La semana entre el 22 y el 27 de mayo fue la más álgida en el debate provocado por la relación entre la dictadura, el empresariado y algunos medios de comunicación. Y fue evidente que los voceros empresariales perdieron el round, pues no lograron penetrar argumentos en su favor, en el referido debate; más aún, giraron tangencialmente para darle más importancia a la sostenida presencia del presidente designado, que a la actual tolerancia y relación entre la dictadura y los empresarios y sus nefastos efectos y consecuencias.
En los años ochenta el Cosep y la dictadura sostenían una lucha frontal, porque la dictadura estaba empeñada en imponer sus condiciones de economía mixta, proceso fracasado porque los hechos demostraron que el Gobierno es un pésimo administrador. Por ello, uno de los trabajos del gobierno de doña Violeta fue privatizar cientos de empresas que el Gobierno había destrozado.
Es evidente que la cúpula del Cosep —y separo Cosep de “empresarios” porque hay empresarios decentes— no ha podido despojarse del estigma que le causa su relación con la dictadura. El año pasado explotaron numerosas denuncias de corrupción; en una de ellas, estaba involucrado un delegado del Cosep, relacionado con la industria de la construcción en una Junta Directiva de una institución relacionada en la denuncia. El presidente del Cosep, nuevamente reelecto delegado de este en el Banco Central, declaró la formación de una “comisión encargada para investigar el asunto”; nunca hubo tal investigación y el presidente de Cosep quedó como mentiroso.
El Cosep, sus asesores y voceros no han podido asimilar que las denuncias de corrupción que lesionan a instituciones y a empresarios son en favor del empresariado. La corrupta visión empresarial del Cosep le indica que lo conveniente es el mantenimiento de este compromiso de silencio y tolerancia entre dictadura y Cosep. Ello impide que este se sume a las justas denuncias de corrupción.
En el seno del Cosep hay empresarios que toleran esta dictadura porque es una garantía de un clima mutuamente tolerante, tanto de dominio y control como de enriquecimiento compartido. O sea, una dictadura compartida. Siento que deberá existir una subyacente competencia entre empresarios orteguistas y empresarios de Cosep y un silencio cómplice cuando en el campo de los negocios privan beneficios conexos como la ausencia de licitaciones en los proyectos de energía, recientemente denunciados.
Cosep siempre ha disimulado intervenir en el problema de la pérdida de las instituciones del Estado. Pareciera que Cosep nunca ha sopesado que el aniquilamiento de la institucionalidad es un perjuicio contra el empresariado, porque en una nación donde persisten lesiones contra el Estado de derecho, ello determina que se urdan y permitan arbitrariedades y abusos en contra de ciudadanos, ciudadanas, empresarios medianos y pequeños, por supuesto, nunca cometidos contra el “gran capital”.
La dictadura nunca va a exponer el poder. Tiene la experiencia magra de febrero de 1990. Un nuevo Gobierno no orteguista develaría la desconocida cantidad de abusos, la quinta gran piñata de nuestra historia. Primera, Adolfo Díaz en 1912; segunda: Somoza García, efecto de la II Guerra Mundial; tercera —la peor—, la de 1979, legalizada hasta las 12:00 de la noche del 24 de abril de 1990; cuarta; la de 1990 hasta 1997; quinta: la actual, desde 2007 a la fecha.
Tanto necesita el pueblo un nuevo Gobierno, una nueva forma de hacer política. La misión está ahí; solo hay que sumarse a la ola de los cambios, apoyar movimientos de acción y reflexión, respaldada por la emergente y decente juventud. Es asunto de conciencia versus corrupción.
El autor es abogado y notario.
