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OEA, Nicaragua, elecciones municipales, partidos políticos
Pedro Joaquín Chamorro

La Nica Act: pagando justos por pecadores

Estamos claros que de aprobarse la Nica Act tendría una afectación a todos los nicaragüenses, porque los Estados Unidos vetaría los préstamos del BID y el Banco Mundial a Nicaragua y la mayor parte de los fondos del programa de inversión pública: carreteras, agua potable y servidas, salud y cobertura de energía, es financiado con préstamos en condiciones muy favorables de estas instituciones multilaterales y países amigos, como Corea del Sur y China Taiwán.

También es evidente que las razones que han impulsado a los congresistas a reintroducir el proyecto de Ley la semana pasada estriban fundamentalmente en las acciones que tomó el gobierno de Ortega a mediados del año pasado previo al proceso electoral, que culminó con una farsa y el rechazo de la inmensa mayoría de la población, expresado en una abstención masiva del orden del 70 por ciento.

Y tal como lo han expresado diversos dirigentes políticos opositores y medios de comunicación independientes, como LA PRENSA, solo Ortega tiene la llave para tomar las medidas que pueden evitar que dicha Ley sea aprobada este año en el Congreso estadounidense.

En este sentido el editorial de LA PRENSA del pasado viernes 7 titulado Ortega puede impedir la Nica Act, señala en su parte medular: “Si Daniel Ortega entrara en razón, evitaría las consecuencias negativas que la Nica Act podría traer a Nicaragua y sobre todo para él mismo y quienes lo acompañan en el control del poder. Solo tiene que convenir con la OEA, pero sobre todo con los nicaragüenses, un plan nacional para la restauración de la democracia”. Y, agrega, “todos los que están en contra de la Nica Act y tienen acceso a Ortega, deberían pedirle que evite la aprobación de la Nica Act, devolviendo la democracia plena a los nicaragüenses”.

Tanto la Iglesia católica de Nicaragua como el Cosep, que no son instituciones partidarias y que rechazan la Nica Act, se han manifestado en diferentes ocasiones a favor del regreso a la institucionalidad democrática de Nicaragua, que comienza con la separación de los poderes del Estado y elecciones libres, transparentes, competitivas y observadas.

Como el poder está concentrado en una sola persona, que controla todos los poderes del Estado, así como ha tenido el poder para deshacer y concentrar, lo tiene también para hacer y desconcentrar el poder con instituciones independientes: poder judicial, electoral, Contraloría y las fuerzas armadas.

Dice el arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, que la Nica Act no afecta al gobernante, sino a la población. Yo discrepo del cardenal en el sentido de que yo pienso que sí afecta al gobernante, pero por afectar al gobernante, afecta a toda la población. Dicho en buen cristiano, “pagamos justos por pecadores”.

Pero no por ello, porque afecta a Ortega, voy a estar a favor o contento por la aprobación de dicha Ley o apoyar sanciones económicas contra Nicaragua, solo porque soy opositor a este Gobierno. Sería antipatriótico.

Yo reconozco y aplaudo los avances que ha habido en el gobierno de Ortega, particularmente en vialidad y cobertura de energía, es una lástima que el mejor ministro de su gabinete, que ha ejecutado impecablemente los principales proyectos de vialidad con préstamos y cooperación internacional a lo largo de diez años, el ingeniero Pablo Fernando Martínez haya anunciado su renuncia precisamente la semana pasada, cuando se conoció la reintroducción del referido proyecto de Ley.

Como bancada opositora, en la Asamblea Nacional siempre votamos a favor de dichos préstamos, porque estábamos conscientes que eran beneficiosos para el pueblo nicaragüense y por dañar a Ortega no íbamos a afectar al pueblo.

Concluyo recalcando que es el gobierno de Ortega, el que con sus acciones desencadenadas el año pasado  ha provocado esto y solo es el gobierno de Ortega, que con sus acciones, puede evitar esto. Como ya se ha dicho, la observación electoral y el acuerdo con la OEA es un paso en la dirección correcta, pero el abanico de opciones que tiene Ortega es tanto más vasto, como su propio poder omnímodo.

El autor es periodista, exministro y exdiputado.

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