La Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur) y la Asociación Nicaragüense de Inversionistas y Desarrolladores (ANID), dieron a conocer un pronunciamiento que fue publicado ayer en campo pagado de LA PRENSA.
El documento se relaciona con otro pronunciamiento dado a conocer anteriormente por la sociedad Escameca Grande, también del sector privado, en el cual denuncia violaciones al derecho de propiedad privada en San Juan del Sur, uno de los principales destinos turísticos de playa en Nicaragua.
Según los denunciantes, las violaciones al derecho de propiedad y a la seguridad jurídica de la empresa privada se refieren, entre otras cosas, a “la construcción de casetas ilegales en la zona costera de uso público”, permitida o alentada por autoridades locales. Lo cual ocurre a pesar de que hay “una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que expresa que ese tipo de construcciones es ilegal y que las autoridades municipales no pueden autorizarlas”.
Esta situación “creada a vista y paciencia de las autoridades municipales y de la policía de la zona”, dicen los denunciantes, llega al extremo de que “los invasores han amenazado, quemado bienes de propiedad privada”, etc.
Anteriormente LA PRENSA publicó unos reportajes sobre un conflicto de propiedad en el occidente del país, también a orillas del mar, donde funciona una importante empresa cultivadora y exportadora de camarones en una propiedad que es reclamada, documentos en mano, por una reconocida familia de esa zona.
Pero estos no son los únicos conflictos de propiedad y situaciones de inseguridad jurídica que hay en Nicaragua. La verdad es que son muchos, solo que la mayor parte de los afectados guardan silencio por diversas razones: por temor a que la publicidad los perjudique todavía más; porque se busca resolverlos acudiendo a la secretaría del partido gobernante y personalmente “al comandante y la compañera”; porque se esperan soluciones del mecanismo de comunicación empresarial con el poder político, etc.
Esta oscura situación es propia de un país en el que no hay Estado de derecho, donde impera la inseguridad jurídica, predomina la fuerza y la voluntad política se impone al derecho y las leyes. Y lo que es peor, hay una penosa aceptación social de la deformidad jurídica estatal.
Se sabe muy bien que la existencia de reglas claras y previsibles sobre el derecho de propiedad, la vigencia de leyes respetadas por todos pero en primer lugar por los funcionarios del Gobierno y el Estado, es condición esencial del progreso económico y la prosperidad nacional.
En Nicaragua existen leyes que en el papel garantizan la seguridad jurídica de las personas y la propiedad, pero no son respetadas o se aplican a conveniencia de los gobernantes y de sus allegados de cualquier clase.
En este país, frente al principio del imperio de la ley se impone la concepción y práctica opuesta de gobernar mediante decisiones caprichosas e imprevisibles de quienes detentan el poder. Se trata de un sistema en el que las órdenes discrecionales de los gobernantes sustituyen a la ley y las resoluciones judiciales.
Muchos empresarios privados son víctimas de esta inseguridad jurídica. Así lo demuestran las denuncias que de vez en cuando se atreven a hacer del conocimiento público.