Este año quedó en evidencia una vez más el tráfico de influencia y la falta de transparencia con la que se administran los recursos públicos, sin que ninguna de las investigaciones documentadas que publicó LA PRENSA sobre estas irregularidades, fueran retomadas por la Contraloría General de la República (CGR).
La CGR es la instancia pública a la que le corresponde investigar los manejos de los recursos del Estado, pero para el jurista Sergio García Quintero es “un organismo fantasma que es como que no existiera”, con lo que explica su pasividad ante los actos comprobados de corrupción.
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García opinó que mientras el gobierno siga actuando al margen de la ley, no se puede esperar que las instituciones sean transparentes y eficientes.
La administración de Daniel Ortega se ha caracterizado por la falta de transparencia, el secretismo, la concentración de poder y sus actuaciones ilegales.
Algunos de los casos más sonados de irregularidades documentadas fueron los préstamos millonarios del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) al sector privado, el derroche en el costo de las votaciones de 2016, en las que Ortega se reeligió, y que fueron presupuestadas a casi mil millones de córdobas.
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Pero los casos expuestos en los diarios nacionales van desde aparentes anomalías en el Aeropuerto, o la contratación ilegal del diputado sandinista Alejandro Delgado para proveer de zapatos escolares al Ministerio de Educación.
Igual se mostró el excesivo costo de los altares de la Avenida Bolívar, realizados bajo el mando de la primera dama Rosario Murillo.
Corrupción indetenible
Quintero insistió en el papel de la CGR frente a estos casos. “La Contraloría es la que ha permitido esta corrupción indetenible que existe en Nicaragua”.
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El jurista también caracterizó a la sociedad nicaragüense como indiferente ante el aumento de la fortuna de los altos funcionarios, militares y policías.
Consecuencia
El excontralor Agustín Jarquín Anaya dijo que la falta de fiscalización incentiva a los funcionarios intermedios y menores a cometer actos de corrupción y fomenta también la impunidad.
Según Jarquín, la consecuencia de la impunidad es el uso deficiente de los bienes públicos y el incremento de los actos de corrupción. Y mencionó que la alta corrupción aumenta el índice de Riesgo País, lo cual disminuye la atracción de inversión sana.
De escándalo a escándalo
Las denuncias de corrupción en el país se intensificaron en el gobierno de Arnoldo Alemán (1997-2002), quien fue enjuiciado y encarcelado temporalmente por malversación de caudales públicos en el año 2003 y aunque fue absuelto de todos los cargos, este año una resolución del poder judicial resolvió que siguen pendientes las acusaciones y pueden ser tramitadas en cualquier momento.
Durante los últimos diez años de gobierno de Daniel Ortega, uno de los principales cuestionamientos ha sido la falta de transparencia de la cooperación venezolana, que asciende a 4 mil millones de dólares desde 2007 y que han sido manejados sin ninguna fiscalización.
Entre los peores
El informe de percepción de corrupción, elaborado por Transparencia Internacional y presentado el 27 de enero pasado, ubicó por cuarto año consecutivo a Nicaragua en la lista de países con alta percepción de corrupción y falta de transparencia pública, en la posición 130, de 168 puestos, con una puntuación de 27, por debajo de todos los países de la región.