El pasado febrero, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) cumplió sesenta años de existencia. Hasta 1979, pese a los casos de corrupción, cumplió su razón de ser de manera razonable. Durante 1979 sus ingresos fueron ligeramente superiores a sus gastos. En la década de 1980 tuvo crisis institucional, administrativa y financiera, causada entre otras razones por el establecimiento del Sistema Nacional Único de Salud Pública. El déficit acumulado en ese período fue superado por los tres gobiernos posteriores. A pesar de la creciente corrupción de esos 16 años, en 2006 disponía de casi US$42 millones de superávit, pero en la última década ha tocado fondo. En sus últimos cuatro períodos acumuló un déficit de casi US$180 millones, hay una marcada tendencia en que los ingresos por cotizaciones son menores a los pagos de pensiones y prestaciones, adicionalmente, los gastos administrativos y financieros se han incrementado cinco veces. Esta crisis exige superar a lo inmediato asuntos relacionados con: independencia, injerencia política, transparencia, organización y estructura, supernumerarios, sueldos y beneficios exorbitantes, viáticos y prestaciones extraordinarias; financiamientos discrecionales a empresas y particulares, inversiones.
En la primera década del 2000, el INSS realizó numerosos estudios actuariales, financieros, organizacionales, etc., que originaron reformas. En 2013 se determinó que la solvencia del INSS concluiría en 2033. En 2016, el FMI señaló que finalizaría en 2024, y en 2017 que cesaría en 2019.
En contraparte, el FMI en 2016 caracterizó así la situación de Nicaragua: sólido desempeño macroeconómico; robusta actividad económica; inflación controlada a bajo nivel y ligero aumento en déficit fiscal. La posición externa acusó mejora moderada con relación al 2015, y estabilidad de las condiciones monetarias y financieras. Para 2017 pronosticaron: crecimiento del PIB real del 4.5 por ciento; inflación contenida alrededor del 6 por ciento, suponiendo que los precios del petróleo y los alimentos se mantienen en consonancia con sus Perspectivas Económicas Globales.
Los elogios del FMI a la gestión del Gobierno de Nicaragua son similares a las del BM y el BID, pero ha sido soslayado el lastre social, económico, político y ambiental expresado en la violación sistemática a la Constitución y las leyes; la inseguridad jurídica, la restricción de libertades, la peste de la corrupción, la coexistencia de gobernantes-empresarios (corporativismo), el tráfico de personas, drogas y armas; la violencia e inestabilidad ciudadana, la ausencia de independencia de los poderes del Estado, la destrucción de reservas naturales e invasión de territorios indígenas, la ineficiencia en los sectores de educación, salud y vivienda, así como, la precariedad y altos costos de los servicios de energía, agua y salubridad; las exoneraciones ilegales, la evasión de impuestos, el incontenible tráfico de influencias, el clientelismo y el tráfico para obtener derechos y títulos de propiedad.
Pero, si las condiciones macroeconómicas de Nicaragua son tan halagüeñas, ¿cómo se explica la fase de enfermo terminal que presenta el INSS?
Debido a la incertidumbre del entorno externo, Nicaragua debe continuar fortaleciendo su marco de políticas para contrarrestar los riesgos y promover un crecimiento sostenido e inclusivo. Los mayores riesgos expresados por el FMI son: déficit del INSS, efectos de una menor cooperación de Venezuela en materia petrolera, y posibles cambios en las políticas comerciales y migratorias en Estados Unidos (Nica Act), con posibles efectos globales sobre exportaciones y remesas familiares, situaciones conocidas y debatidas en medios de comunicación, académicos, representantes del sector privado.
De los riesgos citados, solo el del INSS está bajo influencia directa del Gobierno de Nicaragua. El FMI considera que con las actuales políticas, este agotará sus reservas en efectivo en dos años. Para garantizar su sostenibilidad propuso siete recomendaciones, unas, letales para los trabajadores, y otras, para los empleadores: recorte y racionalización de gastos operativos y de salud; aumento en edad de jubilación; incremento del periodo de cotización mínimo; aumento de la cotización patronal y laboral; revisión del mecanismo de ajuste de las pensiones; reducir prestaciones otorgadas; y que el Gobierno asuma gastos de las pensiones reducidas y especiales.
La reputación de las recomendaciones del FMI en los países pobres son escalofriantes. Sus políticas en varias oportunidades han causado más estragos que beneficios, incluyendo: incremento de la pobreza e inequidad, enraizamiento de la corrupción, dependencia del poder financiero internacional, estructuras productivas diezmadas, y protestas violentas. Sus criterios para la aplicación de sus recetas económicas y de finanzas públicas son en cantidad de ocasiones ajenas a la realidad de los países, muchas veces en detrimento de los derechos humanos fundamentales, la justicia social, la dignidad y valor del ser humano, y el respeto de la igualdad de derechos de hombres y mujeres, particularmente en naciones pequeñas.
El autor es contador.