La presión que ejerce el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, hacia el régimen de Venezuela es aplaudida por un sector de la oposición nicaragüense, pero también levanta críticas en otro grupo que considera que él no ha tenido la misma firmeza contra el ejecutivo de Nicaragua.
Almagro pidió a los gobiernos del continente suspender a Venezuela de la OEA como última medida de presión para que el presidente Nicolás Maduro convoque a elecciones generales en breve, ya que todos los intentos de diálogo con la oposición han resultado un “fracaso”.
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Para Violeta Granera, coordinadora del Frente Amplio por la Democracia (FAD), el secretario general de la OEA “muestra un doble rasero” al exigir elecciones libres en Venezuela pero no hacer esa demanda a Daniel Ortega, quien retuvo el gobierno en las votaciones de 2016, las cuales han sido denunciadas como farsa porque no se permitió la participación de la oposición ni observación electoral creíble.
“La institucionalidad se ha desmontado tanto en Venezuela como en Nicaragua, pero incluso los venezolanos en un momento del gobierno de Maduro tuvieron algún margen para (tener) elecciones más o menos democráticas; pero nosotros llevamos cinco fraudes encima por todo el control que tiene Ortega de los poderes del Estado”, expresó Granera.
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La oposición ha denunciado a nivel internacional a Ortega por recurrir al fraude para mantenerse en la Presidencia y porque en su gobierno se violenta el Estado de derecho, la institucionalidad y reprime a los sectores que le cuestionan sus políticas.
La presión también vino de Estados Unidos donde existe un proyecto de ley conocido como la “Nica Act”, que establece sanciones al régimen orteguista, las cuales le impedirían obtener financiamiento del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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Por todo ello, Ortega firmó un acuerdo con la OEA en el cual accedió a permitir la observación electoral con todas las garantías en las votaciones municipales de noviembre próximo y trabajar en los próximos tres años “fortaleciendo jurídicamente la aplicación de la norma constitucional sobre transfuguismo político, garantizando la voluntad y los derechos del elector así como del elegido”.
Ese acuerdo para el FAD es insuficiente. “Vemos que no hay un abordaje igual a los dos regímenes (Nicaragua y Venezuela) en la OEA a la luz de lo que establece claramente la Carta Interamericana, que no es un asunto solo de los temas electorales sino que tiene que ver con todo el sistema democrático y el derecho humano de los pueblos”, opinó Granera.
Otros como Óscar Sobalvarro, directivo del comité coordinador del opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL), valoró que Almagro ha actuado correctamente con los regímenes de Ortega y Maduro, y reconoció en el caso del funcionario de la OEA a alguien más “preocupado por la democracia de los Estados”.
La reacción de Caracas
La canciller venezolana Delcy Rodríguez acusó este miércoles al secretario general de la OEA, Luis Almagro, de buscar la intervención de Venezuela .
La canciller hasta llamó a Almagro “malhechor” y un “enano de la moral y de la ética” e insistió en que el secretario general de la OEA actúa movido por el “odio”.
Al rechazar la exhortación que realizó Almagro a los gobiernos miembros de la OEA para suspender a Venezuela si no convoca a la brevedad a elecciones generales, Rodríguez indicó que se violentaron los procedimientos de la organización y mintió sobre la presentación de su informe al Consejo Permanente.
“Está derrotado en el seno de la OEA”, expresó la canciller al asegurar que la mayoría de los países “le están dando la espalda”. (AP)
Carta Democrática
El artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana autoriza a cualquier miembro o al secretario general a convocar al Consejo Permanente en caso de que “en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”.
El Consejo Permanente tendría la autoridad de convocar a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, la cual podría suspender a Venezuela de la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los 34 Estados miembros.
