Este año 2017 que recién inicia, conlleva diferentes perspectivas y posibilidades, envueltas en una serie de interrogantes para la vida política nicaragüense.
Son muchas las circunstancias puntuales que dificultan una visión más precisa de la situación, entre las que habría que mencionar la desconfianza en los resultados presentados por el Consejo Supremo Electoral de las elecciones del 6 de noviembre pasado; la significativa abstención que adquiere en su expresión más auténtica el carácter de un plebiscito que conlleva una censura tácita al accionar del Gobierno; las distintas formas de represión y violación a la libertad de manifestación; la eliminación de la oposición real y la promoción de una oposición adecuada a los intereses políticos del poder; la destitución de diputados opositores, para mencionar algunos de los hechos más significativos en el reciente acontecer político nacional.
Junto a estas actitudes, a las que habría que agregar el rechazo y descalificación de la observación nacional e internacional, tendría que considerarse como hecho muy significativo, el acercamiento a la OEA y el diálogo sostenido por el secretario general de esa organización, el señor Luis Almagro, con el presidente de la República y con diferentes sectores políticos, económicos y sociales. De mucha importancia también es lo que concierne a la ley “Nica Act”, cuya aprobación definitiva causaría severos daños a la situación económica y social del país.
Se considera que las consecuencias del diálogo Ortega-Almagro, cuyos resultados concretos aún no se conocen, tendrían un efecto positivo o negativo sobre la ley “Nica Act”, dependiendo de los alcances o limitaciones de esos eventuales acuerdos.
Se ha fijado el 15 de enero como la fecha en que se conocerán tales resultados, estableciéndose una declaración conjunta si hay acuerdo entre las partes, y declaraciones separadas en caso contrario.
Se presume que podría darse la declaración conjunta sobre posibles acuerdos que consistirían en la aceptación del Gobierno de modificaciones en el sistema electoral, la observación nacional e internacional y las garantías requeridas para las elecciones municipales de noviembre del 2017 y para las próximas elecciones nacionales del 2021. Todo ello sobre la base de la reafirmación de la democracia como sistema y valor fundamental ético y político.
A su vez se piensa que no habría acuerdo si las demandas fueran referidas a las elecciones del 6 de noviembre, al desconocimiento de su legalidad y legitimidad y a la convocatoria de nuevas elecciones antes de las del año 2021, procediéndose de previo a las reformas constitucionales necesarias.
Se estima que a pesar de esas consideraciones, la amenaza de la ley “Nica Act” sería en todo caso un factor de peso que podría incidir en la adopción de las decisiones correspondientes. Se considera que un acuerdo entre la OEA y el Gobierno podría favorecer la no aprobación de la ley “Nica Act”, pues se piensa que tal actitud del Gobierno de Nicaragua podría significar un mensaje de apertura y tolerancia.
Junto a esto se especula también la posibilidad de la convocatoria a la elección de una Asamblea Constituyente, lo que algunos suponen podría ser aceptada o promovida por Ortega, habida cuenta del control que tiene sobre los resultados, y ligado a lo anterior, lo que significan las facultades de una Asamblea Constituyente controlada por el poder para establecer las condiciones que este desea.
Como no puede ser de otra forma, estas consideraciones tienen un carácter hipotético y especulativo y sus resultados dependen que se den determinadas circunstancias. No obstante, más allá de lo coyuntural, es absolutamente necesario pensar en este año 2017 en la necesidad de impulsar un proyecto de nación que permita establecer las bases de la sociedad nicaragüense.
Es imprescindible ese contrato social que permita instalar la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho. La democracia es legitimidad, la legitimidad es ciudadanía y esta es participación. La democracia y el Estado de Derecho son, en consecuencia, la puesta en práctica de la voluntad ciudadana. De ahí que la estructura política debe estar de acuerdo a ese diseño conceptual y moral del Estado nación.
Las instituciones deben integrar esa voluntad social y facilitar su ejercicio. De ahí deriva su justificación. Las instituciones deben ser puentes y no muros, vasos comunicantes que hagan posible la capilaridad y que permitan que a través de ella, la voluntad colectiva pueda ser la expresión de la estructura social.
La democracia es ciudadanía, por eso es absolutamente necesario construir un Estado nación, depositario de los valores y principios de la comunidad.
El Estado debe ser ciudadanía en ejercicio, de ella proviene y en ella debe estar integrado. En tal sentido la ciudadanía debe participar tanto en forma territorial a nivel local, municipal, departamental y nacional, como por sectores temáticos, económico, social, institucional, educativo.
Para ordenar la participación ciudadana es menester elaborar las leyes necesarias. El tejido legal debe estar al servicio de la idea de la descentralización que conlleva a la desconcentración del poder central mediante la transferencia de funciones y recursos a los poderes locales, municipales y departamentales, y al cuidadoso diseño, legalmente respaldado de los mecanismos de participación ciudadana.
Es necesaria una concertación institucional con participación de equipos de negociación que representen a los sectores políticos, económicos y sociales respectivos. Con todo ello, se trata de establecer un Estado social y democrático de derecho, basado en la participación ciudadana, la gobernabilidad democrática y el desarrollo humano sostenible.
Para construir el país que necesitamos y salir del círculo vicioso de la política coyuntural y de ventajas inmediatas, se requiere ese acuerdo integral que siente las bases de la nueva sociedad nicaragüense. De inicio, un acuerdo político e institucional que lleve a una concertación en la que se respeten las diferencias y se busquen los puntos de coincidencias que hagan posible la unidad en la diversidad, sobre la base de valores y principios comunes a la sociedad nicaragüense, expresado en el sistema jurídico y en la estructura institucional. A partir de ahí debe concertarse el acuerdo social y económico, y principalmente el acuerdo educativo que haga de la educación un objetivo fundamental y una verdadera condición de estabilidad y desarrollo. Todo ello a partir de una agenda mínima de temas específicos, ordenados conforme las prioridades correspondientes.
Es imprescindible promover un desarrollo democratizador, mediante procesos de concertación de las fuerzas políticas, económicas y sociales. Creo que las condiciones están dadas y que las dificultades son más bien un incentivo para motivar un proyecto de Nación, sustentado en sus líneas generales en un acuerdo integral que impulse una alternativa fundada sobre una verdadera ciudadanía social y que conduzca, además, a un proceso de democratización efectivo.
El autor es jurista y filósofo nicaragüense.