 diputados que representan la mitad más uno del total de 350 que integran el Congreso.
Ante la perspectiva de ir a una tercera elección de diputados, que sería en diciembre próximo, el conservador Partido Popular (PP) que es mayoritario negoció con el partido centrista ciudadanos un acuerdo de gobierno, pero entre ambos no suman la mitad más uno de los diputados. De manera que el PP ha acordado con el Partido Socialista Obrero de España que sus diputados se abstengan en la votación de hoy sábado en el Congreso, para poder elegir al presidente del Gobierno.
Gracias a esos acuerdos se elige hoy a Mariano Rajoy, líder del Partido Popular y presidente en funciones en los últimos 10 meses, ya que según el procedimiento constitucional en segunda votación se puede elegir al candidato que obtenga la mayoría simple de los votos, lo cual es posible por la abstención del Partido Socialista.
Pero el acuerdo es solo de investidura, o sea para elegir al presidente del Gobierno. No es un pacto de legislatura, o sea que comprometa a gobernar de común acuerdo. En consecuencia el gobierno del PP y el presidente Rajoy será débil, quedando abierta la posibilidad de que ante una nueva crisis política sea necesario que los españoles vuelvan a las urnas para elegir otro gobierno.
A menudo la democracia es impugnada por quienes aseguran que es causa de las crisis gubernamentales que sufren de vez en cuando los gobiernos democráticos, no solo los parlamentarios sino también los presidencialistas. Según esas personas son
preferibles los gobernantes fuertes y autoritarios, porque imponen disciplina política y social y garantizan la estabilidad gubernamental.
Pero la democracia —con todos sus defectos, debilidades, contradicciones y conflictos como el que ha ocurrido en España durante el presente año—, es mil veces mejor que el autoritarismo o la dictadura, que dan seguridad y estabilidad pero le quitan a la gente la libertad, inclusive el derecho elemental de elegir libremente a sus gobernantes. Como es el caso actual de Nicaragua.