La alianza opositora Frente Amplio por la Democracia (FAD) presentó en conferencia de prensa un trabajo de “Monitoreo del proceso electoral municipal 2017”.
Se trata, según se explica en el encabezado del documento entregado a los medios de comunicación, de una “evaluación de correcciones de prácticas, procedimientos e infracciones a la Ley identificadas como parte de los mecanismos de fraude y negación del derecho a decidir desde el 2006 a la fecha.”
Vale la pena comentar ese documento del FAD, en el cual se hace una radiografía del sistema electoral orteguista y se puntualizan 52 anomalías legales y técnicas que impiden que en Nicaragua pueda haber elecciones confiables. Todas las fallas del sistema electoral señaladas, son importantes, pero fácilmente subsanables mediante algunas reformas legales y técnicas. Sin embargo esto solo sería posible si Daniel Ortega tuviese voluntad para abrirse a un cambio político, tal como se ha abierto en el ámbito de la economía con visible éxito y ganándose el aplauso del empresariado nicaragüense e internacional.
Lamentablemente Ortega no está dispuesto a hacer ninguna concesión electoral —ni política en general— que aunque solo fuese de manera hipotética pudiera poner en riesgo su permanencia en el poder, como lo arriesgó —y perdió— en las elecciones del 25 de febrero de 1990.
La verdad es que si Ortega se entiende muy bien con la cúpula empresarial y toma medidas para mantener la estabilidad macroeconómica y garantizar un buen clima de negocios en el país, es porque de esa manera fortalece su poder autoritario. Pero además porque él mismo y sus allegados son también ricos empresarios, que formaron sus capitales mediante las piñatas sandinistas de los años noventa y después los han incrementado al amparo del poder gubernamental y estatal.
De todas maneras, la radiografía de las condiciones electorales que ha preparado y presentado públicamente el FAD, es de utilidad tanto para periodistas como para analistas políticos, cuerpo diplomático e inclusive para la secretaría general de la OEA, que hace esfuerzos por arrancarle al régimen orteguista algún mejoramiento aunque sea mínimo del sistema electoral.
El diagnóstico electoral del FAD también puede ser útil para los partidos opositores que —a pesar de las condiciones legales y políticas adversas para ellos— han decidido involucrarse en las elecciones municipales que se van a celebrar el 6 de noviembre próximo.
En este caso nuestra opinión es que están en su derecho los partidos reconocidos legalmente que decidieron participar en los comicios municipales. Pero también tienen sus razones los partidos que carecen de personería jurídica porque el régimen se las ha negado o arrebatado, y por tanto sostienen que no vale la pena votar en unos comicios en los que no habrá garantías de respeto al voto de los ciudadanos; y ni siquiera se les permite participar a ellos con sus marcas partidistas y sus propios candidatos.
Cada quien tiene libertad y derecho de decidir si participa y llama a votar o no, según sus apreciaciones y estrategias políticas. Esta es una libertad y un derecho que la dictadura orteguista no puede prohibir y entre las filas de la oposición democrática se debe respetar.