Crímenes destapan inseguridad en el país

Los problemas socioeconómicos y políticos asociados con la situación de impunidad que prevalece en el país, podrían ser algunos de los factores que inciden para que se generen casos violentos

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La juez Karen López Fuentes admitió la acusación y dictó prisión preventiva contra Yader Isaac Chávez Canales, quien enfrentará audiencia inicial el próximo 2 de marzo. LA PRENSA/W. NARVÁEZ

Los problemas socioeconómicos y políticos asociados con la situación de impunidad que prevalece en el país, podrían ser algunos de los factores que inciden para que se generen crímenes violentos que alarman a la sociedad, según especialistas.

“Todas las condiciones que se vienen generando socialmente, determinan un caldo de cultivo para que haya más violencia”, resalta la psicóloga Lorna Norori. Norori advierte que la violencia puede reproducirse en diferentes ámbitos: en la calle, en la familia, en la escuela y en el centro de trabajo.

Para la socióloga y especialista en temas de seguridad, Elvira Cuadra, “en contextos como los que tiene el país, donde crece el descontento entre la población, donde los sistemas de participación política se ven restringidos, donde el escenario de la seguridad está cambiando, pues estos hechos de violencia lo que te revelan es que algo está sucediendo”.

¿Nicaragua entre los más seguros?

Norori señala que los hechos de violencia que han trascendido a la sociedad contradicen el discurso oficial de país más seguro.

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Margine Sánchez y Mercedes Blandón han demandado justicia por la muerte de una niña de 15 meses y su padre. LA PRENSA/ARCHIVO

En el último informe enviado a la Asamblea Nacional por parte del presidente designado del Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega, este coloca la seguridad de Nicaragua como uno de los logros del Gobierno e insiste en que “Nicaragua está entre los tres países más seguros de Centroamérica y entre los siete más seguros de América”.

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Sin embargo, en lo que va del año se contabilizan al menos veinte casos que trascendieron a la sociedad, ya sea por la saña con que se perpetraron o por la forma en que se desarrollaron, lo que lleva a algunos a cuestionar esa aseveración de país más seguro.

Violencia que estremece

Hechos como una balacera registrada en un barrio capitalino entre policías y delincuentes, como sucedió el pasado 26 de enero que dejó como resultado la muerte de tres personas, entre ellos dos uniformados. O el operativo policial ocurrido en La Dalia, Matagalpa, donde murió una niña de 15 meses y su padre —supuestamente buscado por la Policía— cuando agentes irrumpieron en una casa accionando sus armas mientras dormía la familia, o el crimen cometido por un joven contra su madre y padrastro en Nueva Vida, Ciudad Sandino, han disparado las alarmas de que algo está sucediendo entre la sociedad nicaragüense.

Para la psicóloga Norori, esto no representa que haya un repunte de los crímenes, sino que hay una desatención del problema. Esto porque “siempre se ha dicho que somos el país más seguro de Centroamérica, no somos el país más seguro, probablemente el menos inseguro, pero esto poco a poco se está terminando en este país también”.

Posibles causas del problema

Y Norori encuentra como causas la ausencia de políticas públicas sociales por parte del Estado, para contrarrestar el problema y el impedimento a las organizaciones de la sociedad para que puedan desarrollar su trabajo con la población.

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Lorna Norori, psicóloga. LA PRENSA/ARCHIVO

El señalamiento de Norori toma mayor fuerza con la observación efectuada por la investigadora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Skarlleth Martínez, en cuanto a que a raíz que se desvinculó el trabajo de la institución con la sociedad en relación al apoyo con los jóvenes en riesgo en las calles de los principales barrios de alto riesgo, de alta criminalidad, es donde están surgiendo los problemas de seguridad.

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“Eso es un hallazgo que se tiene que valorar y que se debe tener presente si realmente queremos solucionar los problemas de seguridad”, sostuvo Martínez.

Situación de desesperanza

“La violencia está ahí latente solo para que se desarrolle (porque) la gente está en un estado de desesperanza, de desempoderamiento, de desesperación en muchos casos (… ) esto es un caldo de cultivo, vos te encontrás violencia en cualquier ámbito”, reiteró Norori.

La psicóloga apunta que en esto influye mucho la falta de acceso al trabajo, donde muchas veces “hay una persona trabajando para mantener a seis (en una familia) donde no alcanza para mandarlos a la escuela, darles de comer. Todas esas son condiciones que van generando una situación de desesperanza, de angustia”.

A este panorama Norori no le ve una pronta respuesta, pues puso como ejemplo el caso de las mujeres, que aunque ha conocido están reabriendo las Comisarías, esto a su criterio “es una burla” pues de nada sirve si no tienen quien las atienda.

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Cuadra por su parte insistió en que las encuestas de firmas reconocidas que se han realizado en el país han revelado reiteradamente que “los niveles de confianza social han disminuido muy fuertemente y eso nos habla de que hay un incipiente estado de anomia social (el Estado no tiene un interés real de solucionar los problemas sociales) y en consecuencia eso se expresa en diferentes formas de violencia”.

