El Ministerio Público relaciona un informe preliminar de análisis financiero realizado por la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) de la Policía, según el cual, los acusados por lavado de dinero y crimen organizado en la denominada Operación Fierro, registraban movimientos financieros excesivos respecto de los bienes e ingresos declarados.
Los acusados son Ramón Arístides Moncada Espinoza, José Mercedes Reyes Oporta; Ariel Antonio Aguilera Espinal, Elvira Auxiliadora Acosta Cruz, Ligia Marian Mendoza Motiño; Olof Vladimir Altamirano Aguirre, Blanca Azucena Rivera Soza y Sergio Augusto Escorcia García.
De acuerdo con el informe, desde 2014, Moncada Espinoza registró movimientos bancarios por más de 8.1 millones de córdobas y un poco más de 45,000 dólares; mientras que entre 2012 y 2016 adquirió cuatro camionetas de las cuales solo una tenía gravamen de garantía.
Aunque declaró “que sus ingresos provienen de la actividad ganadera en el Sistema Financiero, el IPSA (Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria) solo registra 90 bovinos a su nombre”, señala el informe, indicando que en 2014 habría recibido depósitos por casi cuatro millones de córdobas de parte de Escorcia García.
El informe agrega que en el caso de Reyes Oporta, entre 2008 y 2015, registró movimientos financieros por un poco más de 94,000 córdobas y más de 1.1 millones de dólares. También habría recibido dos créditos hipotecarios por casi medio millón de dólares.
Reyes Oporta, apodado “Mencho Nariz” y reconocido en Río Blanco, Matagalpa, como ganadero y comerciante de queso, habría recibido “en ese período” 47 transferencias desde Honduras y Guatemala hasta por un poco más de 1.3 millones de dólares, incluyendo una transferencia por 69,940 dólares realizada por el guatemalteco Jairo José Osorio Miranda, “investigado por el delito de lavado de dinero en dicho país (Guatemala)”, cita el informe.
El documento señala que Reyes Oporta en su “actividad económica de comercialización de ganado, ante la DGI (Dirección General de Ingresos) se encuentra como contribuyente inactivo y ante la DGA (Dirección General de Aduanas) no presenta registro de exportaciones, por lo que dichas transferencias bancarias son producto de la actividad ilícita”.
En el caso de Rivera Soza, quien según el acta de audiencia preliminar todavía está prófuga, entre 2011 y 2015 registró movimientos financieros por casi 72 millones de córdobas y casi 5.1 millones de dólares “de los cuales, una gran parte viene de transferencias internacionales, dinero vinculado a las operaciones ilícitas de contrabando, ya que la acusada no tiene registro de exportación ante la DGA”.
Mientras tanto, entre 2010 y 2015, Aguilera Espinal habría registrado movimientos financieros por más de 46 millones de córdobas y un poco más de 900,000 dólares. De estos últimos, 17,000 dólares fueron por remesas internacionales y un poco más de medio millón de dólares por transferencias regionales.
Aguilera reportó, en su perfil de cliente, ser comerciante de ganado y, según el informe de la DIE “ante la DGI no tiene registrada dicha actividad económica y en el IPSA registró solo 15 bovinos
Con los allanamientos el martes anterior en simultáneo de las propiedades de los acusados por los delitos de Lavado de Dinero y Crimen Organizado, en San Francisco del Norte, Villanueva y sureste de Somotillo, en el departamento de Chinandega, además de Rio Blanco en Matagalpa, no se logró la detención de cuatro de estos, incluyendo dos mujeres.
4 acusados sin detener
Sin detener según la acusación es Olof Vladimir Altamirano Aguirre, de 31 años, segundo al mando de la agrupación delictiva “El Fierro”; la matagalpina Blanca Azucena Rivera Soza, de 38 años, Ligia María Mendoza Motiño, de 52 años, y Sergio Augusto Escorcia García, de 50 años, últimos de Somotillo.
En el caso de la ex concejal sandinista Elvira Auxiliadora Acosta Cruz, de 45 años, de Somotillo, quien padece de diabetes e hipertensión arterial, según la familia está preocupada debido a que debe consumir medicinas a diario y se encuentra en la cárcel “El Chipote”.
En el breve encuentro previo a la audiencia preliminar, la mañana del pasado viernes, una de las familiares conversó brevemente con ella, quien le indicó que no se preocuparan. “Me he ganado con sudor y esfuerzo lo que tengo”, refirió le dijo la familiar.
Policía continúa investigando
La fiscal Wendy Yahosca Rugama Sotelo, fiscal auxiliar del Ministerio Publico, solicitó la tramitación compleja de la causa, de conformidad al Artículo 135 del Código Procesal Penal y Articulo 40 de la Ley 735, debido a que la Policía Nacional continúa con los actos de investigación con la finalidad de identificar y ocupar bienes y activos producto del ilícito penal señalado.
Indica que la Policía Nacional realizara actos complementarios de investigación sobre la base del levantamiento del Sigilo Bancario y tributario de los acusados, así como del análisis de la documentación ocupada durante los allanamientos, a efectos de complementar el análisis financiero.
En la solicitud de información financiera y tributaria de acuerdo a varios artículos del Código Procesal Penal (CPP) se ordene levantar el sigilo bancario, financiero y tributario de los acusados.
