Comunidades excluidas por reclamar proyecto canalero

“Aquí nosotros vivimos a la buena de Dios”, asegura el campesino Julián González, quien habita hacinado en las periferias de la comunidad El Tule, en San Miguelito, Río San Juan, junto con sus hijos, nietos y su mujer.

Julián González tiene 11 hijos y 6 nietos. Está sin trabajo y en la comunidad donde habita, en la periferia de El Tule, no existen agua potable ni energía eléctrica. LAPRENSA/MANUEL ESQUIVEL

“Aquí nosotros vivimos a la buena de Dios”, asegura el campesino Julián González, quien habita hacinado en las periferias de la comunidad El Tule, en San Miguelito, Río San Juan, junto con sus hijos, nietos y su mujer.

González está sin trabajo y su mujer se gana 600 córdobas al mes por lavar. En ese hogar —como en otros que tiene de vecinos— no hay agua potable, tampoco energía eléctrica.

“Por lo menos ahorita no hay ingresos, porque esto está quebrado. Por lo menos si aquí hubiese una empresa que nos diera trabajo, podríamos sobrevivir”, asegura.

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Este campesino, quien tiene 11 hijos y seis nietos, reveló a LA PRENSA que a veces en el día se sustentan con un tiempo de comida porque la falta de empleo no les garantiza tener tres tiempos de alimentación.

En El Tule, una de las zonas anunciadas por el gobierno en donde pasaría la obra canalera, los campesinos han opuesto resistencia al megaproyecto. Ante ese rechazo, la comunidad no está incluida en la agenda de desarrollo municipal.

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“El Tule es una comunidad en total abandono gubernamental. No existen proyectos para nosotros y la razón es porque nos oponemos a la obra del canal y a la Ley 840”, expresa Lésner Fonseca, coordinador del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, en El Tule.

Fonseca asegura que la trocha de unos 23 kilómetros que existe entre El Tule y las comunidades de El Dorado 2 y Dorado 3, fue costeada por los propios campesinos.

“Nosotros los campesinos pagamos esta trocha, contratando maquinarias; igual pasó con el proyecto del agua de consumir de El Dorado 3, los campesinos la pagaron y la Alcaldía de San Miguelito, a regañadientes, dio una colaboración”, asegura el líder campesino.

Sin agua ni luz

No obstante, en otras comunidades campesinas como Robles, El Dorado 2, Quebrada Seca, El Tulito, Aguas Calientes, Fajardo 1, 2, 3, 4 y 5; Santa Elena 1 y 2, Rampla, El Espejo y Naranjo 1 y 2, Santa Rosa, entre otras, no cuentan con servicios de agua ni energía eléctrica.

“Esto es un abandono gubernamental total. Pero pese a la exclusión, no dejaremos la lucha por la derogación de la Ley 840”, advierte Fonseca.

LA PRENSA visitó la Alcaldía de San Miguelito para consultar a Ana Clemencia Ávalos —alcaldesa del partido gobernante— los motivos de la exclusión a los campesinos en El Tule, pero esta no quiso atender al equipo.

Afectados por desempleo

El desempleo y el abandono gubernamental también son una pesadilla para los habitantes de San Miguelito, quienes tradicionalmente han vivido de la pesca.

Francisco Duarte, exalcalde del municipio, comenta que no hay empleo y que hasta la pesca es casi inexistente. “Ya la pesca es mínima, la hemos explotado sin control”, comenta el exalcalde.

“Aquí no hay iniciativas de desarrollo, tampoco fuentes económicas, para mí el gobierno debería invertir en recursos como el lago, la ganadería y la agricultura, que son los rubros fuertes de la zona”, sugiere.

Pablo Orozco y José Robles, originarios del municipio y dedicados a la pesca, también lamentan el desempleo y la falta de opciones laborales.  “Yo tengo una deuda con el banco de 127 mil pesos y el trabajo de la pesca está muy malo, pero aquí no existen fuentes de empleo”, se lamentó Robles.