¿Cuánta agua tiene el vaso?



¿Cuánta agua tiene el vaso?

Las elecciones municipales previstas para noviembre de este año son recogidas en el mencionado Informe como el siguiente paso en un supuesto itinerario para la recuperación de procesos electorales creíblemente democráticos.

04/02/2017
propaganda, Nicaragua, límites

El uso común de la expresión que “hay personas que ven un vaso medio vacío, otras lo ven medio lleno” no deja de tener una connotación maniquea, en términos de ver las cosas bien o mal, blanco o negro. Esta connotación extrema del principio que “todo es relativo” pareciera aplicarse al debate suscitado por el Informe hecho público el recién pasado 20 de enero, entre el Gobierno de Nicaragua y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Es explicable que ese Informe haya sido recibido con esa connotación extrema. En primer lugar, porque desde el Gobierno se ha impulsado una noción bélica de la política, que divide al país entre amigos y enemigos. En el contexto de la polarización liderada por el Gobierno, que ha incluido, entre un conjunto de decisiones autoritarias e incluso dictatoriales, la exclusión de la oposición (“los enemigos”) de los procesos electorales, es obvio que el mencionado Informe se queda muy por debajo de las legítimas expectativas de la oposición.

En segundo lugar, y como lo escribió en su oportunidad el excanciller del Perú e impulsor de la Carta Democrática Interamericana, Diego García Sayán, este instrumento se suscribió y ratificó para lidiar con crisis de la democracia que no son producto del golpe de Estado clásico, de corte militar, sino de las derivas autoritarias de gobiernos que fueron originalmente electos de forma democrática. El antecedente inmediato de la Carta fue precisamente la “crisis democrática” del Perú por el autoritarismo de Fujimori.

A la luz de la complejidad del caso de Nicaragua, en que el gobierno de Ortega no es producto de un golpe de Estado clásico, aunque en su derivación autoritaria haya terminado en una dictadura familiar, como si procediera de un golpe clásico, corresponde al secretario general de la OEA navegar en el marco de la Carta Democrática Interamericana que establece, en primera instancia, la gestión diplomática. Como lo señaló García Sayán (El País, 16 de junio de 2016), a propósito de Venezuela, “el texto de la Carta pone el énfasis, precisamente, en las gestiones diplomáticas y los mecanismos de diálogo como respuesta a las crisis democráticas”.

En nuestro artículo de la semana pasada, después de señalar las insuficiencias del Informe publicado el 20 de enero, señalábamos que a mediano plazo emergía el compromiso firmado por el gobierno de Ortega y el secretario general en el Acuerdo del 15 de octubre de 2016 que en su punto 9 dice: “Las partes se comprometen apoyar el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país de acuerdo a los compromisos del Estado de Nicaragua con los instrumentos normativos del Sistema Interamericano y su ordenamiento jurídico interno”.

Las elecciones municipales previstas para noviembre de este año son recogidas en el mencionado Informe como el siguiente paso en un supuesto itinerario para la recuperación de procesos electorales creíblemente democráticos. Al respecto caben dos preguntas. Primero, si los condicionantes internos y externos de la voluntad del gobierno, incluyendo el diálogo entre gobierno y secretario general de la OEA, conducen al establecimiento de condiciones que hagan de esas elecciones municipales un ejercicio creíblemente democrático. El propio Informe señala los estándares que describen el grado de democratización de una elección: “El voto universal y equitativo; la inscripción o registro civil; el registro electoral; el acceso al centro de votación; la emisión del voto; la integridad de las preferencias del votante; el registro exacto de las preferencias del votante; el derecho de postulación a cargos públicos; la igualdad en seguridad; la igualdad de oportunidades tales como el financiamiento a los partidos políticos; el derecho a la libertad de prensa e información; la libertad de asociación, asamblea, expresión y movimiento; la frecuencia de las elecciones regulares para cargos electivos, y la irreversibilidad de los resultados electorales”.

Y aquí viene la segunda pregunta que algunos analistas se han planteado recientemente a propósito de la fecha de las elecciones municipales: ¿es posible el establecimiento de esas condiciones? De la respuesta a esa pregunta se podrá juzgar las verdaderas intenciones del Gobierno.

El autor fue candidato a la vicepresidencia de Nicaragua.

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