Violadores de la ley, destructores de la institucionalidad, demoledores de la Constitución y del Estado de Derecho, instauradores del inicio de una dinastía institucional, en eso se ha convertido la familia Ortega Murillo con la complicidad del aparato estatal y de sus epígonos.
La familia Ortega Murillo, en este proceso electoral, ha destruido la democracia representativa y le ha dado una estocada mortal al Frente Sandinista el cual, con las decisiones tomadas en su último Congreso, ha pasado a ser un apéndice de la familia presidencial. Los cuadros y la militancia histórica, que permanecen en sus filas, han sido marginados y carecen del derecho elemental a opinar. En cambio, quienes se han apartado y son críticos de su metamorfosis, son proscritos.
Igual suerte han corrido las organizaciones políticas con signos contrarios que pueden convertirse en fuertes competidores, se las cargan por la vía de la Corte Suprema o el Consejo Supremo Electoral (CSE), mecanismos utilizados para pasarlas por el paredón de fusilamiento civil, como fue el caso, entre otros, del grupo de Montealegre, cuya alianza voló en mil pedazos y sus 28 diputados fueron aniquilados en un abrir y cerrar de ojos, sin permitirles ejercer su derecho a la defensa y al debido proceso.
De qué ha servido tanta sangre derramada, tantas vidas entregadas a la construcción de una causa que en su momento fue justa, pero que luego se convirtió en la peor pesadilla para muchos nicaragüenses, la cual se sigue manifestando en el rosario de irregularidades que se dieron en este proceso electoral.
A los ciudadanos que un día compartimos el sueño de una Nicaragua mejor, se nos ha negado nuestro derecho constitucional a ejercer el voto para elegir y ser electos. Este tipo de atropello desgraciadamente abre las puertas a episodios de violencia que nadie quiere, ni conviene para el segundo país más pobre de América Latina.
Quienes creen que este proceso electoral transcurrió en la normalidad, o son unos sin vergüenzas o unos oportunistas que, gozando de las mieles del poder prefieren fabricar o vivir en la mentira y cuyas almas tienen un precio.
Son muchas las irregularidades de este proceso electoral, pero me voy a referir a dos, en particular, que muestran la complicidad de los funcionarios de este gobierno: el abuso masivo de los bienes del Estado y la colocación de la propaganda del partido en el poder en los recintos gubernamentales, ambos hechos son penados por la Ley Electoral. Pero los observadores electorales de mentira y el propio CSE seguro harán caso omiso de tales anomalías.
La capacidad de servilismo de quienes encabezan estas instituciones nos hace recordar el triste pasado de la dinastía de Somoza, en la que todo se valía, incluyendo que el partido gobernante contara los votos, como sucede hoy día con un CSE, cuyos miembros han mostrado con sus actos, la calidad moral de la cual están hechos.
Las arbitrariedades con que se manipula la ley, en dependencia del color político o de los intereses compartidos con quienes detentan el poder, muestra la degradación moral de quienes gobiernan y sus cómplices que las justifican. Parece que en los círculos de poder de este país el sentimiento de mara abunda y los villanos también.
Nicaragua merece un gobierno respetuoso de la ley y del Estado de Derecho. Es hora de asumir y luchar por ese desafío, por el bien de Nicaragua.
El autor es sociólogo. Autor del libro: Ramiro Sacasa. El poder de servir.