Cuadra advierte que a esa situación “hay que brindarle atención”. Además reitera: “Creo que el Gobierno en todo su conjunto tiene que ser responsable y prestarle atención en serio al asunto”.

Situación relacionada con la impunidad

Aunque Cuadra acepta de que muchas veces esta situación está relacionada con impunidad y desigualdad de la que las personas son víctimas en el país, también señala que esto tiene que ver con “el discurso oficial, el discurso gubernamental y sobre todo la apertura que el Gobierno pueda tener a la interacción con los ciudadanos”.

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Elvira Cuadra, sociologa. LA PRENSA/ARCHIVO

Martínez por su parte asoció estos hechos a que hay niveles de inseguridad, problemas que están presentes en las comunidades como los robos en sus diferentes modalidades, la violencia generada por el narcotráfico, pero que muchas veces “o son invisibilizados o no son de interés”. Esto también se ha revelado en las encuestas de percepción publicadas por el Ieepp.

Fuerzas especiales en las calles NO ES LA SOLUCIÓN

Norori disiente de la forma encontrada por el Gobierno para sofocar la violencia: sacar las fuerzas especiales de la Policía a las calles. “El aparataje policial” no es la respuesta si esa institución no asume su papel de prevención. Al tiempo que menciona que mientras se siga politizando a la Policía el país se encamina “a esa condición que tenemos en el norte” de la región, en referencia a los llamados países del Triángulo Norte, considerados los más violentos de Centroamérica.

Por su parte, Martínez lo ve como “el juego del topo y del martillo. Si la Policía sale el topo se esconde”.

La investigadora considera que también debe revisarse cuál es el manejo de los patrullajes que está realizando la Policía a nivel de barrios y comunidades, pues refiere que “no necesariamente (por el hecho) de que la Policía esté en la calle significa que van a disminuir los delitos porque no funciona de esa manera”.

Considera que la prioridad debe ser cómo van a trabajar el tema de prevención. Martínez advirtió que el acceso a tantas armas de fuego por parte de la sociedad es un indicador también de inseguridad.

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“¿Por qué si la confianza de la seguridad recae sobre las instituciones garantes, por qué yo como ciudadano debo tener un arma para tener el sentimiento o la confianza de que estoy segura? Cuando no necesariamente es así, y, esto más bien lo que nos puede traer es mayores niveles de inseguridad”, sostuvo Martínez.

El informe policial

No obstante, a mediados de la semana pasada el subdirector de la Policía Nacional, comisionado general Francisco Díaz, se apresuró a asegurar que en lo que va del año han ocurrido menos muertes que en el mismo período del año anterior. Hasta el miércoles de la semana pasada, Díaz contabilizaba 61 muertes, nueve menos que en el mismo período del año anterior.

Un día después ocurrió el crimen de un salvadoreño en el barrio Andrés Castro, con lo que la suma ascendió al menos a 62 muertes violentas en Nicaragua.

Díaz indicó que de ese total contabilizado, durante ese mismo período, nueve de las víctimas eran mujeres, dos menos en comparación con el año 2016, cuando fallecieron once y que tipificó cinco como femicidios, tres homicidios y parricidio. El dato difiere de las organizaciones de mujeres que consideran que ocho eran femicidios y un parricidio.

El informe de Ortega

El informe enviado por Daniel Ortega a la Asamblea Nacional destaca que Nicaragua posee una tasa de homicidios “por debajo de la tasa de diez homicidios por cada cien mil habitantes considerado como “epidemia” por la Organización Mundial de la Salud (OMS), al registrar una tasa de siete homicidios por cada cien mil habitantes, muy inferior a los otros países de la región. Según Ortega, esto “respalda la posición de Nicaragua en cuanto a seguridad en la región”. Skarlleth Martínez cuestionó que en el país se tome la tasa de homicidios como el único indicador para medir seguridad, lo que no quiere decir que no haya otros problemas.

Actividad delictiva durante 2016

97,089 denuncias por delitos y faltas registró la Policía Nacional durante 2016.

3.4 por ciento fue el incremento de las denuncias contabilizadas por la Policía Nacional, durante 2016 en relación al 2015.

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83 por ciento de las denuncias que recibió la Policía Nacional, el año pasado, corresponden a delitos y faltas menores alega el informe gubernamental.

6.2 por ciento de las denuncias registradas el año pasado corresponden a delitos de mayor peligrosidad como homicidios, violaciones, robos con intimidación y secuestros extorsivos.

No descuidar seguridad

“Creo que más que impunidad es necesario que se reorganice cuáles son los compromisos en temas de seguridad, cuáles son las prioridades que se tienen en este momento”, señala la investigadora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Skarlleth Martínez, que aunque reconoce que actualmente una de las prioridades para el Estado son los accidentes de tránsito —que representan la principal causa de muerte violenta— “esto no quiere decir que se tengan que descuidar las otras áreas de seguridad pública.

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