Después que un conductor de buses acusara a los socios de las cooperativas de transporte de ser los primeros responsables en el manejo temerario de las unidades urbanas, socios de cooperativas de transporte de Managua alegan que no son ellos sino el Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua (Irtramma), quien establece el tiempo que debe tener cada recorrido.
“Con el accidente de ese bus todo el mundo culpa al conductor, que es responsable, pero nadie ve a los que están detrás, los socios de las cooperativas, ellos son los que exigen tiempo, un mínimo de pasajes, su dinero”, dijo ayer a LA PRENSA José García, quien era conductor de un autobús de la ruta 102.
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“Si queremos ganar diario tenemos que hacer la ruta en el tiempo que piden, que es mínimo. Lo están mandando a uno a matar a la gente”, agregó García.
Un socio de la Cooperativa 21 de Enero, que pidió omitir su nombre, reconoce la presión. “Hay presión, sí, pero es por los tiempos de Irtramma”, expone.
“El conductor tiene una responsabilidad al volante, no solo con los tiempos porque algunas cooperativas somos flexibles y ellos abusan en el camino. Se presiona cuando hay pérdidas grandes y constantes, entre tantas que hay en este negocio del transporte”, dijo por su parte Erick Levy, exsocio de la Cooperativa Samuel Mairena.
Según el socio de la 21 de Enero, los tiempos actuales de los recorridos para cada ruta los estableció el Irtramma desde hace seis o siete años, cuando realizaron un recorrido con ellos en las diferentes rutas. “Deberían hacer un nuevo recorrido para extender los tiempos y adecuarlos a las vías y el tráfico actual”, comenta.
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Las penalizaciones por retrasos se pagan a los socios de los buses que les siguen en el recorrido o al fondo común de la cooperativa, según los acuerdos en cada caso.
¿Cómo funcionan?
Las cooperativas parten de una estructura de sociedad donde se paga por el ingreso, se elige una junta directiva que los representa ante las autoridades, se gozan de beneficios y se cumplen responsabilidades. O al menos esa era la idea inicial.
“Si vas ahora a una cooperativa vas a encontrar una mafia en la mayoría”, señala Erick Levy, quien tenía una concesión de dos unidades en la Cooperativa Samuel Mairena.
Una concesión para transporte puede costar desde 30 mil hasta 70 mil dólares, dependiendo las rutas que tenga la cooperativa. El valor depende de rentabilidad de cada ruta. Hay de alto, medio o bajo rendimiento, según los porcentajes de ganancias que generen en los recorridos que cubren por el volumen de pasajeros.
Según la cooperativa, una concesión puede significar el derecho a uno o dos buses, por los que también deben pagar una cuota mensual, 300 si es un bus ruso o 600 dólares mensuales si es mexicano. Con cada concesión también ganan el derecho a un subsidio estatal de 22,500 córdobas mensuales. A más concesiones, más subsidio.
“Hay un sistema de corrupción que cuando querés denunciarlo con los entes reguladores te bloquean o te sacan, como hicieron conmigo. Se reparten entre los presidentes las concesiones, no te entregan tus subsidios completos y te presionan por todos lados”, denuncia Levy.
Origen
Durante la década de los 80, el gobierno sandinista mantuvo estatizado el servicio de transporte colectivo por medio de la Empresa Nacional de Buses (Enabus), hasta que fue privatizado en 1991, luego de la derrota electoral del Frente Sandinista, ante Violeta Barrios de Chamorro.
Los empleados de Enabus pasaron a formar cooperativas de transporte colectivo que controlaron las concesiones de rutas, utilizando las mismas unidades de Enabus. Esto hasta que empezaron a adquirir buses nuevos con sus primeras ganancias, que en realidad eran unidades utilizadas para el transporte escolar en Estados Unidos que ya habían sido descartadas al alcanzar los 10 años de uso.
Estas cooperativas recibían un subsidio del Estado, aunque su funcionamiento era similar al de una empresa privada. Estos privilegios fueron defendidos por el Frente Sandinista, partido con el cual las cooperativas de transporte colectivo mantienen una lealtad política, que incluso los ha llevado a convertirse en una fuerza de choque callejero para defender sus intereses.