Expulsados de mina de Morubila no tienen quien los oiga

Tres representantes de un grupo de afectados por el desalojo violento realizado en la mina de Morubila, territorio indígena Li Aubra, hace un año solicitaron acompañamiento de la CPDH para denunciar el caso en la Fiscalía porque en la localidad ninguna autoridad quiso recibirla

Mina de Morubila

Martín Torrez y Roberto Palma, denuncian un año después desalojo que fueron víctima. LA PRENSA/E. ROMERO

Un año después de haber sido sacados de la mina de Morubila, que abarca 18 comunidades del territorio indígena de Li Aubra, Río Coco Arriba, tres pequeños empresarios de ese lugar pidieron acompañamiento de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) para denunciar directamente en la Fiscalía el desalojo, saqueo y violencia a la que fueron expuestos.

Los tres microempresarios alegan que por ese hecho sangriento ninguna autoridad en la localidad quiso recibir su denuncia, bajo el alegato de que esperan órdenes de arriba.

Martín Torrez López, expuso que en esa ocasión no fue que los indígenas realizaron acciones de auto saneamiento a colonos, como se intentó hacer creer, sino que fue un desalojo a nativos indígenas y mestizos que desde hace mucho tiempo explotan la mina de Morubila con el consentimiento de líderes indígenas a quienes ellos pagaban impuestos según demuestran con recibos.

En la denuncia en la CPDH y que harán en la Fiscalía dijo señalan a Stedman Fagoth quien supuestamente lideraba grupos armados que llegaron a saquearles, desalojarlos y quemarles los ranchos y según estos los daños alcanzan unos 28 millones de córdobas. “Demandamos al gobierno que nos ayuden a resolver esto”, dijo Torrez, quien denunció que desde hace un año han acudido a diferentes autoridades locales, pero no han tenido respuesta. “En algunos lugares dicen que nos pueden recibir, pero no nos pueden dar respuesta porque tienen que esperar órdenes de arriba y las órdenes de arriba son del Gobierno”, manifestó Torrez.

Roberto Palma otro de los denunciantes señaló que él es miskito y junto a otros miskitos y excombatientes laboraban en la explotación de la mina. Pese a ser indígenas pagaban los impuestos al presidente territorial de Li Aubra, dijo. “Entraron de una manera terrorífica que nos hizo perder toda nuestra microempresa”, denunció Palma.

En total son 53 familias afectadas sin incluir otros miskitos de Waspam que no demandan, según dicen por temor a Fagoth. En negocios eran más de 30 comerciantes, que perdieron todo.

Torrez relató que él tiene muchos años de trabajar en el lugar donde llegó como güirisero, luego llegó poseer un molino procesador de oro, y una venta de abarrotes, combustibe y de ferretería. Y por cada actividad en el lugar, alega, él pagaba un impuesto.

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Denuncia en Fiscalía

El asesor legal de la CPDH; Pablo Cuevas, confirmó que brindarán acompañamiento a los denunciantes en su denuncia ante la Fiscalía, pues presentan fotografías como pruebas e identifican a posibles testigos en caso que decidan iniciar una investigación. En un análisis preliminar la CPDH ha identificado posibles delitos de los cuales fueron víctimas los denunciantes dijo Cuevas, entre los que señaló secuestro, robo con fuerza, tenencia ilegal de armas, y no descartó que la Policía bien podría encontrar el delito de crimen organizado.

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