Nicaragua es uno de los dos países en América Latina y uno de los 14 en el mundo donde en los últimos tres años ha habido un “rápido” deterioro en los derechos personales, especialmente en la reducción de la participación política libre y las libertades de expresión y reunión.
Este es uno de los hallazgos que recoge el Índice de Progreso Social 2017, en el que Nicaragua si bien mejoró su puntuación, principalmente en lo relacionado con bienestar de la gente y satisfacción de necesidades básicas retrocedió tres escaños respecto a los resultados de 2016.
En el índice global de este año Nicaragua se situó en el puesto 81 de 128 países, según el índice publicado la semana pasada por la organización estadounidense Social Progress Imperative.
El índice, concebido por catedráticos de la Escuela de Negocios de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, evalúa tres áreas: necesidades básicas, bienestar y oportunidades. En este último se analiza la situación de los derechos personales y libertad de expresión en cada país.
Lea además: Oscuro panorama del país sobre libertad de expresión
Y si bien alrededor del mundo 46 países han retrocedido en materia de derechos personales, el índice hace mención especial de los 14 países con deterioros acelerados, entre los que menciona a Nicaragua en el grupo de países con reducciones de más de cinco puntos en sus evaluaciones en esta materia desde 2014. En este grupo el país se codea con economías como Angola, Azerbaiyán, El Salvador, Rusia y Yemen.
De una escala de cien puntos, Nicaragua este año obtuvo 40.73 en derechos personales, siendo aplazada principalmente en derechos políticos, libertad de reunión, derecho a la propiedad privada y libertad de expresión.
“El surgimiento de regímenes autoritarios que son más agresivos en la restricción de las libertades y las crecientes facciones populistas y nacionalistas que están ganando fuerza y amenazando las libertades y derechos básicos en países democráticos, son una tendencia inquietante”, alerta la organización en su reporte mundial.
También: Libertad de expresión se deteriora en Nicaragua, según la SIP
Uriel Pineda, experto en temas de derechos humanos y Martha Patricia Molina, jurista y experta en temas de gobernabilidad, analizan las causas del informe que deja mal visto al gobierno del presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega.
“Esto invalida la creencia popular de que estamos dispuestos a sacrificar libertades públicas por un crecimiento económico o desarrollo, porque el desempeño es mediocre y las libertades públicas restringidas. Lo que debemos concluir es que en todo caso, lo que hay es un secuestro del ejercicio del poder y no una legitimidad del mismo por el resultado de su gestión, a pesar de las restricciones a las libertades públicas”, critica Pineda.
Según el experto, la manera más confiable que un Gobierno puede medir el cumplimiento de los derechos humanos es someterse al escrutinio de instancias internacionales especializadas y acatar sus recomendaciones y resoluciones.
Puede interesarte: Denuncian restricciones a la libre expresión en Nicaragua
“La violación a derechos humanos que hay en Nicaragua es principalmente una política de Estado orientada a garantizar la permanencia de Ortega en el poder. Tus derechos humanos en general serán válidos en la medida que no entren en contradicción con ese objetivo fundamental”, asegura.
Pineda también lamenta que en Nicaragua no haya una conciencia del significado de estas violaciones que expone el Índice de Progreso Social 2017.
“La libertad es para el que piensa diferente, cuando la gente legitima que sí restringen tu libertad por estar del otro lado de la acera, es equivalente a legitimar que quien tiene el poder tiene la libertad de actuar como quiera y eso a la larga es peligroso”, advierte Pineda.
A juicio de Martha Patricia Molina, los resultados que arroja el Índice de Progreso Social 2017 son producto de la carencia institucional en que ha estado sometida Nicaragua. “Considero que es evidente la vulneración en materia de derechos humanos presentes en el país. Este fenómeno se presenta cuando un país carece de institucionalidad. Existe institucionalidad cuando se respetan las leyes y los funcionarios no vulneran derechos a los ciudadanos”, resalta Molina.
Según Molina, la mayoría de los ciudadanos no tienen conciencia de sus derechos, pero además señala que Nicaragua es una sociedad con miedo al sistema gobernante. “Lo único que tiene esta sociedad es miedo.
¿Qué se debe hacer? Educar a la población en materia de derechos humanos y los medios de comunicación, que ya son pocos los imparciales en el país, tienen que informar las vulneraciones de derechos con un carácter pedagógico”, sugiere.